Después de 13 fines de semanas consecutivos de protestas en la calle, seguidas de una creciente respuesta policial, la jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, ha retirado de manera definitiva—como demandaban los manifestantes—el proyecto de ley de extradición. No era esa su única petición: la movilización reclama asimismo una investigación de las acciones de la policía e, incluso, reformas democráticas. La modesta concesión de Lam, que naturalmente sólo ha podido ofrecer con el visto bueno de Pekín, reduce de momento el riesgo de una intervención militar. Pero ni va a acabar con la inestabilidad ni puede contribuir a la resolución de los problemas de fondo.
En un momento crítico, marcado por la guerra económica con Estados Unidos y la cercana conmemoración, el 1 de octubre, del 70 aniversario de la fundación de la República Popular, el presidente Xi Jinping afronta su mayor crisis política desde que ascendió al poder a finales de 2012. Aunque los dilemas que plantea Hong Kong al gobierno chino son de muy diversa naturaleza (las quejas sobre el estado de la educación, la sanidad o el precio de la vivienda, entre otros, no son menos relevantes que la tensión política), lo que tienen en común todos ellos es la difícil coexistencia de dos comunidades con valores contrapuestos.
Pese a su reducida población, algo más de siete millones de habitantes, Hong Kong es un activo del que China no puede prescindir: su ordenamiento jurídico, sus hábitos de transparencia, sus instituciones financieras—su estatus diferenciado, en suma—, son un activo económico y de intermediación con el mundo exterior decisivos para Pekín. Acabar, antes de 2047, con la fórmula establecida en 1997—“un país, dos sistemas”—dañaría gravemente los intereses chinos. El margen de maniobra de sus gobernantes es por ello reducido.
La crisis apunta, con todo, a un fenómeno de creciente divergencia de identidades. Mientras la República Popular refuerza su sistema autoritario mediante un discurso de legitimidad histórica que hace inviable cualquier relato alternativo al construido por el Partido Comunista, los jóvenes de Hong Kong se sienten “hongkoneses” más que “chinos”. Educados en un entorno de libertades civiles, ven amenazados sus valores sociales, culturales y políticos por un sistema autoritario que interfiere cada vez en mayor grado en sus vidas. La interferencia en los medios de comunicación y redes sociales, la “educación patriótica” y otros instrumentos de propaganda en los que se ha volcado Pekín con gran empeño, han agravado, más que resuelto a favor de República Popular, la batalla por la definición de la nación china.
Al intentar evitar el uso de la violencia, cuyo coste político y económico le resultaría prohibitivo, es posible que China opte por una doble estrategia de hacerse con todos los órganos de decisión políticos y policiales del territorio, y—de manera más atrevida—intentar modificar la estructura demográfica fomentando la emigración a Hong Kong de residentes en otras zonas del país y así diluir la población “liberal”. No está claro, sin embargo, que esa política pueda dar sus frutos. No sólo porque el reconocimiento de unos derechos individuales son una ambición universal—por mucho que Pekín lo niegue—, sino porque la misma situación es que la que se da entre los jóvenes de otro cercano lugar: Taiwán. Las elecciones de enero en la isla—uno de los probables motivos de la “cesión” de Lam en Hong Kong—ilustrarán de nuevo que la legitimidad del Partido Comunista ya no depende del control de los territorios recuperados de las potencias imperialistas, sino del control de una única identidad china.
