Entre esos datos estadísticos que no suelen aparecer en los titulares de los medios de comunicación, la semana pasada se dio a conocer la cifra de nuevos nacimientos en China en 2018: 15,2 millones. Es decir, dos millones menos que el año anterior, y segundo año consecutivo, por tanto, de caída de la natalidad desde que, en 2015, se aboliera formalmente la política del hijo único. En términos porcentuales, la población china creció un 0,38 por cien, un incremento comparable al de los países de Europa occidental. Lo significativo es que se trata del crecimiento más bajo desde 1961, año en que la República Popular afrontaba la pérdida de hasta 40 millones de personas como consecuencia de las hambrunas causadas por el Gran Salto Adelante maoísta.
La demografía, como vienen advirtiendo numerosos economistas desde hace años, es uno de los principales obstáculos al crecimiento sostenido de China. El tamaño de la población activa—y la ventaja competitiva de unos bajos salarios—fue uno de los factores decisivos del despegue económico desde la década de los ochenta. La política del hijo único—impuesta por la presión que suponía una población de esas dimensiones sobre un Estado con limitados recursos—ha tenido, sin embargo, un impacto difícil de corregir. El censo de 2010 ya reveló un crecimiento anual de la población del 0,57 por cien en la primera década del siglo XXI frente al 1,07 de los años noventa, un dato muy por debajo de lo que se esperaba.
La consecuencia es que el número de chinos en edad de trabajar ha comenzado a contraerse: si entre 1990 y 2010 seis millones de trabajadores se incorporaban anualmente al mercado laboral, durante las próximas dos décadas la población activa se reducirá en unos 6,7 millones de trabajadores cada año. De 940 millones en 2012, se pasará así a 700 millones en 2050, fecha en la que uno de cada tres chinos tendrá más de 65 años. (La población total comenzará a disminuir tras alcanzar un máximo de 1.440 millones en 2029).
El envejecimiento de la población —en un país con una reducida red de seguridad social—, y la reducción de la población activa se traducirán en una disminución gradual del ahorro (y por tanto de la inversión), y empujarán al alza de manera significativa los costes salariales, afectando a la competitividad y al empuje de la economía. Es un desafío que explica la prioridad de los dirigentes chinos por promover un aumento de la productividad apoyado en la innovación y la tecnología. Lo que, a su vez, está en el origen de las actuales tensiones económicas con Estados Unidos y, en parte también, con la Unión Europea.
La aceleración del envejecimiento de una sociedad con una renta per cápita aún baja—al contrario de lo que ocurre en Japón o Corea del Sur, países que también atraviesan un complejo declive demográfico—puede complicar en gran medida las ambiciones chinas y alterar la dinámica política interna. Pero también pone de relieve—justamente cuando la Comisión Europea acaba de adoptar unas nuevas orientaciones estratégicas hacia China que el Consejo Europeo discutirá en su reunión de esta semana—, que la competencia internacional no es tan sólo geopolítica o comercial. La variable demográfica es una de las razones que explica por qué es en relación con la política industrial, y con el sector tecnológico en particular, donde se juega la pertenencia a la primera división mundial del futuro.
Estados Unidos lo tiene claro, aunque quizá no haya formulado una estrategia hacia China coherente y sostenible a largo plazo. Es ahora el turno de los líderes europeos de ser consecuentes con el mundo que se avecina. La demografía condiciona la superación por China de la trampa de los ingresos medios, pero formular una política sobre la base de un escenario de no sostenibilidad de su crecimiento a largo plazo significa desconocer la determinación de Pekín de ocupar una posición de liderazgo en la economía global del siglo XXI. (Foto: Eric Hevesy)
