El 30 de junio a las 23:00 horas entraba en vigor la “Ley de seguridad nacional” aprobada por el órgano legislativo chino, coincidiendo prácticamente con el vigésimo tercero aniversario del retorno de Hong Kong a China de manos de los británicos -el 1 de junio 1997-. El acuerdo contemplaba que Hong Kong sería una provincia semi autónoma por un periodo de 50 años, tiempo que no está siendo respetando por Beijing, y basado en el principio de un país y dos sistemas.
Los hongkoneses, y de manera especial los que han trabajado políticamente por la identidad de la isla, temían una acción como esta hace años, por lo que han venido alertando al mundo de ese riesgo. Las masivas protestas que comenzaron en junio del 2019 tenían como objetivo rechazar contundentemente la ley de extradición que Beijing intentó aplicar y que se concibió para servir al Partido Comunista chino y sus tribunales.
El contraataque chino ahora es más fuerte y directo, pues la Ley de Seguridad Nacional socava las libertades civiles y políticas fundamentales en Hong Kong, y le otorga al Partido Comunista el control sobre el territorio y sus ciudadanos, así como sobre los extranjeros que habiten o estén de paso por la isla.
Una de las primeras acciones que se han tomado en Hong Kong es la revisión de libros que contienen las bibliotecas para determinar si el contenido está en contra de lo que la ley en cuestión permite o penaliza. Así lo confirmaba el departamento de ocio y servicios culturales que gestiona las bibliotecas públicas de la ciudad, que aseguró que estaban examinando algunos libros -sin nombrar cuales.
Mientras tanto, el Congreso de los Estados Unidos daba a conocer un nuevo proyecto de ley que buscar otorgar estatus de refugiados a los hongkoneses que puedan enfrentar amenazas y posibles persecuciones de parte de las autoridades chinas.
La nueva ley, introducida a tan sólo horas de que se conociera el contenido del texto de la Ley de Seguridad Nacional, solicita al Departamento de Estado que conceda permiso de residencia en los Estados Unidos, bajo el estatus de refugiado a aquellos residentes en Hong Kong en potencial riesgo. Los ciudadanos que podrán beneficiarse de dicho beneficio serán aquellos que han participado y/o organizado protestas antigubernamentales, o han ocupado roles de liderazgo, o que han sido agredidos en movilizaciones, fundamentalmente.
En tal sentido el senador republicano Marco Rubio afirmaba “Estados Unidos debe ayudar a los hongkoneses a preservar su sociedad y brindar refugio a aquellos que enfrentan persecuciones por ejercer los derechos que estaban garantizados en la declaración conjunta sino-británica”. Y el senador demócrata Bob Meléndez afirmaba por su parte que, “la introducción de la ley reafirma al Partido Comunista de China que nosotros -Estados Unidos- estamos del lado de Hong Kong y de sus residentes.
El PC chino lleva ya 70 años en el poder y a pesar del tiempo sigue insistiendo en completar su proyecto, que en el caso de Hong Kong radica en la recuperar del territorio, pero que en otras provincias consiste en la erradicación de minorías étnicas, eliminación de creencias religiosas, supresión o exterminio de identidades culturales o todo aquello que no esté en consonancia con el partido.
Hoy la victima de Beijing es Hong Kong y su pueblo, pero también lo será su atractivo internacional, ese centro financiero y puerto comercial que ha sido el enlace entre Asia y occidente. Lo que llevó a Hong Kong a evolucionar fueron los principios democráticos y el estatus de libre mercado, su estado de derecho, la supervisión regulatoria e impuestos bajos, junto con la libertad de expresión. Esa misma libertad de expresión que declaró temer a la retórica neomaoísta y que hoy es silenciada abiertamente frente al mundo, solo por ofrecer un modelo alternativo al del Partido Comunista chino.
