El Consejo Europeo aprobará en su reunión del 17-18 de octubre el plan de interconectividad Europa-Asia preparado por la Comisión durante los últimos meses y anunciado hace unas semanas por la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. Los líderes de la Unión Europea podrán además compartirlo con sus homólogos asiáticos en la cumbre Europa-Asia (ASEM) que se celebrará en Bruselas un día más tarde. Se trata de la esperada respuesta europea a la iniciativa de la Ruta de la Seda china, aunque ésta no aparece nombrada ni una sola vez en el documento. La UE cuenta así con una estrategia euroasiática, pero con distintas expectativas sobre su sentido y alcance.
La relevancia de la propuesta es innegable. El comercio Europa-Asia ha alcanzado los 1,8 billones de dólares, y ambas regiones suman más del 60 por cien del PIB global. Es lógico por tanto que Bruselas se plantee maximizar las oportunidades que ofrece este continente en crecimiento mediante una iniciativa dirigida a promover la construcción de redes de transporte, energía y telecomunicaciones, así como un reforzamiento de los contactos entre sociedades. A través de su estrategia, la Unión aspira a promover una serie de reglas que faciliten la cooperación pero garanticen al mismo tiempo el respeto de las normas de la libre competencia. La UE quiere asimismo que las inversiones que se acometan resulten sostenibles, tanto desde el punto de vista fiscal como medioambiental y social.
El gobierno chino ha dado la bienvenida al plan europeo, sugiriendo que se integre en su propia Ruta de la Seda. Pekín se beneficiaría de la financiación adicional que puede ofrecerle la Unión, y existen proyectos en su iniciativa que ya están de hecho cofinanciados por el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Existe, no obstante, cierta desconfianza europea hacia China, derivada del creciente desequilibrio comercial entre ambas partes y del rápido aumento de las inversiones de la República Popular en el Viejo Continente desde la crisis financiera global; inversiones centradas en buena parte en sectores estratégicos y de alta tecnología. Agrava la alarma europea el hecho de que, detrás de ese desembarco inversor, está un Estado autoritario e intervencionista, no las fuerzas del mercado. La Ruta de la Seda se interpreta por ello como un instrumento a través del cual Pekín pretende corregir el exceso de capacidad productiva de su economía, ampliar sus mercados y cambiar las reglas del juego del comercio y las inversiones globales. De ahí las exigencias normativas de la estrategia de interconectividad europea.
A Pekín puede disgustarle la pretensión de la UE de condicionar sus movimientos tratando de imponer unas reglas contrarias a la discrecionalidad que ella prefiere. Pero más grave resulta la ausencia de un firme consenso europeo. Es sabido cómo Hungría, Grecia y ocasionalmente otros Estados miembros, bloquean con frecuencia las posiciones comunitarias con respecto a China. Ha sido ahora un país fundador, Italia, quien parece apostar por su propia relación bilateral con la República Popular.
Abandonando la política de la administración anterior, el actual gobierno de coalición se ha acercado a Pekín, en efecto, en el marco de su declarada hostilidad hacia el proyecto europeo. Confía en que las inversiones chinas le ayuden a superar sus desequilibrios macroeconómicos. Y, al firmar un próximo memorándum sobre la extensión de la Ruta de la Seda a Italia, Roma aspira a convertirse—incluso—en el principal socio de China en la UE. Es el mismo papel que David Cameron quiso construir para Reino Unido, con el resultado bien conocido. China busca socios a través de los cuales ampliar su influencia política, pero—al contrario que los populistas romanos—Pekín sí cree en la integración europea. Quizá Salvini y compañía no tarden mucho en descubrirlo.
