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Los uigures ganan nuevas batallas. Nieves C. Pérez Rodríguez

Por estas fechas en 2018 esta servidora escribía por primera sobre la trágica y más reciente historia de los uigures. En aquel momento era muy poco lo publicado en castellano e incluso en inglés se dedicaban pocas líneas a contar la triste situación de esta minoría turca anclada en la provincia autónoma de Xinjiang, en el extremo oeste de China.

Desde entonces la tragedia no ha hecho más que aumentar. Miles de familias de esta etnia, junto con otras minorías musulmanas en China, han sido objeto de represión cultural, abusos físicos, esterilizaciones masivas, separación familiar y detenciones masivas en centros en los que ya muchos se atreven a llamarlos abiertamente campos de concentración.

Tal ha sido el número de denuncias que progresivamente los medios han ido dedicando más tiempo y líneas en dar a conocer esa dura situación. Desde Washington la lucha ha sido ardua, con unos 8.000 uigures residentes en Estados Unidos, muchos de los cuales tienen algún familiar desaparecido o incluso ellos mismo han sido víctimas directas de la persecución. Desde el Congreso también se han introducido varias leyes, bien sea para protegerles de trabajos forzosos o bien condenando el trato que reciben estas minorías en China, o la ley de protección de los Derechos Humanos de los uigures, entre otras.

Coincidiendo con el día internacional de Derechos Humanos, el 10 de diciembre, el Departamento del Tesoro anunciaba nuevas sanciones, en esta ocasión a Shohrat Zakir, presidente de la Región Uigur entre 2018 y 2021, y Erken Tuniyaz, quién lo sucedió en la posición y es el actual líder político de la región.

Asimismo, el 11 de diciembre la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmaba que está finalizando su reporte sobre Derechos humanos en Xinjiang. Aunque ya la ONU había afirmado con anterioridad que han identificado patrones de detención arbitraria, prácticas laborales coercitivas y erosión de derechos sociales y culturales.

La semana pasada también el Tribunal Uigur, un organismo independiente compuesto por abogados, académicos y empresarios, y que no tienen ningún poder estatal o gubernamental para sancionar a China, concluyó que el Partido Comunista chino está cometiendo genocidio y crímenes en contra de la humanidad hacia los uigures.

Al tribunal fueron sometidos los primeros documentos oficiales clasificados que se han filtrado, que, de acuerdo con el analista Adrian Zenz, “muestran que Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang, junto con otros funcionarios del gobierno central exigieron después del 2016 la puesta en marcha de políticas de reclusión, transferencia laboral coercitiva, educación en internados centralizados y control de la natalidad.

El presidente del tribunal, Geoffrey Nice, dijo que el fallo de genocidio se basa en la evidencia de las políticas de control de natalidad y esterilizaciones forzadas por el gobierno chino a los uigures y con el objetivo puesto es destruir una parte significativa de la población. Nice afirma también que las prácticas son parte integral de la política de Xi Jinping y de las altas esferas de poder en China.

En miras al nuevo año, el Congreso Mundial de Uigures (WUC por sus siglas en inglés) y el Proyecto Uigur de Derechos Humanos (UHRP) han instruido a abogados para que introduzcan una denuncia sobre crímenes internacionales cometidos contra los uigures y otros pueblos turcos en la región de autónoma de Xinjiang ante la Corte Penal Federal de Apelaciones de Buenos Aires. Todo parece indicar que coincidirá con los juegos olímpicos de Beijing de febrero.

Michael Polak, el abogado de nacionalidad británica encargado de introducir la denuncia ante la Corte argentina, decía a AP que “anticipa que China haga uso de su presión política y financiera hacia Argentina para intentar parar el caso en la Corte. No obstante, la primera barrera la pone la propia normativa de la Corte que contempla que la corte misma debe estar de acuerdo con recibir el caso. Aunque Polak insiste en que las evidencias son tan fuertes que la Corte argentina no debería tener ninguna dificultad en aceptarlo.

Esta semana el congreso estadounidense, después de muchas dificultades, conseguía aprobar la “ley de trabajo forzoso uigur” que representa no solo un gran éxito bipartidista sino una gran estocada a China. El proyecto de ley que fue introducido por el senador Marco Rubio -por el partido Republicano- y quien en los dos últimos años ha sido un ferviente defensor de la necesidad de aprobarlo, ha insistido en que esta ley ha tenido mucha oposición sobre todo desde las grandes corporaciones estadounidenses que han hecho un gran lobby en su contra para poder seguir importando productos de Xinjiang.

Con esta nueva ley se asegura que no podrán entrar a los Estados Unidos productos que han sido elaborados con trabajo forzoso de uigures u otras minorías en la región de Xinjiang. Por lo que las corporaciones estarán obligadas a investigar y probar que los productos que están importando fueron hechos en concordancia con las leyes estadounidenses.

El Senador Jeff Merkel -por el partido demócrata- afirmaba que “con esta ley estamos mandando un mensaje inequívoco en contra del genocidio y del trabajo forzoso. Mientras, nos aseguramos de que los consumidores estadounidenses puedan adquirir productos sin caer en la complicidad de los terribles abusos de los derechos humanos”.

La aprobación de esta ley, que aún debe pasar el filtro de la Casa Blanca pero que no se pone en duda que pase, llega en un momento muy oportuno y definitivamente manda un mensaje muy contundente a Beijing sobre sus prácticas y las consecuencias de estas en una economía globalizada.

Mientras tanto, China se ha dedicado a publicitar su propaganda para intentar limpiar su imagen sobre todo de cara a los juegos olímpicos de inviernos de Beijing. Sin embargo, las críticas contra los abusos a los derechos humanos en China han tenido más eco que nunca y parece estar claro que cada día es más difícil para Beijing disfrazar su auténtica realidad.

 

Los uigures continúan su lucha. Nieves C. Pérez Rodríguez

Entre el 12 y 14 de noviembre tuvo lugar la VII Asamblea General del Congreso Mundial de los uigures (World Uyghur Congress WUC, por su nombre en inglés).  El WUC es una organización con sede en Alemania que aboga por los derechos de los uigures y condena a China por sus abusos continuos a miembros de esta etnia minoritaria china, cuya mayoría se encuentra en la región de Xinjiang al extremo oeste de China.

El WUC fue creado en 2004 por un grupo de uigures exiliados que congregó fuerzas para defender los intereses y derechos fundamentales de los uigures. A través de los años la organización ha ido tomando más fuerza e importancia y han conseguido financiamiento y atención internacional.

Se estima que el Partido Comunista chino tiene retenidos más de 1 millón de uigures en unos centros le “reeducación” de acuerdo con el nombre dado por el propio gobierno chino, o también llamado campos de concentración por aquellos que han padecidos y han contado las atrocidades que allí adentro suceden.

Sin embargo, organizaciones pro derechos de los uigures como UHRP (Uyghur Human Rights Project) estiman que son cerca de tres millones de uigures los que se encuentran detenidos en estos centros en los que se practican esterilizaciones masivas de mujeres, políticas de asimilación cultural, torturas y trabajos forzosos entre muchas otras.

De acuerdo con Bahram Sintash, un arquitecto experto en arte y diseño uigur, que ha venido estudiando como la situación política se ha venido deteriorándose para su etnia, “está claro que lo que está haciendo Beijing es un genocidio cultural y religioso que comenzó en 1996 cuando lanzaron la campaña “atacar fuerte” y condenaron las actividades religiosas como ilegales. Desde entonces, la presencia de la policía en Xinjiang es constante. Después de los atentados del 11 de septiembre el uso del término terrorismo ha sido exponencialmente usado para justificar el patrullaje casi permanente. En 2017 fue oficialmente prohibido el uso de la lengua de los uigures en las aulas. Las restricciones religiosas del gobierno ahora son tan estrictas que efectivamente ha prohibido la práctica del islam”.

Las dificultades para estas minorías parecen no ser solo en Xinjiang puesto que la WUC, en los previos al evento, solicitaron a un hotel de la cadena Marriot en Praga reservar los salones para su asamblea general pero el hotel declinó la solicitud alegando “razones de neutralidad política, por lo que no podemos ofrecer eventos de este tipo con tema político”.

Aunque más tarde rectificaron y se disculparon, las autoridades de la organización uigur insisten en que se debe a la presión de las autoridades chinas. La Embajada china en la República Checa ya había aprovechado para condenar a la Organización, y aunque el hotel intentara remediar el error, está claro que el lobby del gobierno chino bien sea a través de sus oficinas diplomáticas o presiones directas a empresas tienen un fuerte impacto hoy en todos los sectores.

El evento, que contó con unos 200 uigures que se encuentran en el exilio y que se trasladaron de 25 países diferentes, tuvo como propósito elegir a las autoridades del WUC por los próximos tres años y contaron con expertos legales, académicos, diplomáticos, legisladores y sobrevivientes de los “centros de reeducación” que dieron testimonios de sus propias experiencias, analizaron las prácticas y la responsabilidad de lo que está sucediendo en la región autónoma de Xinjiang.

La persecución a los uigures ha despertado gran interés global especialmente en los dos últimos años. En junio de este año sesenta parlamentarios de dieciocho naciones condenaron las acciones del Partido Comunista chino hacia la minoría turca, junto con Amnistía Internacional y Human Right Watch. Ahora, además, se suman las denuncias de que unos 80.000 uigures así como de otras minorías musulmanas chinas están siendo transportados a otras regiones chinas y obligados a realizar trabajos forzosos en fábricas, de acuerdo con la información que manejan las organizaciones de derechos de los uigures.

Las denuncias traspasan el territorio chino y las organizaciones de derechos humanos han implicado a muchas grandes marcas como Adidas, Nike, H&M, Zara, Uniqlo, Marks & Spencer, o incluso firmas de lujo que usan el algodón producido en la región de Xijiang que al parecer no solo es de altísima calidad, sino que se produce en cantidades masivas.

En otro plano, el tomate producido en la misma región parece estar llenando los anaqueles de los supermercados occidentales, pero con el “Made in Italy” poque Italia compra el tomate de Xinjiang y lo envasa en su territorio. Solo en el 2021 las exportaciones de tomates chinos a Italia se duplicaron, según Adrián Zenz, investigador de la organización Victimas del Comunismo.

Para Beijing, todas estas campañas de descredito eran incómodas hasta hace poco, pero cada día se convierten en un problema mayor y más difícil de eludir. Si bien han jugado a presionar a empresas y entidades políticas con retirarle su apoyo, ahora la presión ha bajado al sector económico o incluso deportivo, cada día más consciente de los abusos que el Partido Comunista es capaz de ejercer en sus propios ciudadanos.

Si las prohibiciones como la del uso del algodón siguen imponiéndose en otros productos como el tomate o cualquier otra materia que produzca China, más pronto que tarde Beijing tendrá que corregir, al menos parcialmente, su comportamiento para poder seguir exportando productos que el mundo necesita, pero que a ellos les ha permitido convertirse en la segunda economía del mundo.

Los uigures están pagando un altísimo precio para que el PC chino sigua adelante con sus planes control y definición de una única identidad china. Su región es precisamente la puerta de salida de la Ruta de la Seda hacía Asia central y por ahí conectar con Europa. Las naciones democráticas deberían seguir imponiendo restricciones a los productos originarios de esta región para intentar así parar esta terrible persecución cuya misión tiene borrar la identidad de una etnia que coexistido por siglos en esta región.