La inauguración, el 5 de marzo, de la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional china, estuvo precedida por el anuncio—extraordinario aunque no sorprendente—de la eliminación del límite temporal de dos mandatos establecido por la Constitución para el ejercicio de la presidencia de la República Popular. Tales límites no existían de manera oficial ni para la secretaría general del Partido Comunista ni para la presidencia de la Comisión Central Militar, las dos verdaderas fuentes de poder del máximo líder chino. Xi Jinping controla ahora todos los resortes del Partido y del Estado, y potencialmente puede mantenerlos de por vida.
Es el resultado que cabía esperar de las sucesivas maniobras políticas realizadas por Xi desde su nombramiento como secretario general a finales de 2012. Pero es una decisión difícil de entender en el contexto de la historia china del siglo XX, que marca además tanto una regresión en la institucionalización del sistema político como un desafío ideológico a Occidente. ¿Qué puede haber llevado a Xi a esa concentración de poder que, de manera inevitable, obliga a recordar el desastre del maoísmo? Las justificaciones oficiales son muy pobres, y se centran en la necesidad de asegurar la estabilidad nacional. El presidente, marcado por la experiencia de la implosión de la Unión Soviética, considera necesario fortalecer el papel central del Partido Comunista y, por tanto, la ortodoxia ideológica. Lo que supone, por definición, debilitar las instituciones estatales. Considera, además, que su liderazgo personal del Partido es un imperativo para gestionar la transición hacia un nuevo modelo de crecimiento económico, así como para consolidar el ascenso de la República Popular al centro del sistema internacional.
La contradicción es obvia. La quinta parte de la humanidad vuelve a un régimen dictatorial en abierta divergencia con su modernización social y económica. Xi cree en la superioridad moral y práctica del comunismo chino frente a las que percibe como debilitadas democracias occidentales. El problema es que se trata de una apuesta arriesgada en múltiples frentes. Su control personal del Politburó y del Comité Central desde el pasado XIX Congreso del Partido no significa que haya neutralizado a todos sus enemigos en el seno de la organización. El abandono del sistema de liderazgo colectivo impuesto en su día por Deng Xiaoping para evitar precisamente la irrupción de un nuevo Mao, se suma ahora a los efectos de la campaña anticorrupción como fuente de oposición interna. Mayor alcance puede tener a medio plazo, con todo, la reacción de una sociedad más formada, con nuevas expectativas y con una memoria aún viva de las consecuencias del maoísmo.
Si, por otra parte, Xi considera que es una medida que le facilitará la transformación estructural de la economía, al poder imponer las reformas necesarias frente a las resistencias que encuentra en las propias estructuras del Partido, no resulta fácil entender cómo podrá hacerlo. Un mayor control ideológico y una vigilancia constante de la lealtad a su liderazgo no podrá favorecer la innovación ni la adopción de las normas e instituciones que requiere una economía avanzada.
De cara al exterior se van despejando asimismo las dudas sobre las intenciones de la diplomacia china. El desafío, además de económico y estratégico, pasa a ser también ideológico. Pekín sabe que su discurso sobre la existencia de opciones diferentes de la democracia liberal encaja con las preferencias de líderes políticos de distintas partes del mundo. Para Estados Unidos, Europa y Japón, entre otros, se amplía pues el espacio en que actuar. De verdad comienza, como declaró Xi en el Congreso del Partido Comunista en octubre, una “nueva era”. Lo será tanto para China como para el resto del mundo.
