La invasión rusa de Ucrania no sólo transformará la identidad de la Unión Europea como actor internacional. El apoyo a Moscú por parte de Pekín ha puesto de relieve la estrecha interconexión existente entre la seguridad euroatlántica y la seguridad asiática, propiciando una evolución similar en las democracias de esta última región. Así como los europeos—Alemania en particular—han despertado de su inocencia geopolítica para afrontar la realidad del desafío revisionista planteado por dos potencias autoritarias al orden internacional, la guerra de Ucrania ha contribuido asimismo a que Japón avance un escalón más en el proceso de normalización de su política de seguridad emprendido hace una década.
La amenaza de Corea del Norte, una China más asertiva en sus reclamaciones de soberanía y militarmente más poderosa, y una alianza con Estados Unidos condicionada por un incierto escenario internacional, condujeron a finales de 2013 a importantes cambios en las bases de la diplomacia japonesa. El gobierno de Shinzo Abe creó el Consejo de Seguridad Nacional, aprobó la primera Estrategia de Seguridad Nacional y actualizó las orientaciones de la política de defensa. Sin modificar la Constitución, que en su artículo 9 limita la proyección militar del país, una ley le otorgó en 2015 el derecho de autodefensa colectiva, sujeto a condiciones muy estrictas. Abe mejoró por otra parte la interoperabilidad con las fuerzas armadas de Estados Unidos y firmó acuerdos de asociación estratégica con India, Australia y varios miembros de la ASEAN.
Como en otros momentos clave de su historia, Japón supo adaptarse a la alteración de la estructura del sistema internacional. Siguiendo esa línea de continuidad, el actual primer ministro, Fumio Kishida, ha procedido a un nuevo reajuste, con la diferencia de que, esta vez, quedan prácticamente superadas las premisas que marcaron la acción exterior del país tras la segunda guerra mundial. Desde 1945, Japón no ha conocido un entorno de seguridad más complejo que el de estos tiempos.
Así lo percibe la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) anunciada por Kishida el pasado viernes. Frente al “desafío estratégico sin precedente” que representa China, la “amenaza cada vez más grave e inminente” de Corea del Norte y la “grave preocupación de seguridad” que es Rusia, Japón no tiene otra opción que reforzar sus capacidades defensivas y de disuasión. Conforme a los cambios previstos (detallados, además de en la ESN, en otros dos documentos que actualizan simultáneamente las directrices de defensa nacional), el país contará con medios de respuesta directa contra el territorio de otro país (respetando en cualquier caso las estrictas limitaciones legales de 2015) y, al igual que los miembros de la OTAN, aumentará su gasto en defensa hasta el dos por cien del PIB en cinco años. Dado el tamaño de su economía, esto significa que, pese a la aparente paradoja de su Constitución pacifista, Japón contará con el tercer mayor presupuesto militar del planeta, tras Estados Unidos y China.
La guerra de Ucrania ha servido para crear un amplio consenso nacional con respecto a la necesidad de fortalecer la política de defensa. No se han resuelto, en cambio, las diferencias sobre cómo financiar ese gasto, dadas las circunstancias demográficas y económicas de la nación, así como su gigantesca deuda pública. Pero lo relevante es este regreso de Japón como actor geopolítico proactivo, asumiendo un papel que, más allá de sus meros intereses nacionales, aspira a crear una estructura regional estable y basada en reglas. Sumados estos cambios a sus iniciativas de seguridad económica—concretadas en una ley aprobada en mayo—, y a la firme defensa normativa de los valores democráticos, Japón ha adquirido un liderazgo regional y una proyección global que se traducirá asimismo en una coordinación aún mayor con Estados Unidos y con sus socios europeos frente a los grandes desafíos estratégicos de nuestro tiempo.
