Cuando se cumplen cinco años del golpe de Estado en Myanmar, se han dado a conocer los resultados de un proceso electoral que, en tres fases sucesivas, se celebró sólo en aquellas partes del país —menos de la mitad del territorio nacional— controladas por la junta militar. Aunque esta última presentó los comicios como el regreso a una democracia multipartidista, la mayor parte de las fuerzas de oposición —con la Liga Nacional por la Democracia de Aung San Suu Kyi a la cabeza— han sido ilegalizadas, y sus líderes están exiliados o se encuentran en prisión. Las elecciones han carecido en consecuencia de toda pretensión de legitimidad.
Ajenos a las críticas de la comunidad internacional, los militares birmanos simplemente trataron de institucionalizar su control del gobierno asegurando la victoria del oficialista Union Solidarity and Development Party (USDP). Con una supuesta participación del 55 por cien, muy por debajo del 70 por cien de las convocatorias anteriores al golpe en 2015 y 2020, el USDP obtuvo 339 de los 586 escaños de la Cámara. Sumados a los 166 (el 25 por cien) que la Constitución reserva a las fuerzas armadas, la junta dispone de este modo de un total de 505 diputados.
Concluido el fraude electoral, se especula con que el líder del país, el general Min Aung Hlaing, pudiera abandonar su uniforme para asumir como civil la presidencia del Estado cuando se inaugure en marzo el Parlamento: la Constitución prohíbe que la jefatura de la República y de las fuerzas armadas coincidan en la misma persona. No obstante, la reciente creación de un nuevo Consejo Consultivo, dirigido por él mismo, le permitiría sortear dicha disposición y mantener las riendas del poder real mientras continúa al frente del ejército.
El bloqueo de la transición política implica la continuidad de la guerra civil y la probable exacerbación de la fragmentación interna. Las autoridades no se han esforzado por resolver los conflictos estructurales de fondo ni por ganarse la confianza de la población. Pero la convocatoria electoral no puede entenderse al margen del contexto geopolítico y de los intereses de los Estados vecinos. China necesita mantener su posición de influencia en Myanmar para asegurar su acceso a sus minerales críticos así como al océano Índico, lo cual obliga a su vez a India y a Japón a acercarse al gobierno birmano. Bangladesh busca la manera de repatriar el más de un millón de refugiados rohingya en su lado de la frontera, mientras que Rusia no va a renunciar a su papel como principal suministrador de armamento.
Pekín es, no obstante, el actor principal. Si China ha apoyado abiertamente las elecciones es porque puede, a un mismo tiempo, maximizar la dependencia de la junta militar de su ayuda económica y financiera, e imponer sus términos de negociación a las milicias armadas del Norte, en cuyas zonas de actuación se encuentran los mayores depósitos de tierras raras importadas por la República Popular. La situación de inestabilidad nacional no pone en riesgo, por tanto, su influencia, ni obstaculizará el desarrollo del Corredor Económico China-Myanmar que conectará Kunming —la capital de la provincia de Yunnan— con el puerto de Kyaukphyu, construido por Pekín, en la bahía de Bengala. El nuevo Parlamento legalizará los compromisos con China, blindando su continuidad en el caso de un eventual cambio de gobierno.
Los militares, por resumir, continúan en el poder tras las elecciones, y el gobierno resultante será reconocido por las principales potencias de la región. Esta es la inevitable realidad, sobre la que poco o nada pueden hacer las democracias occidentales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta contrarrestar la presencia china en América Latina (con Venezuela como primer paso), en Oriente Próximo (vía Irán) y en el Ártico (a través de Groenlandia), pero la sombra de Pekín se agranda sobre el sureste asiático.
