Coincidiendo con el 30 aniversario de su transición a la democracia, Corea del Sur acaba de pasar por una dura prueba para la solidez de sus instituciones: la destitución de la presidenta Park Geun-hye. El 10 de marzo, por unanimidad, el Tribunal Constitucional confirmó el procedimiento puesto en marcha por la Asamblea Nacional el pasado mes de diciembre, tras conocerse que la presidenta compartía información clasificada con una amiga y confidente, que ésta utilizó para enriquecerse de manera ilícita. Termina así un periodo de inestabilidad y de manifestaciones populares, a favor y en contra de Park, que han revelado la profunda división ideológica y generacional de la sociedad surcoreana.
Algunos analistas hacen hincapié en la polarización social de los últimos meses, acentuada por un contexto de resistencia de los más jóvenes a los patrones jerárquicos propios de la cultura confuciana, el aumento del desempleo entre los graduados universitarios, y las presiones derivadas del rápido envejecimiento demográfico. Pese a unas circunstancias que no favorecen a priori la estabilidad política, los recientes acontecimientos quizá contribuyan sin embargo a fortalecer el sistema.
La decisión del Tribunal Constitucional confirma, por un lado, el respeto al Estado de Derecho en una cultura política habituada al autoritarismo. El “impeachment” de Park ha abierto un debate sobre los defectos del modelo en vigor y la conveniencia de adoptar un modelo parlamentario o semipresidencialista (por ejemplo estableciendo la figura de un presidente con dos mandatos de cuatro años en vez de uno solo de cinco como el actual), que permitiría avanzar hacia un esquema político más transparente y participativo.
El impacto sobre la estrecha relación entre gobierno y grandes empresas, otra señalada característica del sistema político surcoreano, puede ser también significativo. La detención por soborno, vinculado con el mismo caso, de Lee Jae-Yong, heredero de la familia propietaria de Samsung, muestra que—en el fondo—han sido unas prácticas tradicionales las sometidas a juicio. La concentración del PIB surcoreano en un reducido número de conglomerados empresariales (“chaebol”) no parece ajustarse a los imperativos de una economía moderna en el siglo XXI. La prioridad por la innovación que tantos resultados ha proporcionado a Corea del Sur no es suficiente en una estructura de los negocios demasiado cercana al poder político, con el consiguiente riesgo de corrupción, de favoritismo y de decisiones equivocadas.
La vida política nacional no puede separarse, por último, de su entorno exterior y, en particular, de su vecino del Norte. Su situación geográfica entre tres grandes—China, Japón y Rusia—constriñe su margen de maniobra diplomático. A ello se suman los giros que suelen producirse en la política exterior surcoreana según el signo político del gobierno de turno. Los sondeos apuntan a la posible victoria, en las elecciones del próximo 9 de mayo, del liberal Moon Jae-in, quien fue jefe de gabinete del expresidente Roh Mu-hyun. De confirmarse tal resultado es previsible una política de acercamiento a Pyongyang, y de relativo distanciamiento de Estados Unidos (Moon se ha mostrado contrario al recién desplegado sistema antimisiles).
El próximo presidente herederá una nación divida. No obstante, no deben minusvalorarse las consecuencias de la destitución de Park. Lejos de afectar a la imagen internacional de Corea del Sur, representa un nuevo paso adelante en la consolidación de su democracia. En un contexto global de auge de movimientos autoritarios y populistas, y con una preocupante regresión democrática en el sureste asiático, hay que felicitarse por la victoria del Estado de Derecho en una de las grandes naciones del noreste de la región. Cuando parece reducirse el peso internacional de Europa, el futuro de la democracia dependerá en no pequeña medida del fortalecimiento del pluralismo en Asia.
