La intención de la administración Biden de restaurar la relación con los aliados, y el simultáneo interés europeo por restablecer los lazos transatlánticos, tienen como principal objetivo la gestión del desafío chino. Así se ha puesto de manifiesto en las sanciones impuestas conjuntamente por ambos actores—además de Reino Unido y Canadá—por los abusos cometidos en Xinjiang, y en el anuncio—realizado durante la visita del secretario de Estado, Antony Blinken, a Bruselas—de reactivación del foro de diálogo Estados Unidos-Unión Europea sobre la República Popular. La medida representa un nuevo paso adelante en la voluntad de la Casa Blanca de articular una respuesta unificada al ascenso de China, si bien la reacción de Pekín—que ha impuesto sanciones por su parte a parlamentarios y académico europeos—puede poner riesgo el acuerdo de inversiones firmado con la UE en diciembre.
China no se ha limitado sin embargo a elevar el tono y a responder con rapidez a las sanciones de que ha sido objeto. Sus movimientos diplomáticos tampoco se han hecho esperar. Apenas tres días después del encuentro de Alaska entre representantes chinos y norteamericanos, el 19 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, llegó a Pekín, donde los dos gobiernos acordaron mantenerse unidos frente a Occidente. “Ambos, dijo Lavrov, creemos que Estados Unidos desempeña un papel de desestabilización. Se apoya en las alianzas militares de la guerra fría y trata de crear nuevas alianzas con el fin de erosionar el orden internacional”. Con una preocupación aparentemente menor por las sanciones, las dos potencias estrecharán su cooperación en áreas de interés compartido y desarrollarán alternativas comerciales y financieras que no les haga depender de las estructuras y prácticas dominadas por las democracias occidentales.
Tras este nuevo gesto de aproximación entre Pekín y Moscú, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, aterrizó en Teherán el 26 de marzo. Durante su breve estancia, ambas naciones firmaron un acuerdo de cooperación estratégica por un periodo de 25 años, haciendo así realidad la propuesta sugerida por el presidente Xi Jinping con ocasión de su visita a Irán en enero de 2016. Aunque los detalles del acuerdo no se han dado a conocer, abarca sectores diversos, el militar incluido, y se traducirá en una significativa inversión china en el sector energético y en infraestructuras. La República Popular es el primer socio comercial de Irán y uno de los principales destinos de sus exportaciones de crudo, sujetas como se sabe a sanciones norteamericanas.
Ninguno de estos movimientos es mera coincidencia. El deterioro de la relación de Washington con Moscú tras llamar Biden asesino a Putin, y con Pekín tras adoptarse medidas concretas contra la violación de derechos humanos en Xinjiang, han ofrecido una nueva oportunidad para el acercamiento chino-ruso. Desde el asedio del Capitolio el pasado mes de enero, los dos gobiernos se consideran más legitimados que nunca para denunciar la disfuncionalidad de las democracias liberales y la falsa universalidad de sus valores. Al incluir a Irán en la ecuación, Pekín no sólo refuerza su presencia en relación con la dinámica regional de Oriente Próximo—de la que también es prueba su declarada oferta de mediar entre israelíes y palestinos—sino que ha lanzado otro claro mensaje a la administración Biden: tanto para presionar económicamente a Teherán como para rehacer el pacto nuclear de 2015 necesitará contar con China. Las piezas se siguen moviendo en el tablero geopolítico.
