Estoy de acuerdo con los taxistas. No puede haber competencia leal cuando las reglas de juego son diferentes. Las condiciones deben ser las mismas para todos. Ahora bien, eso no significa tengan que ser eternas e inmutables. Deben estar a la altura de los tiempos. No podemos vivir con soluciones concebidas para una tecnología obsoleta.
Como escribía hace un tiempo Gerard Llobet en Nada Es Gratis, “tomar un taxi ya no es lo que era”. Durante décadas, la profesión estuvo profusamente reglamentada, y con razón. El mundo estaba lleno de peatones que buscaban transporte, pero ¿cómo localizar a un conductor dispuesto a llevarte? ¿Y qué garantías había de que conociese su oficio y no se aprovechara de que estabas en una estación, cargado de bultos y niños, para cobrarte lo que le viniera en gana?
Para sortear estas dificultades se creó un sistema de habilitación administrativa y tarifas oficiales que ha funcionado razonablemente, pero que no carece de pegas. A los requisitos iniciales se fueron sumando otros cuya justificación era ofrecer la máxima calidad, pero que en la práctica encarecían el servicio y dificultaban la entrada de competidores. La principal barrera es la propia licencia. En Madrid no se concede ninguna nueva desde 1980, a pesar de que la población y, sobre todo, el turismo han aumentado.
Pero incluso cuando su concesión se flexibiliza, plantea inconvenientes. En Irlanda desregularon el sector del taxi en 2000 e inicialmente les fue muy bien, porque miles de conductores se lanzaron al mercado para atender una demanda que crecía a ritmo de burbuja. Pero cuando el ciclo se dio la vuelta, la oferta no se redujo, porque ¿adónde iba a irse la gente ahora que no había trabajo en ningún lado?
Todas estas molestias las ha resuelto internet. Las móviles permiten localizar instantáneamente el coche disponible más próximo, sin que haya que pintarlo de blanco ni ponerle una bombillita verde. Los comentarios de los usuarios proporcionan una información mucho más abundante y práctica (es limpio, conduce con suavidad) que un frío número administrativo. En cuanto al ajuste entre oferta y demanda, un algoritmo sube los precios cuando detecta escasez (a la salida del cine, los días de lluvia), lo que incentiva la entrada de vehículos y reduce las esperas.
Lo lógico sería que la Administración tomara nota de esta realidad y aligerara de exigencias la prestación del servicio, lo que permitiría abaratarlo. Pero, en lugar de ello, discurre requisitos adicionales, como la precontratación, para nivelar la competencia. ¿Se imaginan que las autoridades hubieran obligado a los automóviles a acompasar su velocidad a la de los coches de caballos? ¿O que las bombillas eléctricas no pudieran superar la luminosidad de las velas o las bujías de gas?
El bienestar de una nación no depende de preservar los empleos improductivos, sino de sustituirlos por otros más eficientes, que facilitan bienes y servicios superiores y más asequibles. Mansa Musa, el rey maliense del siglo XIV que los expertos consideran el hombre más rico de la historia (su fortuna convertida a dólares actuales cuadruplicaba la de Bill Gates), era un desgraciado comparado con el más humilde de los europeos. No podía tomar una aspirina si le dolía la cabeza ni pulsar el interruptor para encender la luz y, para comunicarse con sus aliados, debía despachar camellos que tardaban meses en llevar y traer un pergamino.
El enorme avance experimentado desde entonces ha sido posible gracias a la asimilación de nuevas tecnologías, no a su marginación. Es verdad que es un proceso que genera perdedores, pero nuestras sociedades son lo suficientemente prósperas como para permitirse aliviar el perjuicio.
Impedirlo por completo es, sin embargo, un disparate. Tomar un taxi ya no es lo que era, como tampoco lo es escuchar música, informarse de la actualidad, hacer fotos o consultar la enciclopedia. Y si Occidente ha sobrevivido a la reestructuración de tantos sectores, podrá soportar la del transporte de viajeros. (Foto: Chris Schmid, flickr)
