Entre el 12 y 14 de noviembre tuvo lugar la VII Asamblea General del Congreso Mundial de los uigures (World Uyghur Congress WUC, por su nombre en inglés). El WUC es una organización con sede en Alemania que aboga por los derechos de los uigures y condena a China por sus abusos continuos a miembros de esta etnia minoritaria china, cuya mayoría se encuentra en la región de Xinjiang al extremo oeste de China.
El WUC fue creado en 2004 por un grupo de uigures exiliados que congregó fuerzas para defender los intereses y derechos fundamentales de los uigures. A través de los años la organización ha ido tomando más fuerza e importancia y han conseguido financiamiento y atención internacional.
Se estima que el Partido Comunista chino tiene retenidos más de 1 millón de uigures en unos centros le “reeducación” de acuerdo con el nombre dado por el propio gobierno chino, o también llamado campos de concentración por aquellos que han padecidos y han contado las atrocidades que allí adentro suceden.
Sin embargo, organizaciones pro derechos de los uigures como UHRP (Uyghur Human Rights Project) estiman que son cerca de tres millones de uigures los que se encuentran detenidos en estos centros en los que se practican esterilizaciones masivas de mujeres, políticas de asimilación cultural, torturas y trabajos forzosos entre muchas otras.
De acuerdo con Bahram Sintash, un arquitecto experto en arte y diseño uigur, que ha venido estudiando como la situación política se ha venido deteriorándose para su etnia, “está claro que lo que está haciendo Beijing es un genocidio cultural y religioso que comenzó en 1996 cuando lanzaron la campaña “atacar fuerte” y condenaron las actividades religiosas como ilegales. Desde entonces, la presencia de la policía en Xinjiang es constante. Después de los atentados del 11 de septiembre el uso del término terrorismo ha sido exponencialmente usado para justificar el patrullaje casi permanente. En 2017 fue oficialmente prohibido el uso de la lengua de los uigures en las aulas. Las restricciones religiosas del gobierno ahora son tan estrictas que efectivamente ha prohibido la práctica del islam”.
Las dificultades para estas minorías parecen no ser solo en Xinjiang puesto que la WUC, en los previos al evento, solicitaron a un hotel de la cadena Marriot en Praga reservar los salones para su asamblea general pero el hotel declinó la solicitud alegando “razones de neutralidad política, por lo que no podemos ofrecer eventos de este tipo con tema político”.
Aunque más tarde rectificaron y se disculparon, las autoridades de la organización uigur insisten en que se debe a la presión de las autoridades chinas. La Embajada china en la República Checa ya había aprovechado para condenar a la Organización, y aunque el hotel intentara remediar el error, está claro que el lobby del gobierno chino bien sea a través de sus oficinas diplomáticas o presiones directas a empresas tienen un fuerte impacto hoy en todos los sectores.
El evento, que contó con unos 200 uigures que se encuentran en el exilio y que se trasladaron de 25 países diferentes, tuvo como propósito elegir a las autoridades del WUC por los próximos tres años y contaron con expertos legales, académicos, diplomáticos, legisladores y sobrevivientes de los “centros de reeducación” que dieron testimonios de sus propias experiencias, analizaron las prácticas y la responsabilidad de lo que está sucediendo en la región autónoma de Xinjiang.
La persecución a los uigures ha despertado gran interés global especialmente en los dos últimos años. En junio de este año sesenta parlamentarios de dieciocho naciones condenaron las acciones del Partido Comunista chino hacia la minoría turca, junto con Amnistía Internacional y Human Right Watch. Ahora, además, se suman las denuncias de que unos 80.000 uigures así como de otras minorías musulmanas chinas están siendo transportados a otras regiones chinas y obligados a realizar trabajos forzosos en fábricas, de acuerdo con la información que manejan las organizaciones de derechos de los uigures.
Las denuncias traspasan el territorio chino y las organizaciones de derechos humanos han implicado a muchas grandes marcas como Adidas, Nike, H&M, Zara, Uniqlo, Marks & Spencer, o incluso firmas de lujo que usan el algodón producido en la región de Xijiang que al parecer no solo es de altísima calidad, sino que se produce en cantidades masivas.
En otro plano, el tomate producido en la misma región parece estar llenando los anaqueles de los supermercados occidentales, pero con el “Made in Italy” poque Italia compra el tomate de Xinjiang y lo envasa en su territorio. Solo en el 2021 las exportaciones de tomates chinos a Italia se duplicaron, según Adrián Zenz, investigador de la organización Victimas del Comunismo.
Para Beijing, todas estas campañas de descredito eran incómodas hasta hace poco, pero cada día se convierten en un problema mayor y más difícil de eludir. Si bien han jugado a presionar a empresas y entidades políticas con retirarle su apoyo, ahora la presión ha bajado al sector económico o incluso deportivo, cada día más consciente de los abusos que el Partido Comunista es capaz de ejercer en sus propios ciudadanos.
Si las prohibiciones como la del uso del algodón siguen imponiéndose en otros productos como el tomate o cualquier otra materia que produzca China, más pronto que tarde Beijing tendrá que corregir, al menos parcialmente, su comportamiento para poder seguir exportando productos que el mundo necesita, pero que a ellos les ha permitido convertirse en la segunda economía del mundo.
Los uigures están pagando un altísimo precio para que el PC chino sigua adelante con sus planes control y definición de una única identidad china. Su región es precisamente la puerta de salida de la Ruta de la Seda hacía Asia central y por ahí conectar con Europa. Las naciones democráticas deberían seguir imponiendo restricciones a los productos originarios de esta región para intentar así parar esta terrible persecución cuya misión tiene borrar la identidad de una etnia que coexistido por siglos en esta región.
