Seis meses después del comienzo de las protestas en Hong Kong, la administración norteamericana ha optado por involucrarse de manera directa. Pese a las dudas iniciales sobre si Trump daría el paso adelante—la tregua en la guerra comercial parecía prioritaria—, el presidente firmó la semana pasada la ley que ha aprobado el Congreso en apoyo a la democracia y los derechos humanos en el territorio. De conformidad con la misma, Estados Unidos puede revocar el estatus de su relación especial con Hong Kong—hasta ahora exento de los aranceles y sanciones económicas impuestas a la República Popular—si las autoridades chinas no respetan el ordenamiento jurídico y el sistema de libertades civiles de esta provincia semiautónoma.
La decisión de Trump complica aún más la ya tensa relación entre las dos mayores economías del planeta. El presidente Xi Jinping, que pese al tiempo transcurrido no ha logrado poner fin a los disturbios, tendrá también que responder a la iniciativa legislativa norteamericana, adoptada sólo días después de las elecciones locales en Hong Kong, celebradas el pasado 24 de noviembre. Los votantes se pronunciaron de forma masiva en contra de los candidatos pro-Pekín, confirmando que—pese la creciente violencia y desorden en las calles—las protestas cuentan con un notable apoyo popular. Los resultados no deben sorprender, en efecto, cuando los habitantes de la ciudad ven sus libertades en peligro ante la retórica neo-maoísta y la política de mano dura de las autoridades chinas.
El presidente Xi se encuentra así ante el más grave desafío a su gobierno desde su llegada al poder en 2012, y no solo por sus efectos sobre Hong Kong. Las implicaciones de la movilización popular para Taiwán, cuya reunificación con el continente es una urgente prioridad para Xi, inquietan de manera especial a los dirigentes chinos. La crisis de Hong Kong se ha traducido en un considerable aumento de popularidad de la presidenta proindependentista de la isla, Tsai Ing-wen, quien—si, como se espera, logra un segundo mandato en las elecciones de enero—abrirá otro delicado frente para Pekín.
La democratización de Taiwán en los años noventa ha conducido a la formación de una identidad cultural y política propia—separada de la “china”—, de la misma manera que sus valores políticos y Estado de Derecho también hacen que los hongkoneses perciban su sociedad como diferente de la del continente. El desarrollo de una identidad democrática en Taiwán y en Hong Kong constituye una doble amenaza para el Partido Comunista Chino. Por un lado, desafía el concepto de una única nación y cultura china mantenido por Pekín. Por otro, erosiona esa combinación de confucianismo, maoísmo y nacionalismo que justifica su monopolio del poder. Taiwán y Hong Kong ofrecen un modelo alternativo chino de modernidad.
También representan, en consecuencia, una presión añadida sobre el futuro de Tibet y Xinjiang, provincias cuya identidad cultural y religiosa está sujeta a la represión de los dirigentes de Pekín. Setenta años después de su fundación, la República Popular no ha terminado de construir por tanto la China a la que aspira. Lo que es más grave, los problemas en la periferia podrían algún día extenderse al centro. Una identidad construida sobre el discurso del rejuvenecimiento nacional y la recuperación de los territorios perdidos (el “Sueño Chino” de Xi), está llamada a chocar con otras basadas en valores políticos y culturales distintos. ¿Le bastará al Partido Comunista con el uso o amenaza del uso de la fuerza como medio principal para asegurar su legitimidad?
