Desde hace al menos una década, Japón afronta un triple dilema en su entorno geopolítico: cómo prevenir un estatus subordinado a China en Asia; cómo corregir una excesiva dependencia en su relación con Estados Unidos; y cómo equilibrar las relaciones con ambas potencias sin convertirse en rehén de su rivalidad. Puesto que Japón no puede permitirse abandonar la alianza con Washington ni renunciar a su relación de interdependencia económica con Pekín, tenía que dar forma a una estrategia que permitiera defender sus intereses y valores en esta era de cambios en el equilibrio de poder.
Fue Shinzo Abe, el exprimer ministro asesinado el pasado 8 de julio, quien supo articular una respuesta a esa encrucijada, abandonando las premisas de la diplomacia japonesa posterior a 1945—la conocida como “doctrina Yoshida”—, para dar a su país una nueva identidad como actor internacional. Sus propuestas fueron, no obstante, más lejos, pues supo intuir como pocos los vientos de cambio que se avecinaban en la seguridad regional y, con sus ideas e iniciativas, hizo que fueran otros actores—Estados Unidos incluido—los que le siguieran. Así ocurrió con el concepto del Indo-Pacífico, que no existió hasta que Abe lo empleó para describir la realidad de una Asia cada vez más interdependiente, o con el diseño del QUAD como expresión de una comunidad definida por los valores democráticos.
Considerando a un mismo tiempo los intereses de Japón y los de la región en su conjunto, Abe construyó una estructura diplomática que perseguía tres objetivos. El primero de ellos consistía en preservar el equilibrio de poder en Asia estableciendo un contrapeso eficaz de China. Aunque el eje principal de este último es el sistema de alianzas liderado por Estados Unidos, Japón lo ha completado durante estos años con una red adicional de asociaciones estratégicas con otros Estados vecinos. Participando de manera proactiva en la redefinición de la arquitectura de seguridad regional con el fin de condicionar el margen de maniobra chino, mientras de manera paralela ha “normalizado” su propia política de defensa (eliminando algunas de las restricciones impuestas por la Constitución a su acción internacional y ampliando sus capacidades militares), Japón ha ampliado su espacio estratégico y adquirido una mayor flexibilidad para adaptarse a un eventual escenario de inestabilidad.
Un segundo objetivo promovido por el gobierno japonés ha sido la integración económica de la región, sin dejar fuera a China. Japón es la mayor economía del CPTPP—es decir, el antiguo TPP sin Estados Unidos—y la segunda en el RCEP. Sus capacidades financieras y tecnológicas, sumadas a las iniciativas acordadas con otros socios en materia de infraestructuras de calidad, control de sectores estratégicos y gobernanza digital, contribuirán a prevenir que el continente se oriente en su totalidad hacia China.
Por último, Abe hizo de la defensa de los valores liberales un núcleo central de su política exterior. Como indicó la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, la primera en la historia del país, los intereses nacionales de Japón residen en “el mantenimiento y protección de un orden internacional basado en reglas y valores universales, como la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos fundamentales y el Estado de Derecho”.
Responsable de que Japón haya vuelto a ser un actor estratégico—la guerra de Ucrania ha reforzado aún más sus argumentos—, Abe deja un vacío difícil de cubrir. Aun fuera del gobierno, su liderazgo seguía presente, marcando una misma orientación a sus sucesores. Su ausencia puede conducir a posiciones menos explícitas en determinados asuntos, pero sin que pueda ignorarse la infraestructura de seguridad construida durante sus cerca de ocho años en el poder. La actualización—prevista para finales de año—de la Estrategia de Seguridad y de las orientaciones de las fuerzas de autodefensa, confirmará esta transformación en la acción exterior de Japón, que representa a su vez uno de los hechos más relevantes de las relaciones internacionales del Asia contemporánea.
