Si la regresión de la democracia es un fenómeno global desde hace unos 15 años, especialmente preocupante resulta su retroceso en el sureste asiático. Con una población mayor que la de la Unión Europea y equivalente a la de América Latina, su crecimiento económico sostenido durante décadas no ha conducido a la liberalización política que cabía esperar. Más bien al contrario: la región es un ejemplo de resistencia autoritaria, incluso donde se celebran regularmente elecciones. Si experiencias de transiciones democráticas han sido revertidas en Tailandia y Myanmar, ambas en manos de sus fuerzas armadas, otras se encuentran en grave peligro, como Indonesia y, muy especialmente, Filipinas.
Fue en este último país donde se produjo la primera transición, en 1986. Las manifestaciones populares y la presión de Estados Unidos condujeron a la renuncia del dictador Ferdinand Marcos después de 21 años en el poder, ocho de ellos bajo ley marcial. Da una idea del estado de la vida política nacional que, tres décadas y media más tarde, sea su hijo Ferdinand Jr., quien previsiblemente se convertirá en el nuevo presidente tras las elecciones de esta semana. “Bongbong” Marcos sucede así a Rodrigo Duterte (la presidencia se limita a un único mandato de seis años), acompañado—otro dato revelador—por la hija de este último, Sara Duterte, como vicepresidenta, y con el apoyo de otras dinastías políticas vinculadas a otros dos presidentes anteriores: Joseph Estrada y Gloria Macapagal Arroyo. Se trata de una alianza que permitirá a estas familias controlar tanto el gobierno como la legislatura, y quizá acabar con lo que queda de democracia en el archipiélago.
Estas eran por tanto las elecciones más importantes desde la transición. Aunque han concurrido numerosos candidatos, sólo dos tenían posibilidades de victoria: Ferdinand Marcos Jr., y la vicepresidenta saliente, Leni Robredo, del Partido Liberal. Los sondeos mostraban desde hace semanas, no obstante, una clara diferencia a favor del primero. Pese a la gravedad de los problemas nacionales—el impacto económico de la pandemia, la corrupción o la desigualdad social—, las elecciones se han centrado en gran medida en la personalidad de los candidatos. Como congresista, senador y gobernador provincial, Marcos Jr. suma muchos años de experiencia política, pero su apoyo popular se debe a la promesa de restaurar la “era dorada” de su padre, acompañada por el recurso a la desinformación en las redes sociales, una práctica en la que Duterte ha sido un consumado maestro. Aunque Robredo ha hecho hincapié repetidamente en que la democracia filipina está en peligro, su mensaje no ha logrado imponerse sobre las tácticas electorales y las redes clientelares de Marcos y sus aliados.
Si la guerra extrajudicial de Duterte contra las drogas supuso el abandono por el gobierno de los principios constitucionales más básicos—sin perder por ello una extraordinaria popularidad—, su acercamiento a China modificó asimismo la continuidad de la política exterior de este aliado fundamental de Estados Unidos. Marcos Jr. ha mantenido esa misma relación de proximidad a Pekín—mayor socio comercial, segundo inversor exterior y segunda fuente de turistas extranjeros para el país—, aunque una opinión pública contraria a unos vínculos demasiados estrechos condicionarán su margen de maniobra. No es descartable en consecuencia que se recuperen los lazos con Washington, siempre defendidos por las fuerzas armadas y los diplomáticos filipinos pese a los daños causados por el presidente anterior. El problema para la administración Biden será, como ya ocurre con otras naciones del sureste asiático, cómo sumar socios a una política de contraequilibrio de la República Popular sin tener que mirar para otro lado frente a esta trágica derrota del pluralismo.
