El golpe del 1 de febrero en Birmania, sólo horas antes de la prevista inauguración del Parlamento resultante de las elecciones del pasado noviembre, puso fin a un proceso de transición política que no ha superado su primera década. La pretensión de las fuerzas armadas de compartir el poder con un gobierno elegido en las urnas—y la disposición de este último a aceptarlo—difícilmente iba a resultar sostenible en el tiempo, como los hechos han confirmado. Con todo, más allá de las causas puntuales de la intervención directa del ejército, lo ocurrido no puede separarse del contexto de regresión democrática que atraviesa el sureste asiático, ni de los efectos del ascenso de China.
La mayor parte de los analistas coinciden en que los generales nunca esperaron que la Liga Nacional para la Democracia (NLD), el partido de Aung San Suu Kyi, pudiera obtener en las últimas elecciones una mayoría aún más rotunda que la lograda en 2015. Estar en el gobierno no sólo no le ha desgastado, sino que la NLD se hizo con 396 de los 476 escaños del Parlamento (el 83 por cien del total, por encima del 70 por cien de los comicios anteriores). El grupo apoyado por los militares sólo consiguió 33 diputados. A esta humillante derrota se sumaba el temor a que, con esa mayor representación, la Cámara se dispusiera a recortar los poderes de las fuerzas armadas. La perspectiva de una transición completa a la democracia era un escenario que nunca iban a permitir estas últimas.
La fragilidad del experimento birmano con la democracia no ha sido, sin embargo, una excepción. El golpe es, en efecto, un nuevo reflejo de la persistencia estructural del autoritarismo en la región. Pero como sus homólogos en Tailandia, por ejemplo, también los generales birmanos afrontan a partir de ahora el desafío de cómo redefinir su papel político. La promesa de convocar elecciones en un año es un recurso vacío frente a una sociedad que, al igual que la tailandesa, ha disfrutado pese a sus peores índices económicos de una libertad antes desconocida. Gracias en buena medida a la revolución digital y las redes sociales, los birmanos han adquirido una conciencia de sus derechos y una voluntad de participar en la vida pública que no va a desaparecer. El riesgo de una creciente inestabilidad—agravado por la extraordinaria polarización étnica y religiosa del país—es por tanto considerable.
El golpe, por otra parte, supone para el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la primera prueba a que se ve sometida su intención de defender los valores democráticos y contrarrestar el atractivo del modelo político chino entre los Estados de su vecindad. Una complicación para Biden es que fue una administración demócrata, la de Barack Obama, la que tuvo un papel no menor en el inicio de la transición birmana, que a su vez condujo al levantamiento por Washington de las sanciones anteriormente impuestas a las inversiones en el país. Restaurar las sanciones no resultará fácil cuando otros socios—como Japón, India o distintos países de la ASEAN—han sido tibios en la condena del golpe dados los intereses en juego. Entre ellos pocos son tan relevantes, también para Estados Unidos, como la variable china.
La República Popular es el segundo mayor inversor en Birmania después de Singapur, con unos 21.500 millones de dólares, y representa un tercio del total del comercio exterior del país (diez veces más que Estados Unidos). Hace justo un año que Xi Jinping realizó una visita oficial (la primera en dos décadas de un presidente chino), y apenas un mes de la efectuada por el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, quien calificó a ambas naciones como “hermanas” y elogió la “revitalización nacional” emprendida por las fuerzas armadas. La reacción de Washington al golpe queda así sujeta, más que a factores internos, a la reformulación de laa estrategia integral hacia Pekín que debe acometer.
