El Parlamento surcoreano destituyó el viernes 9 a la presidenta Park Geun-Hye por su presunta implicación en el escándalo de corrupción vinculado a su amiga Choi Soon-sil. Park ha quedado automáticamente suspendida en sus funciones, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida la legalidad de la moción de censura. Hasta entonces, en un proceso que puede tardar hasta seis meses, quedará al cargo el primer ministro, Hwang Kyo Ahn.
La crisis surcoreana se produce en un momento delicado en la región, en medio de las últimas tensiones entre China y Estados Unidos a propósito de Taiwan; el aumento de la incertidumbre sobre Corea del Norte y en el marco de un tenue pero creciente aumento del nacionalismo japonés, a caballo de los retos que plantea a Japón la disputa de las islas con China, el probable repliegue sobre sí mismo de Estados Unidos y la inestabilidad en Filipinas. A todo eso se suma el reacercamiento entre Rusia y China que aún no está claro a dónde va y qué recorrido tiene.
La moción de los principales tres partidos de la oposición, a la que se sumaron docenas de legisladores del propio partido de Park, el conservador Saenuri, logró 234 votos, 34 más de los 200 que necesitaba para sacar adelante la moción de censura. 56 diputados votaron en contra.
Políticamente existe un precedente en 2004, la Cámara legislativa ya aprobó una votación similar para llevar a cabo el enjuiciamiento político del entonces presidente, Roh Moo-hyun, por una presunta violación de la ley electoral, una moción que el Constitucional rechazó 63 días más tarde. Sin embargo, parece que esta vez hay muchas más posibilidades de que salga adelante, y varios ex magistrados ya han manifestado que el caso contra Park es sólido aunque complicado.
La destitución de la presidenta culmina un escándalo que ha dejado la popularidad de la presidenta en los niveles más bajos jamás registrados en Corea del Sur, en torno al 5%. Durante los últimos dos meses cada fin de semana los ciudadanos se han lanzado a las calles en manifestaciones masivas para exigir la marcha de la jefa de Estado. El pasado sábado en Seúl, según los organizadores, participaron en la concentración 1,7 millones de personas, que llegaron hasta pocos metros de la Casa Azul, la residencia presidencial.
En el eje de la polémica se encuentra Choi, amiga íntima de Park y acusada de haber utilizado sus lazos con la presidenta para obtener tratos de favor en diversas instituciones y, sobre todo, “donaciones” millonarias de algunas de los principales conglomerados del país. Aunque ese dinero tenía en teoría como destino una fundación sin ánimo de lucro que ella dirigía, Choi está acusada de haberse embolsado una parte.
A medida que se desvelaba el caso se ha ido sabiendo que Choi, que nunca ha ocupado ningún cargo público, tuvo acceso a documentos clasificados y participó en la redacción de discursos oficiales de la presidenta. Choi, a la que se ha apodado como “Rasputina”, es hija del predicador Choi Tae-min, que desde los años 70 y hasta su muerte ejerció una influencia sobre la joven Park de naturaleza poco clara. Un cable de la Embajada estadounidense de 2007 filtrado por Wikileaks indicaba que “abundan los rumores de que el fallecido predicador tuvo un control completo sobre el cuerpo y el alma de Park durante los años de formación de ésta y que sus hijos acumularon, como resultado, una enorme riqueza”.
Park, hija del que fuera presidente surcoreano Park Chung-hee, ha dejado claro que agotará todas las vías posibles para mantenerse en el cargo. Desde el comienzo del escándalo ha pedido disculpas televisadas a la nación en tres ocasiones, sin conseguir acallarlo. La semana pasada puso su cargo a disposición del Parlamento, en un intento de bloquear los movimientos hacia la moción de censura. Solo consiguió ganar una semana. La votación, que los partidos de la oposición querían haber celebrado el viernes anterior, quedó fijada definitivamente para hoy.
El mandato de Park expiraba a finales de 2017. Si el Tribunal Supremo ratifica su destitución, se convocarán elecciones anticipadas, que deberán celebrarse en un plazo de 60 días a partir de entonces.
