La pandemia no sólo está provocando una crisis sanitaria, económica y social sin precedente. En el contexto de la recesión democrática que atraviesa el planeta desde hace más de una década, el coronavirus se ha convertido asimismo en una oportunidad para la consolidación de prácticas autoritarias. Líderes elegidos democráticamente, pero poco inclinados a respetar los valores liberales, han encontrado la justificación perfecta para ampliar sus poderes, restringir libertades individuales, y actuar contra grupos opositores y medios de comunicación. Si Hungría es el ejemplo paradigmático estos días, es un fenómeno al que tampoco escapan varias naciones del sureste asiático.
En Filipinas, el Parlamento—controlado por los aliados del presidente—concedió el mes pasado competencias prácticamente sin límites a Rodrigo Duterte, figura ya conocida por amparar decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales en su campaña contra las drogas. Duterte podrá recurrir a sus poderes excepcionales para actuar contra sus rivales políticos, así como para utilizar discrecionalmente el presupuesto público. El Parlamento también ha tipificado como delito la difusión de “información falsa” con respecto al coronavirus, lo que sin duda reforzará la afición del presidente a silenciar a la prensa crítica.
El gobierno de Tailandia, formado tras las elecciones de hace un año pero controlado por las fuerzas armadas, también ha invocado un estado de emergencia con el pretexto de combatir el contagio. Las autoridades, que ya internaron a periodistas tras el golpe de estado de 2014, pueden ahora “censurar o cerrar los medios de comunicación si así lo consideran necesario”. Tienen prohibido entrevistar sin autorización al personal médico de los hospitales. Y con un país sujeto a confinamiento, ni siquiera resulta posible—como en otras ocasiones—protestar en la calle contra el gobierno.
En Camboya, Hun Sen—primer ministro desde hace más de dos décadas—ha detenido desde finales de enero a decenas de críticos con su régimen, por “compartir información” sobre la propagación del coronavirus. Varios de los arrestados pertenecen al principal (y prohibido) partido de la oposición. Una ley de emergencia nacional otorga al gobierno la capacidad discrecional de declarar la ley marcial, limitando aún más si cabe los derechos de los ciudadanos. Se han aprovechado las circunstancias, incluso, para difamar a grupos minoritarios: el ministerio de Salud ha insinuado que han sido los musulmanes los responsables de introducir el contagio en Camboya. Tras la crisis financiera global de 2008, pocos previeron sus consecuencias políticas. Fue sin embargo la principal causa de un fenómeno de populismo iliberal, de la fragmentación de los sistemas políticos, y de la consolidación de una serie de regímenes autoritarios una vez emprendido el camino de la recuperación económica. Frente a esta nueva crisis global, los gobiernos, como es natural, se ven abrumados por la urgencia de tener que atender las consecuencias más inmediatas para su sociedad y su economía. Pero así como el contagio del virus no respeta fronteras, sus efectos políticos también se dejarán sentir más allá de cada Estado, y mucho después de haberse superado la emergencia sanitaria. La ampliación de poderes de los gobiernos autocráticos puede ser uno de los más oscuros legados de la pandemia.
