Como se recordará, los líderes del G7 lanzaron el pasado 12 de junio una iniciativa (denominada B3W: “Build Back Better World”) destinada a canalizar inversiones en países en desarrollo, sobre la base de unos valores de transparencia y sostenibilidad. No era necesario explicitar que se trataba de ofrecer una alternativa por parte de las principales democracias a la Nueva Ruta de la Seda china, uno de los principales instrumentos de Pekín para extender su influencia política.
La Unión Europea no ha tardado en ponerse manos a la obra. Justo un mes después, el 12 de julio, el Consejo de Ministros anunció un plan global de infraestructuras destinado a ampliar y mejorar la interconectividad del Viejo Continente con el resto del mundo, mediante una combinación de recursos financieros públicos (aún por precisar) y privados (si se consigue movilizar a las empresas). En un breve documento de ocho páginas, el Consejo instó a la Comisión a preparar durante los próximos meses una lista de “proyectos de alto impacto”, sin que en ningún momento se nombrara tampoco a China. Sin perjuicio del interés europeo por asegurar el acceso al mercado de la República Popular, y de la evidente necesidad de cooperar con Pekín con respecto a diversas cuestiones transnacionales (como el cambio climático), en Bruselas—y en los Estados miembros—se ha redoblado la inquietud por el creciente control chino de instalaciones estratégicas del Viejo Continente, como los puertos del Mediterráneo.
La UE confía en que, mediante el desarrollo de una más extensa red de infraestructuras, podrá diversificar las cadenas de valor y reducir el riesgo de una excesiva dependencia de China. Por ello, lo más relevante es quizá que la UE ha decidido ir más allá de la “estrategia de interconectividad Asia-Europa” de 2018, para construir una Unión “conectada globalmente” al dirigir su atención a África y América Latina, continentes preferentes ambos para las inversiones chinas. Debe destacarse al mismo tiempo la intención de coordinar estos esfuerzos con Estados Unidos, así como con Japón, India, la ASEAN, y las instituciones multilaterales de desarrollo.
No pocos analistas han mostrado cierto escepticismo ante la relativa vaguedad del proyecto. Existe el temor, por otra parte, de que las diferentes prioridades geográficas y económicas de los Estados miembros lo terminen diluyendo o conduzcan al enfrentamiento entre Berlín y París sobre qué países, qué iniciativas concretas y qué presupuesto apoyar. Esa indefinición debería estar aclarada cuando la presidenta de la Comisión pronuncie su próximo discurso sobre el estado de la Unión el año próximo, pero no deja de ser una orientación que puede afectar a otro objetivo preeminente, como es el de continuar impulsando los vínculos económicos con China y con Asia.
Debe reconocerse, sin embargo, que el plan no es una simple estrategia económica, sino que responde a la intención de construir gradualmente el papel de Europa como actor geopolítico. Así lo ha puesto de relieve el Alto Representante, Josep Borrell, durante su reciente participación en una Conferencia sobre Conectividad entre Asia central y Asia meridional, celebrada en Uzbekistán. Sólo cuatro días después de que el Consejo de Ministros aprobara la mencionada estrategia, Borrell—además de hacer presente el papel de la UE como socio comercial e inversor de Asia central, y pronunciarse sobre la situación en Afganistán—hizo hincapié en la ambición de situar la conectividad en el centro de la política exterior europea. Subrayó los acuerdos ya firmados en este terreno con Japón, India y China, y anunció el lanzamiento de un estudio conjunto sobre corredores de transporte ferroviarios entre Europa y Asia por parte del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo. De momento, Pekín ha optado por reservarse su opinión oficial hasta que Bruselas presente de forma completa su plan el próximo año. (Foto: Flickr, Jason Tong)
