El Estado chino en su constante afán por controlar y vigilar a su pueblo, y con la excusa de mantener la unidad y prevenir cualquier posible conflicto interno, creó los centros vocacionales, de acuerdo al nombre oficial, o campos de concentración de acuerdo a quienes han sido víctimas o han estado recluidos allí. La BBC sostiene que a día de hoy debe haber alrededor de un millón de personas detenidas en estos centros que son obligadas a estudiar el comunismo, repetir cánticos al Estado chino y expresar su agradecimiento a Xi Jinping y abandonar sus prácticas religiosas a base de maltratos, fuerza e intimidación.
La gran mayoría de los recluidos en estos centros son uigures, la minoría musulmana que geográficamente se encuentran en Xinjiang, la región autónoma china de mayor dimensión ubicada al oeste del territorio. Tal y como se afirmaba en la primera entrega, los uigures constituyen una etnia que han sido perseguida por el Estado chino bajo la acusación de que son extremistas religiosos capaces de ejecutar atentados terroristas.
El Global Times -que refleja la política del Estado chino- ha publicado editoriales en los que básicamente exponen el riesgo de que la región de Xinjiang se convierta en la Siria o la Libia de China. No es más que la visión que el Partido Comunista Chino quiere difundir para poder justificar sus acciones. Aunque ciertamente ha habido ataques terroristas en la región, la represión a la tienen sometido a los uigures no se corresponde con el número de incidentes y/o células islamistas identificadas en la zona.
En septiembre de este año, la organización Human Rights Watch publicó un informe de más de cien páginas que contiene una larga lista de las arbitrariedades de la que es víctima esta minoría a manos del gobierno chino. “A lo largo de la región, la población musulmana turca de 13 millones de personas está sujeta a adoctrinamiento político forzado, castigos colectivos, restricción de movimiento y comunicación, mayores restricciones religiosas y vigilancia masiva que viola los derechos humanos», reza el informe.
Asimismo, el pasado agosto, el comité de eliminación racial y discriminación de Naciones Unidas, describía los centros de internamiento masivos cómo “una zona de no derechos”.
Las consecuencias llegan hasta los niños, pues muchos hijos de uigures que han estado o se encuentran actualmente recluidos son considerados huérfanos por las autoridades. Según Emily Feng, la corresponsal de Financial Times en Beijing, se está retirando a los niños incluso cuando sus familias están dispuestas a cuidarlos. «Si la teoría es que el gobierno chino está tratando de erradicar la identidad de los uigures, entonces tiene mucho sentido perseguir a la próxima generación de niños uigures mientras sus padres son detenidos y reeducados», sostiene.
Además, ha habido un esfuerzo en repoblar la región de Xinjiang. El gobierno local de Xinjiang ha prometido casas sin coste y bonos extras a profesionales universitarios que estén dispuestos a trasladarse a vivir y trabajar allí. Les ofrecen contratos por 5 años de duración y viviendas que cambian de dimensión de acuerdo al nivel académico alcanzado. A más nivel más metros cuadrados. Entre otros beneficios están 30 días de vacaciones y subsidios de pasajes a familiares que viajen hasta Xijiang para visitarlos. Otra política que a largo plazo irá modificando la esencia autóctona de la región, y la convertirá más pro-partido comunista chino.
De acuerdo al servicio de chino de noticias, en tan sólo seis meses las autoridades de Xinjiang han atraído 661 profesionales con másters. Y para el 2019 tienen previsto planes de reclutamiento en Universidades de Beijing y en las ciudades de Hubei y Henan -en el centro de China- y en la provincia de Jiangsu -ubicadas al este del país-.
A pesar de la escasa información de las recurrentes violaciones a los derechos de los uigures, en los últimos seis meses de este año ha habido un ligero despertar internacional y no sólo de organizaciones internacionales sino de Estados.
El pasado agosto, dieciséis senadores estadounidenses enviaron una nota desde el Congreso al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado para pedir abrir una investigación, que seguramente acabará en sanciones al gobierno chino, por la violación de los derechos humanos de esta minoría. Al que el gobierno chino al día siguiente contestó que las minorías étnicas en chinas tienen libertad religiosa, mayor incluso que los Estados Unidos. Es hora que a China se le denuncie y sancione más internacionalmente con consecuencias económicas que tengan repercusión en su desarrollo económico. (Foto: Lorenzo Fiorilli, flickr.com)
