Los países en desarrollo están aprendiendo por las malas que «Hecho en China» no vale la pena.
Durante un período breve de mi infancia, mi madre trabajó en una fábrica de sillas plegables en la Ciudad de Hialeah en Florida. No fue un trabajo glamuroso, pero puso comida en nuestra mesa y ella creó un producto de calidad en el proceso. Uno podría apostar que esas sillas duraban por hay varios años. Hoy, en cambio, prácticamente todo lo que lleva la etiqueta “Hecho en China”–aunque puede ser barato—ciertamente no es duradero.
Obtienes lo que pagas, como decían mis padres. Y en el caso de muchos productos fabricados en China, lo que está pagando uno es algo de mala calidad. Eso ya es bastante malo cuando se habla de electrodomésticos y muebles. Pero, ¿qué sucede cuando el producto del que hablamos es un colegio, un edificio de apartamentos o una represa hidroeléctrica? Esa es una pregunta que los cientos de socios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) de China se ven obligados a tener en cuenta.
Cuando el secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh, por sus siglas en inglés), Xi Jinping, anunció la iniciativa BRI en el 2013, lo vendió como un camino hacia la prosperidad para los países en desarrollo. Pekín prestaría miles de millones de dólares para proyectos de infraestructura internacional, creando una red que impulsaría a las economías en desarrollo con la creciente ola de China. El discurso de Xi llamó la atención de decenas de gobiernos, los cuales comenzaron a hacer fila. Desde entonces, Pekín ha entregado mil millones de dólares para proyectos en todo el mundo.
Parecía demasiado bueno para ser verdad, y lo era. Los socios de la BRI ahora se están dando cuenta que sus proyectos no son funcionales. Pakistán tiene que apagar una planta hidroeléctrica construida en China después de sólo cuatro años de operación por culpa de grietas en la estructura. Ecuador está considerando hacer lo mismo con la represa Coca Codo Sinclair, la cual tiene miles de grietas y puede estar causando la destrucción de comunidades aledañas a la hidroeléctrica por la erosión del Río Coca. Los apartamentos construidos por China en Angola se están despedazando y llenándose de moho. Y los funcionarios en Uganda han descubierto más de 500 defectos en un gran proyecto de energía BRI.
Estas fallas en la construcción les costará miles de millones de dólares adicionales a los países que se asociaron con el PCCh. La represa Coca Codo Sinclair, por ejemplo, es la obra de infraestructura más grande en la historia de Ecuador y suministra un tercio de la electricidad del país. Desmantelarlo será extremadamente complejo. Además, esa debacle ha infligido un costo humano imposible de calcular. Personas como Adriana Carranza, una madre trabajadora que vivía cerca de la represa, lo ‘perdieron todo’ cuando la erosión del río los obligó a abandonar sus hogares.
Aunque algunos pueden quedar un poco contentos con atribuir esos fracasos a errores honestos, países como Laos, Sri Lanka y Pakistán entienden que la BRI no tiene nada que ver con obras de caridad. A diferencia de los esfuerzos financieros internacionales de EE.UU., que se presentan en forma de inversiones y subvenciones, los proyectos la BRI están impulsados por préstamos de bancos controlados por el gobierno chino. Tan pronto como los países con una economía frágil descubrieron que no podían pagar sus deudas, Pekín comenzó extorsionando concesiones para ampliar su influencia tanto política como militar. En el caso de Laos, por ejemplo, una empresa china exigió el control de la red eléctrica nacional por 25 años a cambio de la condonación de la deuda. (El PCCh también ha ejercido influencia para establecer una Base de la Fuerza de Policía Armada Popular dentro de Tayikistán, traicionando serios designios sobre la soberanía de sus vecinos).
Mientras tanto, las empresas chinas contratadas para llevar a cabo proyectos internacionales, muchas de ellas empresas estatales, se han visto envueltas en cientos de violaciones de DD.HH. desde el establecimiento de la BRI. Las autoridades de Perú y Zambia han acusado a los mineros chinos de detener arbitrariamente y golpear a ciudadanos nativos e incluso de abrir fuego contra los trabajadores que protestaban. Uganda y Pakistán están experimentando mayores riesgos para la salud relacionados con la contaminación por culpa de los productores de energía chinos. En el 2016, Amnistía Internacional encontró que la empresa china Huayou Cobalt había esclavizado a 40,000 niños africanos para buscar minerales valiosos en el Congo. La lista continúa.
En el 2019, yo advertí que los países en desarrollo no se deben dejar engañar por las promesas de crecimiento económico y de supuesta prosperidad de Xi y fue enfático en que el verdadero objetivo de las BRI es “socavar la competencia extranjera al robar la propiedad intelectual y los secretos comerciales…a expensas de los ‘socios’ comerciales de China”. Hoy en día, agregaría que la BRI también es un boleto sin retorno a las centrales eléctricas rotas y al colapso de la infraestructura. Eso es a lo que se someten países como Colombia cuando se vinculan a Pekín para grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo como el metro de Bogotá.
No es demasiado tarde para aprender la lección que los proyectos «Hecho en China» son en el mejor de los casos una fuente de dinero para Pekín y en el peor de los casos una seria amenaza de seguridad. Es por eso que me comprometo a garantizar que las agencias financieras de EE.UU. ofrezcan a los países en desarrollo alternativas significativas a la BRI en forma de soluciones asequibles y duraderas a los problemas de infraestructura, en vez de imponer objetivos climáticos poco realistas como la Administración Biden quiere que hagan. No hay excusa para seguir pagando a un régimen genocida y totalitario por infraestructura inútil.
Marco Rubio es Senador por Florida en el Congreso de Estados Unidos.
