Desde hace meses la Unión Europea se prepara para redefinir los términos de sus relaciones comerciales con China e intentar desmentir al mismo tiempo su debilidad geopolítica. En junio, Bruselas dio hasta mediados de octubre a Pekín para adoptar medidas concretas dirigidas a reducir el desequilibrio comercial con la Unión (el déficit europeo puede acercarse a los 400.000 millones de euros este año) y facilitarle el acceso a sus tierras raras (la tregua en el bloqueo a las exportaciones de minerales críticos concluye en enero), advirtiendo que –de lo contrario– emprendería acciones unilaterales para limitar las importaciones de productos chinos.
El margen de maniobra europeo ha dependido en gran medida de Alemania, mayor economía del bloque, por lo que su cambio de posición es lo que ha permitido articular un nuevo consenso. Sucesivos gobiernos restaron importancia durante años a las agresivas prácticas chinas, pero su impacto sobre la industria alemana ha llevado a Berlín a alinearse con París –defensora tradicional de una política más dura– , como puso de manifiesto la solicitud realizada por ambos países el pasado mes de julio de reforzar los mecanismos de defensa de la UE frente a los subsidios públicos y el exceso de capacidad industrial de China.
El 5 de octubre, el presidente Emmanuel Macron y el canciller Friedrich Merz reiteraron de manera conjunta dicha reclamación, en una carta en la que sugerían dotar de mayores poderes a la Comisión Europea para restringir o, incluso, prohibir las importaciones de aquellos países que crean “graves y sistemáticas distorsiones” en el mercado. Proponían, además, que, en vez de exigirse una mayoría cualificada para la aprobación de dichas medidas, éstas saldrían adelante salvo por un voto “negativo” de dicha mayoría, reduciendo así el riesgo de que Pekín pueda dividir a los Estados miembros, ya sea mediante las promesas de inversiones o a través de presiones coercitivas.
Con el acuerdo franco-alemán y la aprobación, dos días más tarde, de un duro informe del Parlamento Europeo sobre el desafío económico y político que representa la República Popular, llegó a Pekín el 8 de octubre el comisario de comercio, Maros Sefcovic. Sefcovic esperaba lograr algunos resultados tangibles y evitar que las diferencias entre las dos partes pasen a mayores cuando a finales de esta misma semana se reúnan los líderes europeos para tratar la cuestión.
Las expectativas no eran muy elevadas. Las autoridades chinas ya habían indicado que actuarían con firmeza contra toda acción restrictiva que la UE decida imponer a sus empresas, y el contexto global (marcado por las guerras en Ucrania e Irán, las rivalidades transatlánticas y las tensiones entre Washington y Pekín) tampoco era el más propicio para lanzar una guerra comercial contra China. Al término de su visita, Sefcovic anunció, no obstante, que la República Popular había aceptado limitar las exportaciones de vehículos híbridos a la UE durante los próximos cuatro años (las cifras se duplicaron en julio –50.000 unidades– con respecto a las del mismo mes de 2025), y eliminar los aranceles que gravan distintos productos de los Estados miembros. Será ahora el Consejo Europeo el que valore si lo pactado resulta suficiente para mantener el diálogo con China y frenar de momento la adopción de medidas de mayor calado.
El Viejo Continente se encuentra en un punto de inflexión en sus relaciones con Pekín. Si bien se ha dado una oportunidad a la negociación, para que ésta tenga éxito las advertencias europeas deben ser creíbles. El temor a las represalias puede conducir a la aceptación de acuerdos mínimos que no harán sino retrasar un daño mayor a largo plazo. Pero en último término no es sólo su industria la que está en juego, sino el papel mismo de Europea en la economía global; un desafío que requiere, además de la adopción de instrumentos de defensa comercial, de una apuesta por la innovación y la inversión como motores de competitividad y de crecimiento.
