Los aliados asiáticos de Estados Unidos han dejado de confiar en el papel de Washington como garante de la estabilidad regional. A lo largo del último año han podido observar cómo, al igual que Rusia y China, Estados Unidos se ha convertido en una potencia revisionista, sin que nada asegure que el comportamiento disruptivo de la administración Trump sea un fenómeno temporal.
La doctrina “Donroe” y la intervención en Venezuela para detener al expresidente Maduro hicieron evidente lo que la Casa Blanca piensa de los principios más básicos de la convivencia internacional. Las amenazas de anexión de Groenlandia fueron poco después un golpe sin precedente para los aliados europeos, pero también para los socios asiáticos de Washington. Estados Unidos ha ido, pues, más allá de las declaraciones retóricas para desmantelar de manera proactiva el orden creado tras la segunda guerra mundial. Si la Estrategia de Seguridad Nacional anunció formalmente en diciembre la reorientación de la diplomacia norteamericana, la Estrategia de Defensa Nacional, publicada el 23 de enero, representa el mayor cambio en las prioridades de la política de defensa del país desde 1945.
Según se afirma en el documento, la seguridad nacional es el imperativo absoluto, lo que debe traducirse en la dominación del hemisferio occidental. Otros espacios geográficos pasan a tener una relevancia secundaria. La lógica subyacente ignora, por tanto, la realidad del desafío que representa China para el estatus global de Estados Unidos. Por las mismas razones, se trata de un giro que no sólo rompe con la expectativa de que la reducción de sus compromisos en Europa se traduciría en un fortalecimiento de la estrategia hacia Asia, sino que supone el abandono de la posición sobre el Indo-Pacífico mantenida por sucesivas administraciones desde 2011 (incluyendo el primer mandato de Trump).
Es cierto que China aparece como la segunda prioridad de las enumeradas en el texto, pero en unos términos muy diferentes de los empleados con anterioridad. El Pentágono ha abandonado la descripción de la República Popular como la principal amenaza que afronta Washington, para declarar como objetivo la “estabilidad estratégica” con Pekín que permita lograr “una paz decente” en la región. Taiwán ni siquiera es mencionado en el documento, aunque sí se incluye una ambigua referencia a la “primera cadena de islas” (la que va de Japón a Filipinas). La administración, se indica, disuadirá a China “mediante la fuerza, no la confrontación”. El aumento de capacidades chinas, su control de minerales críticos y la rápida modernización de sus fuerzas armadas, pueden explicar un cambio de posición que, sin duda, también se debe a las esperanzas del presidente Trump de conseguir ventajas económicas cuando se reúna en abril con su homólogo chino, Xi Jinping.
Lo que no puede esperar Trump es la tranquilidad de sus aliados. Además del cambio de actitud con respecto a Pekín, el documento les reclama “una mayor parte de la carga”. Con tal fin se espera que aumenten sus gastos en defensa y asuman mayores responsabilidades en la seguridad regional. Aunque se señala que esos esfuerzos serán parte de una estrecha colaboración con Estados Unidos, no hay referencia alguna a los mecanismos a través de los cuales se articularía dicha coordinación. La ausencia de toda mención al QUAD, por ejemplo, es otra llamativa omisión.
Por concluir, la Estrategia de Defensa Nacional no ha hecho sino agravar las dudas en la región sobre si y cómo respondería Washington en el caso de surgir una contingencia. Si los aliados dudan de la voluntad norteamericana de apoyarles, la Casa Blanca habrá facilitado un vacío de poder que pronto quedaría cubierto por China. Las circunstancias les obliga en consecuencia a repensar las bases de su planificación estratégica y promover la independencia y los pactos con Estados vecinos que garanticen su respectiva seguridad en un mundo multipolar.
