Una tira de papel higiénico de 60 centímetros parece más que suficiente para una visita al cuarto de baño. Así lo consideran las máquinas dispensadoras que han instalado las autoridades de Pekín en los servicios públicos del Templo del Cielo. Un escáner identifica el rostro del usuario y, si vuelve a por más antes de nueve minutos, se lo niega: “Inténtelo más adelante, por favor”.
Asia es la región del planeta donde la tecnología de reconocimiento facial está más extendida. “Ni se le ocurra cruzar una calle fuera de un paso de cebra en Jinan”, advierte Rene Chun en The Atlantic. Decenas de cámaras escrutan a los peatones y, en cuanto detectan a un infractor, proyectan su imagen en una gran pantalla para escarnio público. Además, cotejan sus rasgos con los archivos biométricos oficiales y, al cabo de un rato, contactan con él para brindarle tres opciones: una multa de unos cuatro euros, un breve curso de refresco sobre seguridad vial o 20 minutos con un agente municipal, ayudándole a dirigir la circulación.
“El sistema parece que funciona”, escribe Chun. “Desde mayo [de 2017] las violaciones en una de las principales intersecciones de Jinan han pasado de 200 a 20 al día”. La policía está tan satisfecha, que el Ministerio de Seguridad Pública ha propuesto la creación de una red de videovigilancia “omnipresente, completamente interconectada, permanentemente encendida y totalmente controlable”. La consultora IHS Markit calcula que hacia 2020 China tendrá instaladas 626 millones de cámaras. “En algunas ciudades ya se puede lograr una cobertura del 100%”.
Naturalmente, semejante despliegue no busca únicamente mejorar el tráfico. “El Gobierno cree que un mayor grado de control no solo es deseable, sino posible”, escribe Adam Greenfield. En junio de 2014, el Consejo de Estado de la República Popular hizo público un documento titulado “Esquema de planificación para la construcción de un sistema de crédito social” cuyo objetivo es generalizar “una cultura de la sinceridad” que “permita a la gente honesta moverse por donde quiera y dificulte a la deshonesta dar un paso”.
El mecanismo está inspirado en el scoring de la banca, una puntuación elaborada a partir del historial laboral y de pagos de cada cliente que determina si se le concede o no una hipoteca y en qué condiciones. La idea de los chinos es aprovechar la avalancha de información que hemos volcado ingenuamente en el ciberespacio para extender el scoring a todos los órdenes. Cada persona dispondrá de un “crédito cívico” que subirá o bajará en función de su comportamiento. Si coge “el transporte público para ir al trabajo en vez del vehículo particular, si recicla regularmente o incluso si denuncia la actuación indebida de algún vecino, su crédito se ampliará y disfrutará de privilegios como el alquiler de apartamentos sin fianza o el acceso a plazas en colegios exclusivos”, escriben Anna Mitchell y Larry Diamond. Pero quienes asistan a “un mitin subversivo o a un servicio religioso, o frecuenten antros de perdición”, algo que hoy no es difícil de establecer gracias a los móviles geolocalizados y a la videovigilancia, pueden ver muy limitados sus movimientos. La ONG Human Rights Watch denunció en diciembre que al abogado Li Xiaolin se le prohibió abordar un vuelo nacional porque un tribunal juzgó “insincera” su autocrítica tras una falta no divulgada. Y el disidente Liu Hu no puede ni contratar préstamos ni viajar en la red de alta velocidad a pesar de que teóricamente ya ha saldado todas sus cuentas con la justicia.
“Si no combatimos y derrotamos esta tendencia”, alerta Greenfield, “lo que está emergiendo en China podría convertirse en el anticipo de cómo se mantendrá el orden en las ciudades del siglo XXI”.
Y en ese caso, igual los 60 centímetros de papel higiénico no son ya suficientes. (Foto: Billy Curtis, Flickr)
