Apenas semanas después de que el XX Congreso del Partido Comunista Chino concediera en octubre un tercer mandato como secretario general a Xi Jinping y ratificara su dirección política, Pekín dio marcha atrás en distintos frentes. De defender de manera dogmática la política de covid cero, se pasó al levantamiento de todas las restricciones a partir del 8 de enero. El compromiso con un mayor papel del Estado en la economía ha sido sustituido por nuevos gestos hacia el sector privado, en particular hacia las empresas inmobiliarias y tecnológicas. La declarada prioridad de la seguridad nacional sobre la economía ha dado paso a un discurso a favor del crecimiento. La percepción de un entorno exterior hostil que obligaba a mantener una diplomacia asertiva contrasta con el acercamiento a distintas capitales con un lenguaje de cooperación.
Ninguna explicación oficial ha justificado ese giro, aunque distintos hechos permiten entenderlo. Las protestas populares contra el confinamiento a finales de noviembre pusieron en evidencia el hartazgo de la sociedad china, creando una presión sobre el gobierno que se encontró de manera repentina con la irrupción de nuevas amenazas a su legitimidad. A ello se sumaron los resultados económicos del último trimestre de 2022, ocultados hasta después de la celebración del Congreso. Un incremento del PIB del tres por cien el pasado año—muy por debajo del 8,1 por cien de 2021—fue una grave señal de alarma. Además de quedar lejos del objetivo que se había fijado el gobierno—un 5,5 por cien—, era indicación de un fenómeno estructural más que coyuntural, que anticipaba el fin de una larga etapa de alto crecimiento, base de un contrato social con sus ciudadanos que determinaba a su vez la estabilidad política de la nación. La diplomacia del “lobo guerrero”, la coerción económica y la modernización militar cambiaron por lo demás la imagen exterior de China. La reacción de Occidente, en forma de coaliciones de contraequilibrio—del Quad a la OTAN—, el lastre de la asociación política con Moscú, y la guerra tecnológica de los semiconductores obligaban igualmente a un reajuste.
La lección es clara: el triunfo político de Xi en el Congreso no podía ocultar las debilidades estructurales del sistema. La imposibilidad de reconocer los errores, característica de todo gobierno autoritario, le impedía abandonar su política contra la pandemia. Su ideología leninista obstaculizaba el crecimiento de la economía si se empeñaba en “rectificar” el sector privado por no alinearse con las prioridades del Partido. El impulso nacionalista como guía de la política exterior iba a resultar igualmente contraproducente. Ahora bien: sería un error interpretar estos cambios como una alteración de las perspectivas y de los planes mantenidos por el presidente chino. Esa rápida transformación es una respuesta pragmática, oportunista incluso, demandada por las circunstancias. Ni Xi ha renunciado a sus convicciones ni pueden darse por superadas las incertidumbres en torno al futuro político chino, en un contexto que estará marcado por un bajo crecimiento y por tensiones internacionales.
Interesa por todo ello comprender las razones, más bien, de por qué Xi puso fin a la moderación de sus antecesores y lidera una China muy distinta de la que el mundo conoció desde la política de reforma y apertura de Deng Xiaoping a finales de los años setenta hasta su llegada al poder en 2012. ¿Por qué Xi no quiso seguir cultivando una imagen positiva del país en el exterior? ¿Por qué Pekín ha actuado de forma aparentemente contraria a sus intereses durante los últimos tiempos?
La explicación más convincente y sistemática hasta la fecha es la que ofrece la conocida sinóloga norteamericana Susan Shirk en su último libro: Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise (Oxford University Press, 2022). Profesora en la Universidad de California en San Diego, y vicesecretaria adjunta para asuntos de Asia en el departamento de Estado durante la administración Clinton, Shirk encuentra la respuesta en la naturaleza del régimen político, y su origen en el segundo mandato de Hu Jintao. Su argumento central es que la dinámica interna del sistema impidió el ejercicio de la prudencia necesaria para gestionar un ascenso pacífico. Los responsables de distintas áreas de la administración—incluyendo los servicios de seguridad y las fuerzas armadas—impulsaron agresivamente sus respectivas agendas sin que la debilidad de Hu pudiera frenarlas o equilibrarlas. La percepción extendida a raíz de la crisis financiera global de que el diferencial de poder con Estados Unidos se había reducido condujo igualmente al abandono de la moderación anterior.
La combinación de estas circunstancias condujo a una China que se volvería más asertiva en el interior—obsesionada por “el mantenimiento de la estabilidad”—y en el exterior, con una retórica a favor de la defensa de los “intereses fundamentales” y la soberanía nacional. El sistema de liderazgo colectivo implantado por Deng en los años ochenta se había roto, al no servir para corregir una deriva que, Xi entre otros, interpretó como motivo para restaurar una estructura de poder unipersonal. Un camino que, sin embargo, tampoco ha servido como se mencionó para evitar los excesos.
En contraste con la incapacidad de Hu para controlar a sus colegas del Politburó, Xi tenía el poder para centralizar el proceso político, hacer frente a los grupos de intereses oligárquicos, y optar por una política exterior más conciliadora. Si no hizo ninguna de esas cosas, escribe Shirk, fue porque es mucho más ambicioso con respecto al papel global de China, y porque está dispuesto a asumir mayores riesgos para lograrlo.
