Se cumplen veinte años esta semana del estallido, en Tailandia, de la crisis financiera que muchos en Occidente interpretaron en su día como el fin del excepcionalismo económico asiático. El hundimiento del baht tailandés, y el rápido contagio a otros países del sureste asiático y, unos meses más tarde, a Corea del Sur, era consecuencia—se pensaba—de la insostenibilidad a largo plazo de una fórmula de crecimiento no apoyada en los principios de la economía de mercado.
Pero esta primera gran crisis de la globalización fue en realidad una crisis del sector financiero privado: dada la solidez de sus fundamentos macroeconómicos, en apenas dos años los países afectados por aquel estallido recuperaron su alto ritmo de crecimiento, confirmando el desplazamiento del centro de gravedad económico del planeta hacia Asia. Los occidentales se verían atrapados, década y media después, en su propia crisis—también con origen en el mundo financiero—mientras la globalización avanzaba con una cara cada vez más asiática tras la integración en la economía mundial de China primero, e India después.
La rápida superación de la crisis financiera aparcó, sin embargo, la resolución de problemas estructurales que hoy definen la agenda económica y política nacional. A pesar de décadas de crecimiento sostenido, la mayor parte de los países asiáticos se encuentran ante la “trampa de los ingresos medios”, es decir, incapaces de dar el salto hacia una alta renta per cápita a medida que desaparecen las ventajas competitivas de una población activa de bajos salarios en un contexto de nuevas presiones demográficas. Es un problema compartido por las economías del sureste asiático, pero también la más urgente prioridad del gobierno chino.
Aunque pueden identificarse distintas variables económicas que explican esas dificultades, en último término se trata de una cuestión política. La crisis de 1997-98 acabó con la idea de que los gobiernos autoritarios asiáticos habían encontrado un modelo eficiente, y alternativa tanto del capitalismo occidental como del socialismo de corte soviético. Indonesia comenzó su transición hacia la democracia, y Tailandia se dotó de una nueva constitución que—se esperaba—, dejara atrás su inestable historia política. Dos décadas más tarde, ya no se trata de industrializar sociedades agrícolas; el desafío consiste en aumentar la productividad y encontrar un nuevo motor de crecimiento en la innovación y la alta tecnología. Pero ello no será posible sin la necesaria modernización política e institucional: una economía madura y avanzada está reñida con la arbitrariedad, la falta de libertades o la ausencia de un poder judicial independiente.
No puede decirse que las perspectivas sean muy halagüeñas. Mientras se cumplen dos años del último golpe de Estado en Tailandia sin que se haya anunciado una fecha de convocatoria de las elecciones prometidas por los militares, los islamistas sentencian por blasfemia al exgobernador cristiano de Jakarta, Ahok. Mientras en Malasia se persigue a la oposición y se reclama—sin éxito—la dimisión del primer ministro, Najib Razak, envuelto en un caso de corrupción sin precedentes, el presidente filipino, Rodrigo Duterte, declara la ley marcial en Mindanao y continúa con su campaña extrajudicial contra los consumidores y traficantes de drogas. Es un fenómeno regional, esta regresión de la democracia que coincide tristemente con la conmemoración, en agosto, del 50 aniversario de creación de la ASEAN. Aunque la agenda internacional ya está repleta de asuntos que atender, luchar contra el resurgir del autoritarismo en el sureste asiático no debería ser una prioridad menor.
