Desde su toma de posesión en enero de 2025, el presidente Trump se propuso romper el orden global que Estados Unidos construyó y lideró tras la segunda guerra mundial, y transformar el papel internacional de su país. En meses sucesivos declaró su hostilidad hacia reglas e instituciones, así como hacia los socios y aliados que durante décadas amplificaron la proyección del poder norteamericano, y a los que impuso unos aranceles punitivos a partir del 2 de abril (el denominado “día de la liberación” por la Casa Blanca). Al cierre del año, la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) certificó no sólo la ruptura de las relaciones transatlánticas, sino también el abandono de la tradicional estrategia seguida por Washington hacia Asia.
El mayor cambio con respecto a la región es el relacionado con China. La prioridad de la competición estratégica con la República Popular fue compartida por la primera administración Trump y por su sucesor, Joe Biden, y se esperaba su continuidad. A la “emergencia nacional” que según Trump estaban provocando las prácticas comerciales chinas, respondió el presidente con la imposición de unos aranceles de hasta el 145%. Pekín reaccionó por su parte con unas tarifas del 125% a las importaciones norteamericanas, el cese de la compra de soja, y la suspensión de la exportación de minerales críticos. Fueron medidas que desataron el pánico en el sector industrial y tecnológico de Estados Unidos y condujeron a Washington a reducir los aranceles al 20% y, más tarde, a abandonar las restricciones a la venta a China de semiconductores avanzados.
Pekín no sólo plantó cara a las amenazas de la Casa Blanca, sino que demostró el poder que le proporciona su control de las cadenas globales de valor y de la producción de tierras raras. De este modo, 2025 fue el año en el que Estados Unidos quiso declarar la guerra económica a China y ésta respondió en especie, confirmando el cambio estructural que se ha producido en el equilibrio de poder entre ambas potencias. Así pareció reconocerlo el propio Trump cuando, tras su encuentro con su homólogo Xi Jinping en Corea del Sur en octubre, se refirió a los dos países como un “G2” y, a finales de año, la ESN dejó de describir a China como amenaza militar. El objetivo de un gran pacto económico con Pekín —que Trump confía conseguir en 2026— ha sustituido a la rivalidad geopolítica que definió la política exterior de su primer mandato.
Esa nueva posición sobre China tiene, no obstante, notables consecuencias para el resto de la región. El concepto de un G2, una formulación que sitúa a Estados Unidos y a la República Popular sobre bases de igualdad, y a ambos por encima del resto de países y de otras plataformas multilaterales (como el G7 o el G20), puede poner en riesgo la estabilidad asiática. Aunque Pekín rechace formalmente la idea (pues sería incompatible con su ambición de liderar el Sur Global y con su defensa de un orden multipolar), supone la marginación de otros actores emergentes, como India, contraria a un mundo jerárquico de esas características; y el abandono por Washington de estrechos aliados y socios (como Japón, Corea del Sur, Australia o Taiwán), también opuestos al Asia sinocéntrica a que conducirían de facto las aparentes intenciones de Trump. Preocupadas por los efectos sobre su seguridad de un acomodo de la administración norteamericana a los intereses de Pekín, todas estas naciones se verían obligadas a reajustar sus cálculos estratégicos.
Nada asegura que Trump no vuelva a cambiar de opinión, ni que las relaciones entre Washington y Pekín no vuelvan a una espiral de tensión. Pero, entretanto, la República Popular confirma su percepción sobre el declive hegemónico de Estados Unidos y encuentra una nueva oportunidad para maximizar la ruptura entre este último y sus socios tradicionales. En último término, China ha adquirido la capacidad para negociar una división global del poder con unos Estados Unidos que ya no puede dictar las reglas de juego.
