El pasado 3 de abril, Washington anunció la imposición de tarifas a las importaciones de distintos productos chinos por un total de 50.000 millones de dólares. Un día más tarde, China desveló su propia lista de importaciones procedentes de Estados Unidos a las que impondrá aranceles por una misma cuantía. Al día siguiente, el presidente Trump dio instrucciones a su administración para preparar un plan adicional de sanciones por otros 100.000 millones de dólares. Tras condenar las amenazas norteamericanas, Pekín declaró que no dudará en darles una rápida respuesta: “China no quiere una guerra comercial—indicó el viceministro de Comercio—, pero no la tememos si hay que declararla”.
Aunque las medidas acordadas hasta la fecha ascienden a una misma cifra, su impacto es muy diferente. Las compras norteamericanas a China sumaron 505.000 millones de dólares en 2017, lo que significa que las tarifas impuestas por Washington sólo afectarán al 10 por cien de las mismas. Las importaciones chinas de Estados Unidos fueron de 130.000 millones de dólares, por lo que los aranceles de Pekín alcanzarán a más de un tercio de las ventas norteamericanas. Pero la asimetría no es sólo económica: también lo son las consecuencias políticas.
Trump dice actuar contra un supuesto “robo” chino de la propiedad intelectual de su país, y—sin decirlo—pretende obstaculizar la estrategia de innovación tecnológica de Pekín, formulada bajo la etiqueta de “Made in China 2025”. El gobierno chino se ha concentrado, por su parte en las exportaciones agrícolas de Estados Unidos—soja, maíz y tabaco, en particular—que representan casi el 20 por cien del total de las exportaciones norteamericanas a China. El mensaje político es claro: Pekín se ha dirigido al corazón de las áreas de influencia republicana; a los votantes de Trump en las zonas rurales. El presidente se encontrará así con la oposición de sus propios electores a las medidas que ha adoptado contra China, al resultarles perjudiciales para sus intereses económicos. La República Popular depende en mayor medida del comercio exterior que Estados Unidos; sin embargo, dado el control por el Estado de la economía, su margen de maniobra para adaptarse al impacto de las sanciones es mucho mayor que el de Washington. Los líderes chinos no tienen que preocuparse, como Trump, por las elecciones al Congreso de noviembre, o por su reelección en 2020.
Más relevante quizá que la dinámica interna de ambos países, es lo que el enfrentamiento revela sobre el cambio en su respectiva posición internacional. Las medidas de Trump no deben sorprender a nadie, dadas sus preferencias proteccionistas. Pero la convicción de que sus amenazas obligarán a China a ceder y a ofrecer concesiones significativas puede resultar errónea. El problema de la estrategia de Trump—si se le puede denominar como tal—es que su objetivo no es en último término China (o Corea del Sur, o México, entre otros países a los que también ha leído la cartilla) sino el sistema multilateral, cuyas reglas está violando con sus medidas. Sin duda China juega con cartas marcadas, como revelan las crecientes dificultades de las empresas extranjeras para acceder a su mercado. Sin embargo, cuando es un Estado comunista quien demanda a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio—uno de los pilares del orden internacional creado por Washington tras la segunda posguerra mundial y que ahora Trump quiere deshacer—, los términos del envite van mucho más lejos.
