El pasado mes de febrero, la Casa Blanca hizo pública su estrategia hacia el Indo-Pacífico, un documento que se anunció como separado de otros dos sobre la cooperación económica con la región y sobre China. Ambos se darán a conocer en los próximos días, en vísperas de la cumbre Estados Unidos-ASEAN que se celebrará en Washington el 12-13 de mayo, y del encuentro a nivel de jefes de Estado y de gobierno del QUAD en Tokio, el 24 de mayo. El pilar económico de la estrategia norteamericana, denominado oficialmente como “Indo-Pacific Economic Framework” (IPEF), trata de solventar el mayor déficit con que cuenta Washington en la región desde que la administración Trump abandonara, en enero de 2017, el acuerdo Transpacífico (TPP), uno de los principales elementos a través de los cuales el presidente Obama trató de prevenir que China terminara dictando por sí sola las reglas del juego de la economía asiática. Desde entonces, en parte gracias a su participación en el otro gran mega-acuerdo comercial (la Asociación Económica Regional Integral, RCEP), Pekín no ha hecho sino consolidar su posición en el centro del Indo-Pacífico.
Cinco años más tarde, Estados Unidos intenta reincorporarse a este terreno sin poder sumarse de manera directa al TPP (hoy CPTPP), un objetivo que sí ha declarado China tener. Una opinión pública y un Congreso contrarios a los acuerdos de libre comercio condicionan el margen de maniobra de una administración que sabe, no obstante, que su ausencia de la dinámica económica regional daña enormemente su credibilidad. Puesto que tampoco la OMC ofrece los medios suficientes para responder a las prácticas comerciales y a la presión coercitiva china, el desafío consistía en sustituir el recurso tradicional a un tratado multilateral de comercio por un nuevo enfoque de colaboración con los Estados de la región.
La respuesta del IPEF consiste en transformar el entorno económico creando un marco flexible de actuación en cuatro áreas distintas. La primera de ellas incluiría un conjunto de reglas comerciales, de carácter vinculante, en materia laboral, medioambiental, economía digital, agricultura y transparencia, sin entrar en exigencias sobre apertura de mercados ni desarme arancelario. La segunda busca cómo fortalecer las cadenas de valor, la tercera está relacionada con infraestructuras y tecnologías sostenibles, y la cuarta con fiscalidad y lucha contra la corrupción. Nada hay decidido de antemano sobre cómo incorporarse al IPEF, y ni siquiera resulta necesario participar en las cuatro categorías (bastaría con hacerlo en una de ellas). De momento Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Japón, Corea del Sur, India, Singapur, Malasia, Vietnam y Australia. Se espera que la iniciativa esté en marcha cuando se celebre la cumbre de APEC que corresponde presidir a Estados Unidos, en noviembre de 2023.
La iniciativa supone un reconocimiento por parte de la Casa Blanca de que, frente a China, Estados Unidos necesitaba lanzar un mensaje muy claro sobre su liderazgo económico. Pero, al mismo tiempo, los países de la región mantienen cierto escepticismo sobre una estrategia que pretende aislar a la República Popular. Aun compartiendo el objetivo de reforzar sus defensas frente las prácticas coercitivas chinas, lo que necesitan en realidad es un modus vivendi con la República Popular. Muchos de los socios de Washington tienen un alto nivel de integración con la economía china y, a través del CPTPP y del RCEP, ya cuentan con un extenso tejido de normas de interacción. Es Estados Unidos el que se encuentra fuera de ese juego. Comprometerse con unas nuevas normas que no se van a traducir en ventajas comerciales les plantea dudas adicionales, además del temor de que el presidente norteamericano elegido en 2024 pueda abandonar el IPEF como hizo Trump con el TPP. Biden aún tiene trabajo que hacer.
