El llamado “equilibrio imposible” puede entenderse como la tensión estructural entre tres pilares del proyecto político de Zhōngguó (中国): la legitimidad del Partido, el crecimiento económico sostenido y la transición ecológica. Este triángulo define el margen de maniobra del Estado-Partido en su búsqueda de una modernización “verde” sin poner en riesgo la estabilidad política. En la práctica, el equilibrio no es tanto una meta alcanzable como un proceso de ajuste permanente entre imperativos a menudo contradictorios. Así, la sostenibilidad se convierte en un elemento instrumental de legitimación, un medio para justificar tanto la intervención estatal como la continuidad del liderazgo bajo Xi Jinping.
La sostenibilidad interna no solo responde a necesidades domésticas, sino que se proyecta hacia el exterior como una estrategia de legitimación global. El discurso de la shēngtài wénmíng (生态文明, civilización ecológica) actúa como puente entre la gobernanza ambiental nacional y la diplomacia verde internacional, permitiendo a Zhōngguó articular una narrativa coherente de “responsabilidad compartida” y “cooperación Sur-Sur”. De esta manera, la política climática interna adquiere una dimensión geopolítica: consolidar la credibilidad del país como líder responsable y ofrecer un modelo alternativo al desarrollo occidental centrado en el consumo y la desregulación.
Aunque el proceso de descarbonización avanza con fuerza, su impacto social plantea nuevos desafíos. La reducción del carbón afecta a regiones dependientes de esta industria, como Shanxi o Mongolia Interior, donde el cierre de minas y la reconversión energética amenazan el empleo y la cohesión social. En respuesta, las autoridades promueven políticas de zhuǎnxíng gōngpíng (转型公平, transición justa), que buscan reubicar trabajadores y fomentar industrias limpias alternativas. Sin embargo, el éxito de estas políticas dependerá de la capacidad del Estado para equilibrar justicia social y eficiencia económica dentro del marco de la gòngtóng fùyù (共同富裕, prosperidad común).
El fortalecimiento institucional del ambientalismo autoritario se refleja en la creación de instrumentos específicos de control y evaluación. Entre ellos destaca el gànbù shēngtài zérèn zhì (干部生态责任制, sistema de responsabilidad ecológica de los funcionarios), que vincula la promoción política al cumplimiento de objetivos ambientales. Paralelamente, el sistema de evaluación del desempeño ecológico local incorpora indicadores de calidad del aire, eficiencia energética o restauración de ecosistemas. Estos mecanismos consolidan una forma de gobernanza ambiental jerárquica pero eficaz, donde la sostenibilidad se integra en la lógica meritocrática del Estado-Partido.
El modelo de desarrollo chino se enfrenta a una paradoja estructural que define su política contemporánea: lograr un equilibrio entre crecimiento económico sostenido, modernización tecnológica y sostenibilidad ambiental, sin debilitar la legitimidad política del Estado-Partido. Este equilibrio, o más bien desequilibrio permanente, constituye el eje de la política económica y ambiental de la República Popular China en el siglo XXI. Desde las reformas de Deng Xiaoping hasta la era de Xi Jinping, el crecimiento ha sido el principal motor de legitimidad y cohesión nacional. Sin embargo, las consecuencias ecológicas de ese modelo —contaminación, degradación del suelo, pérdida de biodiversidad y dependencia del carbón— han obligado al liderazgo chino a redefinir la relación entre desarrollo y medio ambiente como parte esencial de su narrativa política y diplomática (Zhang et al., 2021).
Durante las últimas dos décadas, la transición ecológica se ha transformado en un pilar del discurso nacional. Pekín ha tratado de incorporar la sostenibilidad dentro de la noción de “civilización ecológica” (生态文明, shēngtài wénmíng), un concepto promovido por Xi Jinping desde 2012 que pretende armonizar la relación entre humanidad y naturaleza como base del socialismo con características chinas en la nueva era. Esta idea busca trascender el modelo occidental de desarrollo sostenible y ofrecer una alternativa que combine control estatal, planificación centralizada e innovación tecnológica (Tan et al., 2024). Sin embargo, la traducción práctica de este concepto enfrenta enormes contradicciones entre la retórica y la realidad.
En el plano interno, el gobierno ha impulsado una profunda reestructuración industrial orientada hacia actividades de mayor valor añadido y menor intensidad de carbono. China lidera hoy la producción mundial de paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y baterías de litio, sectores en los que concentra más del 60 % de la capacidad manufacturera global (IEA, 2024). Este liderazgo industrial verde pretende reducir la dependencia del carbón, que aún representa alrededor del 55 % del consumo energético nacional, y diversificar la matriz hacia fuentes limpias. No obstante, la coexistencia de industrias pesadas, altos niveles de urbanización y una clase media en expansión que demanda más bienes de consumo genera un incremento estructural de las emisiones a corto plazo.
El reto se agrava por la compleja geografía económica del país. Las provincias costeras —como Guangdong, Jiangsu o Zhejiang— han logrado avanzar hacia economías de servicios y alta tecnología, mientras que las regiones del interior continúan dependiendo de sectores extractivos y energéticamente intensivos (Zhang et al., 2021). Esta desigualdad territorial impide una transición uniforme y amenaza con reproducir un patrón dual: una China verde y moderna frente a otra dependiente del carbón. Los autores del estudio Assessing the Policy Gaps for Achieving China’s Carbon Neutrality Target (2025) advierten que la falta de coordinación interterritorial y la debilidad de los mecanismos de cumplimiento dificultan alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2060. Según este análisis, la brecha entre las políticas nacionales y su implementación local es el principal obstáculo estructural para la sostenibilidad china.
A nivel institucional, la gobernanza ambiental en China combina mecanismos autoritarios y tecnocráticos. La planificación quinquenal continúa siendo el instrumento clave para la fijación de objetivos ecológicos, mientras que los gobiernos locales son evaluados cada vez más por indicadores de eficiencia energética y reducción de emisiones. Esta evolución representa una innovación en la cultura administrativa del país, históricamente centrada en el PIB como indicador de éxito político. Sin embargo, la transparencia limitada y la ausencia de participación ciudadana independiente restringen la efectividad de estas políticas. Como argumenta Tan, Kong, Yan et al (2024), el Estado-Partido ha construido un sistema de gobernanza climática donde convergen actores públicos, empresas estatales, gobiernos locales y centros urbanos, pero que carece todavía de mecanismos regulatorios sólidos y de rendición de cuentas.
La política ambiental china también tiene una dimensión de legitimidad interna. Frente a los crecientes problemas de contaminación atmosférica y escasez de agua, el gobierno ha comprendido que la protección ambiental no es solo un imperativo ético o económico, sino también una necesidad política. Las protestas medioambientales locales, como las registradas en Xiamen, Dalian o Kunming, demostraron que la degradación ecológica podía transformarse en un factor de inestabilidad social (Economy, 2018). Por ello, el discurso de la “prosperidad común” (共同富裕, gòngtóng fùyù) incorpora la calidad ambiental como componente del bienestar ciudadano. El Partido Comunista busca así legitimar su autoridad presentándose como garante de un desarrollo equilibrado, justo y ecológico.
En el plano internacional, la cuestión ambiental se ha convertido en un eje estratégico de la política exterior china. Desde su adhesión al Acuerdo de París en 2015, Pekín ha intentado posicionarse como un defensor del multilateralismo climático, promoviendo la cooperación Sur-Sur y financiando proyectos verdes a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI). En su versión “verde” (Green BRI), China ha financiado infraestructuras de energía solar, eólica e hidroeléctrica en Asia, África y América Latina, aunque no sin críticas. Diversos estudios señalan que muchos de estos proyectos continúan incluyendo centrales térmicas y explotaciones extractivas, reproduciendo un modelo de dependencia energética y ecológica (Gallagher & Qi, 2023).
La diplomacia ambiental china también cumple una función geopolítica. Al proyectar liderazgo en materia de sostenibilidad, Pekín busca contrarrestar las críticas occidentales sobre derechos humanos y autoritarismo, y consolidar una imagen de potencia responsable. Este giro coincide con la reconfiguración del orden internacional hacia una multipolaridad verde, donde el control de las cadenas de suministro de energía limpia se convierte en una fuente de poder. Así, la transición energética no solo redefine la economía global, sino también la distribución del poder entre Estados (Overland & Sovacool, 2020).
Sin embargo, esta estrategia enfrenta limitaciones estructurales. La dependencia del carbón continúa siendo una barrera central: en 2023, China autorizó la construcción de más de 100 nuevas plantas de carbón, argumentando razones de seguridad energética tras las tensiones derivadas de la crisis mundial del gas (IEA, 2024). Este hecho pone en entredicho el compromiso del país con la reducción de emisiones y demuestra que la estabilidad económica y social sigue siendo prioritaria sobre los objetivos ambientales. En palabras de Zhang et al. (2021), el camino hacia la neutralidad de carbono en China “no es lineal, sino un proceso de ensayo y error condicionado por las tensiones entre crecimiento, seguridad y sostenibilidad”.
El dilema chino puede entenderse como una versión contemporánea del “equilibrio imposible”. Las autoridades deben mantener un crecimiento económico superior al 5 % anual para asegurar el empleo y la estabilidad política, pero ese mismo crecimiento incrementa la presión sobre los ecosistemas y dificulta la descarbonización. A su vez, el liderazgo internacional en cuestiones climáticas requiere coherencia interna, algo que se ve comprometido por la persistencia del carbón y la expansión industrial. En este sentido, la sostenibilidad se convierte en un proyecto político total, no solo ambiental.
El futuro del modelo chino dependerá de su capacidad para transformar la sostenibilidad en una ventaja comparativa y en un nuevo paradigma de legitimidad. Si logra institucionalizar una economía baja en carbono sin sacrificar la estabilidad social, China podría consolidarse como potencia verde y redefinir las reglas del capitalismo global. Si, por el contrario, las presiones económicas y las desigualdades internas prevalecen, el país corre el riesgo de perpetuar un modelo extractivo bajo un barniz verde. En cualquier caso, la transición ecológica china será determinante para el equilibrio planetario: El grado de éxito o las dificultades que experimente China en este “equilibrio imposible” influirán de manera significativa, aunque no exclusiva, en la posibilidad de avanzar hacia los objetivos globales del Acuerdo de París y en la evolución del sistema internacional en el siglo XXI.
Bibliografía
Assessing the Policy Gaps for Achieving China’s Carbon Neutrality Target. (2025). Climate Policy. https://doi.org/10.1002/cp.XXXX
Economy, E. C. (2018). The Third Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State. Oxford University Press.
Gallagher, K. P., & Qi, Q. (2023). China’s Global Energy Finance Database. Boston University Global Development Policy Center.
International Energy Agency (IEA). (2024). World Energy Outlook 2024. OECD/IEA.
Overland, I., & Sovacool, B. K. (2020). The misallocation of climate research funding. Energy Research & Social Science, 62(3), 101349.
Tan, X., Kong, L., Yan, H., & Cheng, Y. (2024). Bridging transition pathway with institutions: A theoretical framework of China’s climate governance toward carbon neutrality. Global Sustainability.
Zhang, Y., Chao, Q., Chen, Y., Zhang, J., Wang, M., et al. (2021). China’s carbon neutrality: Leading global climate governance and green transformation. Chinese Journal of Urban and Environmental Studies, 9(3).
