El 29 de octubre concluyó la sesión plenaria del Comité Central con la que puede darse por comenzada la preparación del XXI Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh), cónclave que se celebrará en octubre de 2027. Con una agenda centrada en el fortalecimiento de la disciplina interna, se trataba en realidad de eliminar todo posible obstáculo a la concesión a Xi Jinping de un cuarto mandato como secretario general el próximo año.
En un discurso pronunciado a puerta cerrada en enero, y publicado este mes en Qiushi, la publicación ideológica de referencia del PCCh, Xi declaró que demasiados funcionarios ocultan su desprecio por las normas y valores de la organización tras una máscara de lealtad. Comparando los corruptos con árboles enfermos, indicó que el partido debería “arrancar los árboles enfermos y podar los que deberían podarse”. La resolución aprobada por el Comité Central hizo de nuevo hincapié en ese mismo objetivo y confirmó una nueva expulsión de cuadros “no aptos”.
La asistencia al encuentro ya reveló por sí misma el alcance de las purgas en marcha. Sólo participaron 279 de los 376 integrantes nombrados en el XX Congreso en 2022, mientras que en la reunión plenaria de octubre de 2025 acudieron 315 miembros y, en la de julio de 2024, 364. Las cifras indican pues que más de la cuarta parte de sus componentes originales han sido destituidos o se encuentran bajo investigación. Nada parecido había ocurrido desde los tiempos de Mao Tse-tung.
Al término de la sesión se formalizó la expulsión de 33 miembros del Comité, entre los que se incluía a dos antiguos miembros del Politburó, Ma Xingrui (exsecretario del Partido en Xinjiang) y el general Zhang Youxia (exvicepresidente de la Comisión Central Militar); al diplomático Liu Jianchao (exdirector del departamento internacional del Partido y valorado en su día como un potencial futuro ministro de Asuntos Exteriores); y a Jin Zhuanglong, exministro de Industria. Dieciséis de los expulsados pertenecían a las fuerzas armadas, cuyo órgano supremo de control –la Comisión Central Militar– sólo cuenta hoy con dos de sus siete miembros: el presidente, Xi Jinping, y el general Zhang Shengmin como segundo vicepresidente (este último fue ascendido al Politburó tras el Pleno). La suma de generales destituidos desde 2022 suman ya 36 y otros 65 están imputados o han desaparecido de la escena política.
Las purgas no se detienen en el Comité Central. Según informó la Comisión de Inspección Disciplinaria, la unidad del PCCh responsable de la lucha contra la corrupción, en los nueve primeros meses del año se investigó a 800.000 personas en la estructura de la organización y unas 680.000 fueron sancionadas. Hace sólo unos días, el vicealcalde de Pekín, Xia Linmao, fue también expedientado por “graves violaciones de la disciplina”, sumándose así a otros casos similares recientes, como los de los exalcaldes de Chongqing, Huang Qigan, y de Chengdu, Wang Fengchao.
Esta persecución de altos cargos es reflejo de lo que el secretario general denomina “autorrevolución”: la exigencia permanente de expulsión de aquellos funcionarios considerados corruptos, derrochadores o carentes de fervor ideológico. El Comité Central elogió a Xi por tener el valor de “afrontar la grave situación” al respecto, si bien señaló al mismo tiempo que el PCCh aún afronta “desafíos formidables” derivados de “la corrupción y la decadencia moral”.
El interrogante que plantea esta forma de actuar es si el control institucional favorece el dinamismo económico y la estabilidad política o puede ser, más bien, causa de todo lo contrario. Una mayor disciplina puede prevenir proyectos improductivos, pero también agravar la parálisis en las inversiones y en la innovación que Pekín trata de promover. Tampoco parece, por otra parte, que se pueda facilitar así el proceso de sucesión de Xi. El actual líder chino consolidará su poder de cara al próximo Congreso, pero no se ganará la confianza interna necesaria para una renovación tranquila cuando llegue la hora.
