La difícil situación de los uigures, la etnia turca que lleva asentada varios siglos en la región autónoma de Xinjiang, es cada día más precaria. El Partido Comunista Chino ha hecho todo lo que está en su poder para mantener absoluto control social, usando tecnología punta de vigilancia y registro diario de los ciudadanos de este grupo. Además de mantener un escrutinio cotidiano de las actividades rutinarias de los uigures, el envío de ésta minoría a los centros de reeducación chinos o los llamados por los expertos “campos de concentración”, en los que se llevan a cabo todo tipo de atrocidades como esterilizaciones masivas de mujeres para reducir el número de nacidos de este grupo, violaciones sexuales de las reclusas y lavado del cerebro buscando eliminar cualquier valor religioso o cultural musulmán distinto al comunista chino.
Las constantes denuncias de quienes han podido escapar de allí, junto con las imágenes satelitales, prueban la existencia de estos centros de reclusión masiva pero con características de cárceles de alta seguridad, con paredones altos, alambradas de espinas cercando los edificios y torres de vigilancia. Una serie de documentos del PC chino que han sido filtrados y minuciosamente estudiado demuestran que estos centros son mucho más que instituciones de educación profesional para dar un oficio a adultos que no lo tengan como alegan las autoridades chinas.
Muchos de estos reportajes y testimonios fueron las razones esgrimidas por la Administración Trump como pruebas de que esta minoría padece todo tipo de violaciones de derechos humanos de manos del PC chino. En efecto, la primera ley en el mundo aprobada para los derechos humanos de los uigures fue introducida en el 2018 y aprobada en junio del 2020 en los Estados Unidos, y desde entonces no ha hecho sino crecer el interés por denunciar lo que el PC chino está haciendo a los uigures, que no es más que tratar de borrar su identidad y hasta reducir considerablemente el número de ellos en territorio chino.
En octubre del 2020 se introducía una resolución en Washington por ambos cámaras para definir las atrocidades a los uigures como genocidio y, en diciembre de ese mismo año, una comisión bipartidista celebraba que el entonces secretario de Estado en funciones solicitó una partida especial durante el año fiscal 2021 para investigar más sobre las persecuciones a uigures, kazakos, kirguíses y otros grupos musulmanes minoritarios.
El secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, antes de ser ratificado en su puesto, afirmó estar de acuerdo con que China estaba cometiendo genocidio contra los uigures. También tildó de campos de concentración a los centros a los que son enviados. Y además instó a hacer una revisión de los productos que se importan desde China para prevenir que estos sean producidos en dichos campos. En una entrevista concedida a principios de marzo dijo “No podemos consumir productos que se fabrican como resultado del trabajo forzoso, no deberíamos comprarlos, es más deberíamos conseguir que otros países hagan lo mismo”.
Biden recibe un congreso en el que hay consenso bipartidista sobre las crueldades que ha cometido el PC chino en contra de esta etnia. Desde el Senado se ha presionado y trabajado desde el 2018 con la introducción de diferentes leyes y proclamaciones que reflejan el sentimiento de rechazo a lo que está sucediendo a estas minorías. La comisión internacional del Senado ha sido firme en mantener su lucha por la preservación de los derechos humanos de estas minorías musulmanas chinas.
En febrero el comité de relaciones internacionales del Senado enviaba una carta a Jeffrey Bezos CEO de Amazon para alertarlos sobre Danua, el fabricante chino más grande del mundo de cámaras y software de reconcomiendo facial que ha sido utilizada en China para detectar la raza de las personas y que envía alertas a la policía cuando detectan miembros de la etnia uigur. La misiva fue enviada en el marco de una negociación de Amazon con Dahua por un valor de 10 millones de dólares y explica que, aunque no es ilegal que le compren productos, podría dañar su imagen por tener negocios con empresas que violan los derechos humanos. Dahua ha sido sanciona por el Departamento del Tesoro, pero de momento puede seguir operando y vendiendo en territorio estadounidense.
El 17 de marzo quince senadores de ambos partidos enviaban una carta al secretario de estado solicitando más apoyo a las minorías musulmanas en china. Pedían que el Departamento de Estado pueda concederles estatus especial de refugiado, que se coordinen acciones con socios y aliados como Australia, Canadá y países europeos para que estos consideren otorgarles estatus de refugiados también. Y solicitan que los países que albergan grupos de estas minorías como Turquía, Tailandia, Arabia Saudita y Kazajstán sean alentados a protegerles de ser extraditados por petición de Beijing.
Se ha observado también cómo la Cámara de Representantes está apoyando la misma causa aprobando alguna de las leyes introducidas en el Senado. Y justamente el 8 de marzo 2 representantes republicanos y 1 demócrata introducían un nuevo proyecto de ley en el que solicitan “designar a los residentes de la región autónoma uigur de Xinjiang como refugiados prioritarios basado en la preocupación humanitaria de su situación”.
Este proyecto de ley se produce en un momento muy oportuno en el que los uigures corren un riesgo significativo de repatriación a China desde muchos países en los que se encuentran, debido a los tremendos esfuerzos del gobierno chino para forzar su regreso a través de canales diplomáticos.
De acuerdo con un asistente del Senado con el que pudimos conversar, se está presionando discretamente y a puertas cerradas para que se apruebe muy posiblemente esta semana la ley de “trabajo forzoso de los uigures” que es un proyecto de ley que se introdujo el pasado 12 de marzo del 2020 que, desde sus comienzos, ha contado con apoyo bipartidista. Y que busca prevenir la introducción al mercado estadounidenses de productos producidos en Xinjiang por esta etnia en condiciones forzosas. Aunque esta ley cuenta con rechazo de grandes firmas como Nike, Adidas, Marks & Spencer, Zara, puesto que China es el mayor productor de algodón del mundo.
A tan sólo dos meses de haberse instalado en el gobierno la Administración Biden no ha frenado el ritmo con el que venían gestionándose la política exterior hacia China, especialmente en cuanto a la denuncia de la violación de los derechos humanos de las minorías chinas. Todo indica que continuaran el mismo camino y la misma presión que ejerció la Administración Trump e incluso de aprobarse una ley para otorgarle estatus de refugiados especial a los uigures, se les estaría otorgando un privilegio no solo de protección domestica en Estados Unidos sino de una especie de custodios internacionales allí donde se encuentren.
