Según los datos anunciados hace unos días, el PIB chino creció un 5,2 por cien en 2023; una cifra ligeramente por encima del objetivo oficial del cinco por cien, y que superó con creces el tres por cien del año anterior, cuando la economía estaba aún sujeta a las duras restricciones de la política de covid-cero. Ese resultado no significa, sin embargo, que se hayan corregido los problemas estructurales de fondo, como las dificultades del sector inmobiliario (que representa más del veinte por cien de la economía, y en el que la inversión cayó cerca de un diez por cien con respecto a 2022), las presiones deflacionistas, o las variables demográficas, factores todos ellos que reducen en gran medida el potencial de crecimiento a largo plazo.
Como también se anunció, en efecto, la población se redujo por segundo año consecutivo: la caída en 2023 fue de más de dos millones de personas, confirmándose una tendencia imparable que obliga a preguntarse por la continuidad del ascenso chino. Como consecuencia de la menor natalidad y de un acelerado envejecimiento, la población activa china ha pasado del 24 por cien al 19 por cien del total mundial (y se estima que se reducirá hasta el 10 por cien en los próximos 35 años). También disminuirá por tanto el porcentaje de la economía mundial representado por la República Popular, como ya está ocurriendo desde 2022.
Otras variables a incluir entre los obstáculos presentes son la enorme deuda china y un lento aumento de la productividad, así como el incremento del volumen de capital que sale al exterior a la vez que cae de manera notable la inversión extranjera directa en el país. Son circunstancias que se complican aún más en un contexto caracterizado por un deteriorado escenario internacional—quizá el peor al que ha hecho frente la República Popular desde los tiempos de Mao—, y por un gobierno que, pese a la necesidad de las reformas, no renuncia al control político de la vida nacional en su conjunto.
La confirmación de que el abandono de las restricciones de la pandemia no ha traducido en la restauración de la “normalidad”, condujo a finales de año a la adopción de un conjunto de medidas de estímulo. Con el objetivo concreto de apoyar al sector privado, en particular a las pymes, el 27 de noviembre se dieron a conocer hasta 25 propuestas—con la innovación tecnológica y las energías renovables como prioridades—orientadas a facilitarles al acceso a los créditos bancarios y a otros instrumentos de financiación. Aparentemente se trataba de una marcha atrás con respecto al protagonismo otorgado por el gobierno a las empresas estatales, pero los expertos dudan de que estas medidas sirvan para estimular la demanda interna cuando ya han fallado otros intentos similares. Bajo el liderazgo de Xi Jinping, la política económica china avanza en una dirección para luego retroceder y posteriormente volver a cambiar de orientación, lo que provoca la desconfianza de empresas, inversores y analistas. Resulta difícil pensar en una nueva senda de crecimiento mientras las autoridades mantengan su enfoque intervencionista.
China seguirá siendo la segunda economía del planeta, y un actor decisivo en la agenda global. Pero este complicado escenario económico tiene visos de convertirse en el principal desafío interno al poder de Xi, afectará a la evolución de las relaciones con Estados Unidos, y dañará la ambición de convertirse en un modelo para las naciones del Sur Global. Las fortalezas y capacidades del país son innegables, como lo es también su determinación de situarse en el centro de la economía mundial. La expectativa de que el siglo XXI sea el siglo de China, empieza no obstante a difuminarse.
