INTERREGNUM: Myanmar: un año después del golpe. Fernando Delage

La semana pasada se cumplió un año del golpe de Estado en Myanmar. Horas antes de inaugurarse el Parlamento resultante de las elecciones de noviembre, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) logró una aplastante mayoría, los militares se hicieron con el poder en el cuarto golpe de Estado desde la independencia en 1948, poniendo fin a una década de gradual pluralismo político y de sostenido crecimiento económico. La Consejera de Estado Aung San Suu Kyi y el presidente Win Myint, junto a otros dirigentes de la LND, fueron arrestados y acusados de distintos cargos, y se encuentran desde entonces en prisión. Las fuerzas armadas prometieron un regreso a la democracia tras un año de gobierno interino, que luego extendieron a dos años.

La actual atmósfera de tensión entre las grandes potencias ha alejado a Myanmar de los focos informativos, pese a la dramática situación que atraviesa el país. La violencia se ha desatado de manera extrema, el hundimiento de la economía es completo, y la incertidumbre se agrava sobre el futuro de una de las naciones más pobres y de mayor complejidad interétnica de Asia.

La resistencia contra el golpe fue inicialmente pacífica, limitada a manifestaciones masivas y movimientos de desobediencia ciudadana, pero la oleada de represión puesta en marcha por el ejército—que se ha cobrado la muerte de al menos 1.500 civiles, y causado el desplazamiento de centenares de miles de personas—condujo pronto a una brutal escalada. El Gobierno de Unidad Nacional, en el exilio, declaró en septiembre el estado de guerra contra las fuerzas armadas, mientras que estas han designado al primero como una organización terrorista. Los enfrentamientos se han extendido particularmente en los estados fronterizos con India y con Tailandia. El PIB, por otra parte, ha caído un 30 por cien, lo que ha hecho triplicarse los índices de pobreza extrema, condición que ya incluye casi a la mitad de la población. Tras conocer una década de semidemocracia, los más jóvenes no cederán en la resistencia al ejército, una presión que puede crear a su vez divisiones entre los militares, acentuando el caos y el desorden nacional.

Ante estas trágicas circunstancias, la respuesta exterior debía haber sido decisiva; sin embargo, la acción de la comunidad internacional ha consistido básicamente en la adopción de declaraciones de condena, más que en la formulación de medidas concretas para restablecer la estabilidad política. La ONU ha preferido apoyarse en la ASEAN y su plan de cinco puntos para poner fin a la violencia, promover un diálogo constructivo y designar un enviado especial para la crisis. Pese a haberse comprometerse con dicho plan, acordado en el mes de abril, la junta militar no ha dado un solo paso para ejecutarlo, una inacción para la que se apoya, en parte, en la propia falta de unidad de la organización. La visita a Myanmar hace unas semanas del primer ministro de Camboya, Hun Sen, en su calidad de presidente rotatorio de la organización, es un claro ejemplo de esas divisiones. Aunque realizó su viaje sin consultar previamente a los Estados miembros, su gesto ha sido interpretado como un intento por forzar el reconocimiento de la legitimidad del gobierno birmano.

Las sanciones de los países occidentales, que han consistido básicamente en la congelación de cuentas bancarias o la restricción de visados a miembros de la junta, poco efecto pueden tener para un cambio de rumbo, pues los generales han sabido estrechar su cooperación con China y Rusia, potencias ambas interesadas en mitigar las presiones de Occidente. Pekín observa con preocupación el escenario de desorden que se ha abierto (y que puede afectar tanto a los movimientos insurgentes en la frontera que comparten ambos países, como a los gaseoductos que unen la provincia de Yunnan con el Índico), pero también con cierto distanciamiento. La presencia de Moscú, en cambio, ha adquirido un nivel desconocido hasta la fecha, con un notable apoyo directo, tanto en el terreno diplomático como a través del suministro de armas.

La ausencia de avances significativos durante un año no permite ser muy optimista con respecto al desarrollo de los acontecimientos a medio plazo. El margen de influencia occidental es reducido, la ASEAN arriesga su credibilidad, y las partes en el conflicto apuestan por imponerse sobre el otro más que en buscar una solución negociada.

INTERREGNUM: La tragedia birmana. Fernando Delage

Cuando se cumplen dos meses del golpe de Estado en Birmania, la represión del ejército ha matado a más de 530 personas y arrestado a varios miles. Las fuerzas armadas se enfrentan a una sociedad que demanda la restitución del gobierno elegido en las urnas el pasado mes de noviembre, pero también a las minorías étnicas que han retomado su actividad insurgente. Ante el recrudecimiento del conflicto, el país no sólo va camino de convertirse en un desastre humanitario, sino también en objeto de competición geopolítica.

Al compartir frontera con China, India, Bangladesh, Laos y Tailandia, un enfrentamiento civil en Birmania puede desestabilizar la región en su conjunto. Sin embargo, en vez de articular la respuesta multilateral necesaria para prevenir un aluvión de refugiados entre sus miembros, la ASEAN aparece dividida. Por diferentes motivos, las divergencias entre las naciones del sureste asiático complican igualmente las posibles acciones de las grandes potencias, cuyos intereses obligan a descartar asimismo la posibilidad de una acción concertada por parte de las Naciones Unidas. Washington y Pekín afrontan el conflicto desde la perspectiva de su rivalidad, mientras que en India se impone como prioridad la seguridad de sus provincias del noreste, y Japón se ha limitado a suspender su ayuda financiera. Quien ha irrumpido de manera llamativa en este vacío diplomático ha sido Rusia, tradicional vendedor de armamento a Birmania.

En los actos convocados el 27 de marzo con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, el invitado extranjero de mayor nivel con que contaron los militares birmanos fue el viceministro ruso de Defensa, Alexander Fomin. Moscú, declaró el general Fomin, “mantiene como objetivo estratégico el reforzamiento de las relaciones entre los dos países” y considera a Birmania como “un aliado de confianza y socio estratégico en el sureste asiático y en Asia-Pacífico”.  Aunque no han faltado los análisis que encuentran paralelismos con la decisión rusa de prestar apoyo militar al presidente sirio, Bashar al-Assad, para orientar la evolución de la guerra civil a su favor, cuando menos cabe observar la habilidad de Moscú para intervenir allí donde pueda para debilitar todo proceso democrático y, de esa manera, restringir el margen de maniobra de Occidente.

Como ha resumido Michael Vatikiotis en Asia Times, “el golpe de Myanmar ha resultado ser un cisne negro geopolítico. Ha puesto a Rusia en juego en un intento por hacerse un hueco en Asia; ha subrayado la debilidad de India como aliado de Occidente en la región; y ha situado a China como la variable central mientras Estados Unidos observa impotente desde la barrera mientras se prepara para contener a Pekín”.

Pero la verdadera tragedia birmana es que mientras la nación reclama un sistema democrático, la junta militar, en vez de ceder, aumentará la represión. Y con ella no sólo se aleja la posibilidad de salvar el proceso de liberalización política, sino que, por el contrario, aumenta el riesgo de quiebra económica y de mayor violencia, creando las condiciones de anarquía e inestabilidad estructural bien conocidas en otros lugares del planeta.

INTERREGNUM: Tras el golpe en Birmania. Fernando Delage

El golpe del 1 de febrero en Birmania, sólo horas antes de la prevista inauguración del Parlamento resultante de las elecciones del pasado noviembre, puso fin a un proceso de transición política que no ha superado su primera década. La pretensión de las fuerzas armadas de compartir el poder con un gobierno elegido en las urnas—y la disposición de este último a aceptarlo—difícilmente iba a resultar sostenible en el tiempo, como los hechos han confirmado. Con todo, más allá de las causas puntuales de la intervención directa del ejército, lo ocurrido no puede separarse del contexto de regresión democrática que atraviesa el sureste asiático, ni de los efectos del ascenso de China.

La mayor parte de los analistas coinciden en que los generales nunca esperaron que la Liga Nacional para la Democracia (NLD), el partido de Aung San Suu Kyi, pudiera obtener en las últimas elecciones una mayoría aún más rotunda que la lograda en 2015. Estar en el gobierno no sólo no le ha desgastado, sino que la NLD se hizo con 396 de los 476 escaños del Parlamento (el 83 por cien del total, por encima del 70 por cien de los comicios anteriores). El grupo apoyado por los militares sólo consiguió 33 diputados. A esta humillante derrota se sumaba el temor a que, con esa mayor representación, la Cámara se dispusiera a recortar los poderes de las fuerzas armadas. La perspectiva de una transición completa a la democracia era un escenario que nunca iban a permitir estas últimas.

La fragilidad del experimento birmano con la democracia no ha sido, sin embargo, una excepción. El golpe es, en efecto, un nuevo reflejo de la persistencia estructural del autoritarismo en la región. Pero como sus homólogos en Tailandia, por ejemplo, también los generales birmanos afrontan a partir de ahora el desafío de cómo redefinir su papel político. La promesa de convocar elecciones en un año es un recurso vacío frente a una sociedad que, al igual que la tailandesa, ha disfrutado pese a sus peores índices económicos de una libertad antes desconocida. Gracias en buena medida a la revolución digital y las redes sociales, los birmanos han adquirido una conciencia de sus derechos y una voluntad de participar en la vida pública que no va a desaparecer. El riesgo de una creciente inestabilidad—agravado por la extraordinaria polarización étnica y religiosa del país—es por tanto considerable.

El golpe, por otra parte, supone para el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la primera prueba a que se ve sometida su intención de defender los valores democráticos y contrarrestar el atractivo del modelo político chino entre los Estados de su vecindad. Una complicación para Biden es que fue una administración demócrata, la de Barack Obama, la que tuvo un papel no menor en el inicio de la transición birmana, que a su vez condujo al levantamiento por Washington de las sanciones anteriormente impuestas a las inversiones en el país. Restaurar las sanciones no resultará fácil cuando otros socios—como Japón, India o distintos países de la ASEAN—han sido tibios en la condena del golpe dados los intereses en juego. Entre ellos pocos son tan relevantes, también para Estados Unidos, como la variable china.

La República Popular es el segundo mayor inversor en Birmania después de Singapur, con unos 21.500 millones de dólares, y representa un tercio del total del comercio exterior del país (diez veces más que Estados Unidos). Hace justo un año que Xi Jinping realizó una visita oficial (la primera en dos décadas de un presidente chino), y apenas un mes de la efectuada por el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, quien calificó a ambas naciones como “hermanas” y elogió la “revitalización nacional” emprendida por las fuerzas armadas. La reacción de Washington al golpe queda así sujeta, más que a factores internos, a la reformulación de laa estrategia integral hacia Pekín que debe acometer.