En pleno siglo XXI, y casi 25 años después del genocidio de Ruanda, un nuevo episodio de limpieza étnica se desarrolla en Asia. Aunque la persecución de la minoría musulmana de Birmania—de origen bengalí—no es en absoluto nueva (es resultado de un complejo legado colonial y de la sucesión del antiguo Pakistán Oriental por el Estado independiente de Bangladesh tras la guerra de 1971), el resurgir de un nacionalismo birmano y la radicalización de algunos grupos armados entre los Rohingya han creado un contexto explosivo, en el que se entremezclan terrorismo e insurgencia con un gigantesco drama humanitario.
Se esperaba que, tras las elecciones de 2015, la gradual democratización del sistema político permitiría mejorar la situación de los Rohingya. Pero ha sido todo lo contrario. Muchos se preguntan por las razones del comportamiento de ese icono de la libertad y la tolerancia que es Aung San Suu Kyi (“the Lady”, para los generales birmanos). Pero la premio Nobel de la paz es hoy un líder político que no puede enfrentarse a los militares—con los que gobierna—ni a la mayoría budista a la que pertenece, en uno de los países étnicamente más complejos del mundo. La islamofobia contra esa minoría birmana se ha agravado, a la vez que el ejército no está sujeto al control de las autoridades civiles después de redactar una nueva Constitución a su medida. Con todo, las implicaciones de la crisis para el entorno regional no son menos relevantes.
Que Al-Qaeda y Daesh hayan hecho un llamamiento a favor del apoyo a los Rohingya no favorece su causa. Las conexiones del principal grupo responsable de las acciones contra el ejército a finales de agosto, el Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), con otros movimientos radicales—se sospecha en particular de Pakistán—han situado la campaña antiterrorista por encima de la expulsión de esta minoría (a la que se niega incluso la nacionalidad). La ASEAN se ha mostrado impotente a la hora de formular una respuesta, mientras que Bangladesh teme las consecuencias de su acogida: si facilita las condiciones a los refugiados, puede atraer a un número aún mayor de Rohingya, que querrían además solicitar residencia permanente. Los dos grandes que intentan influir en Birmania—India y China—aprovechan asimismo la situación para perseguir sus propios objetivos.
El primer ministro indio, Narendra Modi, visitó Birmania hace apenas dos semanas y evitó el tema en público. Al afrontar su propio fenómeno insurgente en las provincias del noreste, fronterizas con Birmania, India necesita la cooperación del gobierno de este país contra dichos grupos violentos. Modi es el líder, por otra parte, de una formación política, el Janata Party, definida por el hinduismo más estricto, con escasas simpatías por tanto hacia los musulmanes. También China se ha pronunciado a favor de la política del gobierno birmano. Pekín mantiene su propia política represiva hacia los musulmanes de Xinjiang, y podría vetar cuantas propuestas se presenten en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Cuando Occidente por fin reacciona, y europeos y americanos pueden intentar articular un conjunto de sanciones, se abre además una nueva oportunidad para Pekín, cuya excesiva presión durante los últimos años fue de hecho uno de los motivos que condujo a los militares birmanos a poner en marcha el proceso de transición política. Su oferta de ayuda financiera, inversiones en infraestructuras y venta de armamento puede restaurar su influencia en este Estado clave para su política energética y para el desarrollo de sus provincias meridionales. Pekín contaría también con otro gobierno que podría vetar posiciones contra China en el marco de la ASEAN (además de Tailandia, Malasia, la Filipinas de Duterte, Laos o Camboya).
Como en tantas otras ocasiones a lo largo de la Historia, los intereses de las potencias se imponen sobre una tragedia humanitaria que, tras la derrota del Estado islámico, podrá convertirse en un nuevo campo de batalla para el mundo musulmán.
