Por estas fechas en 2018 esta servidora escribía por primera sobre la trágica y más reciente historia de los uigures. En aquel momento era muy poco lo publicado en castellano e incluso en inglés se dedicaban pocas líneas a contar la triste situación de esta minoría turca anclada en la provincia autónoma de Xinjiang, en el extremo oeste de China.
Desde entonces la tragedia no ha hecho más que aumentar. Miles de familias de esta etnia, junto con otras minorías musulmanas en China, han sido objeto de represión cultural, abusos físicos, esterilizaciones masivas, separación familiar y detenciones masivas en centros en los que ya muchos se atreven a llamarlos abiertamente campos de concentración.
Tal ha sido el número de denuncias que progresivamente los medios han ido dedicando más tiempo y líneas en dar a conocer esa dura situación. Desde Washington la lucha ha sido ardua, con unos 8.000 uigures residentes en Estados Unidos, muchos de los cuales tienen algún familiar desaparecido o incluso ellos mismo han sido víctimas directas de la persecución. Desde el Congreso también se han introducido varias leyes, bien sea para protegerles de trabajos forzosos o bien condenando el trato que reciben estas minorías en China, o la ley de protección de los Derechos Humanos de los uigures, entre otras.
Coincidiendo con el día internacional de Derechos Humanos, el 10 de diciembre, el Departamento del Tesoro anunciaba nuevas sanciones, en esta ocasión a Shohrat Zakir, presidente de la Región Uigur entre 2018 y 2021, y Erken Tuniyaz, quién lo sucedió en la posición y es el actual líder político de la región.
Asimismo, el 11 de diciembre la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmaba que está finalizando su reporte sobre Derechos humanos en Xinjiang. Aunque ya la ONU había afirmado con anterioridad que han identificado patrones de detención arbitraria, prácticas laborales coercitivas y erosión de derechos sociales y culturales.
La semana pasada también el Tribunal Uigur, un organismo independiente compuesto por abogados, académicos y empresarios, y que no tienen ningún poder estatal o gubernamental para sancionar a China, concluyó que el Partido Comunista chino está cometiendo genocidio y crímenes en contra de la humanidad hacia los uigures.
Al tribunal fueron sometidos los primeros documentos oficiales clasificados que se han filtrado, que, de acuerdo con el analista Adrian Zenz, “muestran que Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang, junto con otros funcionarios del gobierno central exigieron después del 2016 la puesta en marcha de políticas de reclusión, transferencia laboral coercitiva, educación en internados centralizados y control de la natalidad.
El presidente del tribunal, Geoffrey Nice, dijo que el fallo de genocidio se basa en la evidencia de las políticas de control de natalidad y esterilizaciones forzadas por el gobierno chino a los uigures y con el objetivo puesto es destruir una parte significativa de la población. Nice afirma también que las prácticas son parte integral de la política de Xi Jinping y de las altas esferas de poder en China.
En miras al nuevo año, el Congreso Mundial de Uigures (WUC por sus siglas en inglés) y el Proyecto Uigur de Derechos Humanos (UHRP) han instruido a abogados para que introduzcan una denuncia sobre crímenes internacionales cometidos contra los uigures y otros pueblos turcos en la región de autónoma de Xinjiang ante la Corte Penal Federal de Apelaciones de Buenos Aires. Todo parece indicar que coincidirá con los juegos olímpicos de Beijing de febrero.
Michael Polak, el abogado de nacionalidad británica encargado de introducir la denuncia ante la Corte argentina, decía a AP que “anticipa que China haga uso de su presión política y financiera hacia Argentina para intentar parar el caso en la Corte. No obstante, la primera barrera la pone la propia normativa de la Corte que contempla que la corte misma debe estar de acuerdo con recibir el caso. Aunque Polak insiste en que las evidencias son tan fuertes que la Corte argentina no debería tener ninguna dificultad en aceptarlo.
Esta semana el congreso estadounidense, después de muchas dificultades, conseguía aprobar la “ley de trabajo forzoso uigur” que representa no solo un gran éxito bipartidista sino una gran estocada a China. El proyecto de ley que fue introducido por el senador Marco Rubio -por el partido Republicano- y quien en los dos últimos años ha sido un ferviente defensor de la necesidad de aprobarlo, ha insistido en que esta ley ha tenido mucha oposición sobre todo desde las grandes corporaciones estadounidenses que han hecho un gran lobby en su contra para poder seguir importando productos de Xinjiang.
Con esta nueva ley se asegura que no podrán entrar a los Estados Unidos productos que han sido elaborados con trabajo forzoso de uigures u otras minorías en la región de Xinjiang. Por lo que las corporaciones estarán obligadas a investigar y probar que los productos que están importando fueron hechos en concordancia con las leyes estadounidenses.
El Senador Jeff Merkel -por el partido demócrata- afirmaba que “con esta ley estamos mandando un mensaje inequívoco en contra del genocidio y del trabajo forzoso. Mientras, nos aseguramos de que los consumidores estadounidenses puedan adquirir productos sin caer en la complicidad de los terribles abusos de los derechos humanos”.
La aprobación de esta ley, que aún debe pasar el filtro de la Casa Blanca pero que no se pone en duda que pase, llega en un momento muy oportuno y definitivamente manda un mensaje muy contundente a Beijing sobre sus prácticas y las consecuencias de estas en una economía globalizada.
Mientras tanto, China se ha dedicado a publicitar su propaganda para intentar limpiar su imagen sobre todo de cara a los juegos olímpicos de inviernos de Beijing. Sin embargo, las críticas contra los abusos a los derechos humanos en China han tenido más eco que nunca y parece estar claro que cada día es más difícil para Beijing disfrazar su auténtica realidad.
