Desde el pasado verano no han cesado las protestas de los jóvenes indios contra el gobierno de Narendra Modi. Aunque el primer ministro, en el poder desde hace doce años, sigue contando con una más que respetable popularidad, el conocido como movimiento de las “cucarachas” está dejando al descubierto las grietas de su maquinaria política.
Las manifestaciones arrancaron en julio después de que la administración exigiera a dos millones de estudiantes la repetición del examen de acceso a las facultades de Medicina (la prueba original se había filtrado). Este hecho, que según parece fue la causa del suicidio de al menos doce candidatos, desató las protestas de miles de jóvenes, a los que el presidente del Tribunal Supremo llamó “parásitos”. Las “cucarachas” se convirtieron así en símbolo de su resistencia frente a la represión de las protestas por las fuerzas del orden, y crearon –como una broma en un primer momento– su propio partido político: el “Cockroach Janta Party” (CJP), jugando con las siglas del Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi. Éste se vio obligado a ceder y forzó la dimisión del ministro de Educación.
Hace unos días volvieron masivamente a la calles para demandar en esta ocasión el cese del responsable de la oficina electoral tras haberse eliminado del censo a más de 130 millones de votantes (el 13 por cien del total). Para el gobierno se trataba de un proceso de verificación y actualización de los datos; para los manifestantes lo que se pretendía es reducir el peso de las fuerzas opositoras al nacionalismo hindú que representa el BJP. No es un asunto menor ya que en 2027 se celebrarán siete elecciones regionales, incluyendo las de Uttar Pradesh –el estado de mayor población de India–, cuyo ministro principal, Yogi Adityanath, podría ser el sucesor de Modi al frente del partido. En una situación de descontento generalizado entre los jóvenes, los comicios de 2027 –anticipo de las elecciones nacionales de 2029– son una oportunidad para los insatisfechos con el BJP.
Ni la represión por la fuerza del movimiento juvenil ni la detención la semana pasada (en dos sucesivas ocasiones) del fundador del CJP, Abhijeet Dipke, bastarán por ello para resolver el problema. Las manifestaciones han servido para canalizar la frustración de los jóvenes indios. El crecimiento económico del país es innegable pero, al apoyarse en el gasto público y en el sector servicios, no beneficia a todos por igual. La inversión privada es muy reducida y, al contrario de lo que ha ocurrido en otros países asiáticos, no termina de desarrollarse un sólido sector industrial. El resultado es un elevado desempleo juvenil: un 23 por cien entre los graduados universitarios. Es más: casi la cuarta parte de los indios de entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan. A la falta de oportunidades se suma la discriminación de la “minoría” musulmana (constituida por 200 millones de personas), y una creciente desconfianza en las instituciones.
Sería prematuro esperar un inmediato reajuste en la política india. La aprobación de Modi ha bajado ligeramente, pero más de la mitad de la población sigue calificando su gestión de “buena”, y posee más de veinte puntos de ventaja sobre otros posibles candidatos a primer ministro. Su coalición mantiene además la mayoría en el Parlamento. Aun así, al poner en duda la integridad del proceso electoral y la neutralidad de las instituciones, el movimiento juvenil se ha convertido en el mayor desafío político que ha afrontado el primer ministro desde 2014. El extraordinario despliegue policial al que ha recurrido el gobierno, y que refleja su nerviosismo, no servirá sino para alimentar aún más las protestas. Después de todo, las quejas de las “cucarachas” apuntan a los pilares centrales de la democracia india.
