La escalada de tensión en sus disputas con India, Japón y las naciones del sureste asiático, es la última demostración de los esfuerzos de China por aprovechar la oportunidad abierta por la pandemia para avanzar en la proyección de su influencia internacional. Como era previsible, esa política de confrontación ha conducido a la reacción de los países afectados contra las aparentes intenciones chinas de modificar el statu quo.
Japón, que espera en otoño la primera visita de Estado del presidente chino Xi Jinping—prevista para abril, fue pospuesta por el coronavirus—ha optado por una relación bilateral estable y equilibrada, y por un claro compromiso con Pekín en el terreno económico. Dicha inclinación se comparte, no obstante, con el desarrollo de sus capacidades militares y la conclusión de asociaciones estratégicas con otras naciones de la región, frente a un entorno de incertidumbre también causado por las dudas que provoca la estrategia Estados Unidos bajo la administración Trump. Según ha trascendido en los últimos días, Japón estaría reforzando en particular sus defensas aéreas, al desplegar el sistema de defensa antimisiles Patriot Pac-3 MSE en cuatro bases militares en la costa occidental del archipiélago.
Sin dejar de atender sus activos militares, este tipo de instrumentos no resultan viables para Delhi en sus divergencias con Pekín. Pero después de que tropas chinas mataran a 20 soldados indios en la zona en disputa entre ambos países en el Himalaya—China no ha dado a conocer sus bajas—, India se ve obligada a reconsiderar su relación con la República Popular. La respuesta a los incidentes más graves en la frontera desde 1975 se está produciendo sobre todo en la economía. Sin que se haya hecho ningún anuncio oficial, para Delhi lo más eficaz consiste en limitar el acceso de las empresas chinas al mercado indio. Esta “guerra económica” ha comenzado de manera informal en el bloqueo en las aduanas de las importaciones chinas, y en el estudio de nuevas tarifas y barreras no arancelarias a los productos procedentes de este último país. India también ha prohibido la descarga de 59 apps chinas, incluyendo la popular TikTok.
La mayor parte de los analistas creen que, dado el grado de interdependencia económica entre ambos países, quienes más pueden verse perjudicados son los consumidores indios. Pero Delhi sabe que cuenta con el apoyo de su población a una firme respuesta a China. Es más, como ya ha ocurrido por ejemplo en un mercado en Hyderabad, se va extendiendo un boicot popular contra artículos chinos. Es una movilización de naturaleza nacionalista que puede conducir, por lo demás, al abandono de los intentos de acercamiento por parte del gobierno a Pekín, para alinearse de manera más clara con Estados Unidos, un resultado escasamente beneficioso para los intereses chinos.
Por su parte, las naciones del sureste asiático—con limitaciones tanto en el terreno militar como en el económico por su proximidad geográfica y dependencia del mercado chino—juegan sus cartas en el campo de las normas y principios. En su cumbre anual, celebrada por videoconferencia el 26 de junio, bajo la presidencia rotatoria de Vietnam, la ASEAN adoptó un giro en su discurso con respecto a las disputas en el mar de China Meridional. Sin nombrar de manera explícita a la República Popular, reafirmó en términos rotundos el compromiso con la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS) como única base de regulación de los espacios marítimos. Se trata de un claro rechazo de las reclamaciones de Pekín que, aunque firmante de UNCLOS, no aceptó hace ahora cuatro años el fallo del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya en su contra. Aunque la pandemia ha impedido avanzar en el código de conducta que se negocia con China desde hace años, y cuya conclusión parece cada vez más lejana, si no imposible, el sureste asiático tampoco va a aceptar pasivamente las maniobras de Pekín en su entorno exterior.
