La semana pasada el gobierno de Rodrigo Duterte notificó a Washington su intención de dar por concluido el acuerdo de 1998 sobre cooperación militar (“Visiting Forces Agreement”, VFA) que ha permitido desde entonces la presencia de tropas norteamericanas en Filipinas, con el fin de adiestrar a las fuerzas locales en la lucha antiterrorista y contra el tráfico de drogas. El acuerdo, negociado después de que la Constitución filipina prohibiera el establecimiento de bases militares extranjeras—Estados Unidos tuvo que abandonar las dos que poseía en el archipiélago—, ha sido uno de los elementos básicos de la alianza entre ambos países junto al tratado de defensa mutua de 1951, y el instrumento que actualizó y amplió este último en 2014.
La denuncia del pacto se debe, según Manila, a “la falta de respeto a la soberanía filipina”. Pero el detonante parece haber sido la negativa de Washington a conceder un visado a uno de los más estrechos aliados de Duterte, el senador Ronald “Bato” de la Rosa, antiguo responsable de la policía nacional, a quien se acusa de violación de derechos humanos. Debe recordarse, no obstante, que—desde su elección en 2016—el presidente filipino ya puso en duda la continuidad de la alianza bilateral. Duterte imprimió un nuevo giro diplomático hacia China, abandonando de este modo la posición de su antecesor, Benigno “Noy” Aquino III, quien llegó a demandar a Pekín ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya por las acciones de la República Popular en el mar de China Meridional.
Sin el VFA, las capacidades militares filipinas se verán gravemente limitadas. Se ponen en riesgo los ejercicios conjuntos anuales, así como el elemento disuasorio frente a posibles acciones hostiles que representa la presencia naval norteamericana en el mar de China Meridional. Por no mencionar la aportación financiera de Estados Unidos: entre 2016 y 2019, Washington ha proporcionado a Manila más de 550 millones de dólares en ayuda a su defensa.
Duterte ha prohibido a los miembros de su gabinete viajar a Estados Unidos, y ha rechazado la invitación del presidente Trump a participar en la próxima cumbre Estados Unidos-ASEAN que se celebrará en marzo en Las Vegas. El Departamento de Estado norteamericano ya ha indicado que la decisión tendrá graves consecuencias para la relación bilateral, aunque Trump se ha limitado a manifestar su alegría por el “ahorro” que supondrá para las arcas norteamericanas.
La terminación de este acuerdo no implica por sí misma el fin de la alianza: el tratado de defensa mutua siga en pie. Pero las implicaciones de la decisión de Duterte van mucho más allá de sus relaciones con Washington. Si bien este último no ha señalado a China como una de las variables detrás de la renuncia, hay que presumir que lo es. Debilitar las alianzas bilaterales de Estados Unidos es uno de los objetivos estratégicos fundamentales de la República Popular, cuya influencia parece así cada vez mayor en la región. La incertidumbre sobre el futuro de la alianza con Filipinas supone por tanto un duro golpe para la credibilidad de la arquitectura de seguridad construida por Estados Unidos en Asia hace setenta años.
