Inquieto porque el gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (el partido que en las elecciones generales de 2019 revalidó la mayoría obtenida en 2015) pudiera acabar con el control por los militares del ministerio de Defensa y de distintos sectores de la economía, el ejército de Myanmar—en cuyas manos estuvo el país entre 1962 y 2010—dio un golpe de Estado el pasado 1 de febrero.
Desde entonces la junta militar ha reprimido brutalmente toda forma de disidencia, con un resultado de más de mil muertos. La economía también ha estallado: numerosos bancos carecen de liquidez, y buena parte de las empresas extranjeras han abandonado el país. Cerca de un millón y medio de empleos desaparecieron en el segundo semestre del año, y el Banco Mundial estimó en verano que el PIB caerá un 18 por cien en 2021. Myanmar podría estar cerca de convertirse en un Estado fallido, con el consiguiente riesgo de inestabilidad para las naciones vecinas. Los problemas de gobernabilidad, el aumento de los contagios por Covid (Myanmar puede convertirse en un transmisor masivo de nuevas variantes de la pandemia), y el creciente flujo de refugiados representan una grave amenaza para la región.
Con su atención puesta en otros asuntos, las principales potencias se han mantenido más bien al margen. Estados Unidos y otras democracias no han ido más allá de la imposición de sanciones e India ha mantenido un significativo silencio, mientras que China se ha negado a condenar a la junta y Rusia ha aprovechado para aumentar sus ventas de armamento. Más grave resultaba que quien tenía una especial responsabilidad con respecto a la cuestión, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), no ofreciera ninguna respuesta.
De ahí la llamativa decisión de no invitar al líder birmano, general Min Aung Hlaing, a la cumbre anual de la organización que se celebra esta semana. Es un gesto que puede interpretarse como una victoria simbólica para el Gobierno de Unidad Nacional en el exilio, aunque lo relevante es que la ASEAN no ha expulsado a Myanmar ni ha suspendido su participación en las reuniones de altos funcionarios. Su actitud parece por tanto contradictoria, si bien es un claro reflejo de su tradición de no injerencia en los asuntos internos de los miembros y de adopción de decisiones por consenso.
A mediados de octubre, Indonesia, Malasia, Filipinas y Singapur condenaron el golpe, exigieron la liberación de los prisioneros políticos y demandaron que no se invitara al general Min a la cumbre de este año; una posición que no fue compartida por Tailandia—también controlada por las fuerzas armadas—así como por Camboya y Laos.
El problema es que la crisis birmana representa un incómodo desafío a la credibilidad de la ASEAN. La resistencia de la junta militar a poner en marcha el plan de cinco puntos acordado—con su visto bueno—por los ministros de Asuntos Exteriores de la organización en abril para el cese de la violencia no le dejaba mucho margen de maniobra. Ni podía aparecer como protectora del régimen, ni podía arriesgarse a que, en un contexto de preocupación por la creciente influencia de China, el presidente de Estados Unidos decidiera no acudir a la próxima Cumbre de Asia Oriental, de cuya gestión se ocupa la ASEAN. También las cumbres bilaterales con Estados Unidos y con la Unión Europea podían verse en el aire de no adoptarse ninguna respuesta frente a Myanmar.
No parece que la exclusion de la cumbre del general Min vaya a abrir paso a una aproximación más eficaz al conflicto, pero el gesto es revelador del dilema permanente que afronta la organización a la hora de equilibrar la pretensión de mantener su centralidad en una era de rivalidad entre las grandes potencias, y los condicionantes impuestos por sus propias prácticas de funcionamiento.
