En una misma semana, los dos países del sureste asiático que parecían haber corregido el pesimista pronóstico sobre la regresión de la democracia en la región, han vuelto sin embargo a confirmarlo. Maniobras partidistas en Malasia y una resolución del Tribunal Constitucional en Tailandia revelan, en efecto, que ni la mayoría malaya en el primer caso ni las fuerzas armadas en el segundo, quieren un verdadero gobierno pluralista.
Las elecciones de mayo de 2018 en Malasia supusieron la derrota, por primera vez desde la independencia en 1957, de Barisan Nasional, la gran coalición que representa los intereses de la comunidad malaya (cerca del 70 por cien de la población). Un nuevo bloque, liderado de manera llamativa por el antiguo líder de la alianza malaya—y primer ministro de 1981 a 2003—, Mahathir Mohamed, ganó los comicios con la defensa de un programa multirracial y la denuncia de la corrupción gubernamental. Esta primera alternancia en el poder fue interpretada como una señal de que, pese a la persecución de la oposición durante años anteriores o la restauración—en 2012—de una draconiana ley de seguridad, la democracia malasia no había muerto del todo.
Tras tomar posesión primer ministro, esta vez con 92 años, Mahathir prometió la cesión del cargo tras un periodo de transición a su antiguo protegido, Anwar Ibrahim. Sin haber cumplido su promesa, el 24 de febrero anunció su dimisión, provocando la ruptura de la coalición ganadora en 2018. Sin entrar en sus motivaciones (sólo se puede especular sobre ellas), la consecuencia de su decisión ha sido un cambio en las mayorías en el Parlamento. Y, aunque no pueda descartarse la convocatoria a corto plazo de elecciones anticipadas, los partidos de afiliación malaya han vuelto a hacerse con el poder. Las comunidades china e india (que suman el 30 por cien restante de la población) han dejado de verse representadas por el gobierno, del que cabe prever asimismo el regreso a una política de islamización que, a su vez, ahuyentará la inversión extranjera, la mayor parte de la cual es de origen chino.
Entretanto, en Tailandia, donde después de dos golpes de Estado—en 2006 y 2014—, también parecía haberse recuperado la senda democrática con la convocatoria de las elecciones de marzo de 2019, el Tribunal Constitucional ha disuelto el Future Forward Party, y ha inhabilitado a sus líderes durante 10 años. Para sorpresa de los militares, que redactaron una nueva Constitución a su medida, este grupo político logró 81 escaños. Como tercera mayor fuerza parlamentaria, ha sido percibido como una amenaza para el poder de las fuerzas armadas. No es la primera vez que el Tribunal interviene de manera directa en la vida política nacional, lo que obliga a dudar de nuevo de la consolidación de la democracia tailandesa.
El escenario continúa abierto, sin embargo, en ambas naciones. Chinos, indios y activistas malayos no renunciarán sin más a su participación en el proceso político. En Tailandia, otro tanto ocurrirá con los jóvenes que apoyaron al partido ahora disuelto por, entre otras razones, su posición contraria a la presencia del ejército en el gobierno. Su reconversión en movimiento social augura una previsible etapa de inestabilidad.
