Sólo días después de confirmarse su tercer mandato como secretario general del Partido Comunista Chino, Xi recibe esta semana en Pekín al canciller alemán, Olaf Scholz. Se trata de la primera visita de un líder del G7 a la República Popular desde el comienzo de la pandemia, y se produce en un momento de grave deterioro de las relaciones entre China y Occidente. Es un viaje polémico, que cuenta con la oposición de miembros de su propio gobierno, así como con el desconcierto de la Unión Europea cuando trata de actualizar su estrategia hacia el gigante asiático.
La propia posición de Scholz resulta confusa. Quiere mantener la misma política de su antecesora, Angela Markel, a favor de una relación económica más estrecha con Pekín, pero adoptando al mismo tiempo una posición más crítica por el apoyo chino a Rusia en la guerra de Ucrania y por la situación de los derechos humanos en el país. Dice estar en contra de los esfuerzos norteamericanos dirigidos a reducir los vínculos comerciales con China, pero advierte al mismo tiempo a las empresas alemanas que deberían evitar su dependencia de las cadenas de valor de un solo país.
Pese a reconocer Berlín el error de la política mantenida hacia Rusia durante más de cuarenta años, parece como si no quisiera aplicar sus lecciones a China. El reciente visto bueno por parte de Sholtz a la compra por la china COSCO del 25 por cien de una terminal en el puerto de Hamburgo, el más importante de Alemania y el tercero de Europa, ha causado sorpresa. Es sabido que la decisión del canciller no contaba con el acuerdo de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía—ambos en manos de los Verdes—, ni tampoco respetaba las recomendaciones de la inteligencia nacional. La administración alemana se encuentra, además, dando forma final a una nueva estrategia de seguridad nacional, cuyo anuncio está previsto para comienzos de año, y en la que las relaciones con Pekín serán objeto de especial atención.
La visita de Sholtz a un Xi que, además de imponer a China una dirección cada vez más autoritaria, describe a las potencias occidentales como rivales, ha sido acogida con una nada disimulada reserva por parte de Washington. Pero también por Bruselas. En el último Consejo Europeo (20-21 octubre), los líderes de la Unión mantuvieron una discusión estratégica sobre China con el fin de renovar su posición. Aunque no hay un consenso al respecto, la triple definición de la República Popular hecha por los 27 en 2019—socio comercial con el que se coopera sobre asuntos globales, competidor económico y tecnológico, y rival sistémico—no parece ajustada después de la guerra de Ucrania: la balanza se inclina más hacia la competición y la rivalidad que hacia la cooperación. Los Estados bálticos defienden una actitud más beligerante, mientras que otros—como Hungría—quieren ante todo seguir beneficiándose de las inversiones chinas. Francia trata de navegar entre los dos extremos. Berlín dice querer compatibilizar ambas cosas, pero la realidad es que siguen primando los intereses económicos, quizá por la comprensible presión de sus empresarios: en veinte años, las ventas a China han pasado del uno por cien de las exportaciones alemanas a cerca del ocho por cien. Para fabricantes de automóviles como Volkswagen o BMW, el mercado chino representa la mitad de su facturación.
El problema es que, al jugar al solitario con Pekín, Berlín impide la adopción de una política europea como bloque. Desde Bruselas—que también se manifestó en contra de la venta de la terminal del puerto de Hamburgo—no se entiende una posición que no sólo no corregirá sino que incrementará por el contrario la dependencia alemana de China. Esta última podrá concluir al mismo tiempo que su política de presión funciona, al ver cómo consigue dividir a los Estados miembros. Y, aunque por sí sola represente cerca de la mitad de los intercambios entre China y el Viejo Continente, Alemania se encontrará aislada frente a sus socios en una etapa de redefinición del proyecto europeo.
