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INTERREGNUM: Stoltenberg en Corea del Sur y Japón. Fernando Delage

La cancelación de la visita a Pekín del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, no es una buena noticia. La recuperación del diálogo bilateral al más alto nivel al que se comprometieron los presidentes Biden y Xi tras su encuentro de noviembre con ocasión de la cumbre del G20 en Bali, queda de nuevo en suspenso tras el incidente del globo espía chino. Se tardará aún un tiempo en disponer de información sobre lo ocurrido, pero, entretanto, la escalada de tensión no cederá, impulsada tanto por la dinámica política interna en Estados Unidos y la República Popular, como por el contexto internacional.

Así se puso de manifiesto la semana pasada con el viaje a Corea del Sur y Japón del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.  Siete meses después de la cumbre de la Alianza en Madrid, encuentro en el que por primera vez en la historia de la organización participaron el presidente surcoreano y el primer ministro japonés—junto a sus homólogos de Australia y Nueva Zelanda—, la visita de Stoltenberg ha sido una nueva señal del creciente acercamiento de las democracias atlánticas y asiáticas en una era marcada por la guerra de Ucrania y la competición con China. “Lo que pasa en Asia importa a Europa y a la OTAN, y viceversa”, reiteró Stoltenberg en sus entrevistas con los medios locales.

Tras la cumbre de Madrid, Corea del Sur abrió su representación diplomática ante la Alianza, al tiempo que decidió incrementar su cooperación en áreas como no proliferación, ciberespacio y antiterrorismo. En Seúl, Stoltenberg solicitó a sus anfitriones el envío de ayuda militar directa a Ucrania, una petición difícil de atender dada la política surcoreana de no enviar armamento a países en conflicto (posición también mantenida por Alemania, Noruega o Suecia que, sin embargo, han abandonado en este caso). Como relevante exportador de armamento, Seúl sí ha enviado un considerable volumen de material a Polonia, así como piezas de artillería a Estados Unidos que éste ha proporcionado a su vez a Ucrania. Los obstáculos legales y la oposición de la opinión pública limitan el margen de maniobra de un gobierno inclinado, no obstante, a profundizar en su relación con la Alianza.

El secretario general también trató con el presidente Yoon Suk Yeol del posible papel de la OTAN en relación con el problema nuclear norcoreano, así como de los informes de la inteligencia norteamericana conforme a los cuales Pyongyang estaría proporcionando armamento a Rusia en su campaña contra Ucrania. Stoltenberg aprovechó igualmente su intervención en una universidad de Seúl para dar a conocer el concepto estratégico aprobado en Madrid, y la descripción del reto sistémico que representa China para los valores, los intereses y la seguridad de la Alianza Atlántica. Hizo hincapié en particular en el rápido desarrollo de las capacidades militares chinas, incluido el arsenal de misiles que pueden alcanzar territorio OTAN, además por supuesto de la península coreana.

Un día más tarde, en Tokio, Stoltenberg volvió a denunciar las acciones chinas, pero destacando esta vez sus amenazas hacia Taiwán, sus intentos de control de infraestructuras críticas y sus campañas de desinformación. Denunciando la “reacción autoritaria” liderada por Pekín y Moscú contra un orden internacional basado en reglas, subrayó una vez más la estrecha interconexión existente entre la seguridad transatlántica y el Indo-Pacífico, y el peligroso mensaje que transmitiría una victoria rusa en Ucrania sobre la posibilidad de conseguir objetivos mediante el uso de la fuerza. En la conferencia de prensa que ofreció junto al primer ministro japonés, Fumio Kishida, este último, además de dar la bienvenida al interés de la Alianza por Asia, anunció que Japón abrirá una delegación ante la OTAN y asistirá regularmente a reuniones de la organización, con la que—dijo—se reforzará la colaboración en temas como el espacio y el ciberespacio, la desinformación y las nuevas fronteras tecnológicas.

Pekín y Pyongyang criticaron unas y otras declaraciones, reveladoras de hasta qué punto la guerra en el Viejo Continente y el apoyo de Rusia a China están acercando a Asia a Europa, dos espacios vistos en otros tiempos como geopolíticamente separados. Es una nueva realidad que también confirmó la semana pasada la visita de los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Australia a París, Londres y Bruselas.

 

INTERREGNUM: Xi: los límites del poder. Fernando Delage

Apenas semanas después de que el XX Congreso del Partido Comunista Chino concediera en octubre un tercer mandato como secretario general a Xi Jinping y ratificara su dirección política, Pekín dio marcha atrás en distintos frentes. De defender de manera dogmática la política de covid cero, se pasó al levantamiento de todas las restricciones a partir del 8 de enero. El compromiso con un mayor papel del Estado en la economía ha sido sustituido por nuevos gestos hacia el sector privado, en particular hacia las empresas inmobiliarias y tecnológicas. La declarada prioridad de la seguridad nacional sobre la economía ha dado paso a un discurso a favor del crecimiento. La percepción de un entorno exterior hostil que obligaba a mantener una diplomacia asertiva contrasta con el acercamiento a distintas capitales con un lenguaje de cooperación.

Ninguna explicación oficial ha justificado ese giro, aunque distintos hechos permiten entenderlo. Las protestas populares contra el confinamiento a finales de noviembre pusieron en evidencia el hartazgo de la sociedad china, creando una presión sobre el gobierno que se encontró de manera repentina con la irrupción de nuevas amenazas a su legitimidad. A ello se sumaron los resultados económicos del último trimestre de 2022, ocultados hasta después de la celebración del Congreso. Un incremento del PIB del tres por cien el pasado año—muy por debajo del 8,1 por cien de 2021—fue una grave señal de alarma. Además de quedar lejos del objetivo que se había fijado el gobierno—un 5,5 por cien—, era indicación de un fenómeno estructural más que coyuntural, que anticipaba el fin de una larga etapa de alto crecimiento, base de un contrato social con sus ciudadanos que determinaba a su vez la estabilidad política de la nación. La diplomacia del “lobo guerrero”, la coerción económica y la modernización militar cambiaron por lo demás la imagen exterior de China. La reacción de Occidente, en forma de coaliciones de contraequilibrio—del Quad a la OTAN—, el lastre de la asociación política con Moscú, y la guerra tecnológica de los semiconductores obligaban igualmente a un reajuste.

La lección es clara: el triunfo político de Xi en el Congreso no podía ocultar las debilidades estructurales del sistema. La imposibilidad de reconocer los errores, característica de todo gobierno autoritario, le impedía abandonar su política contra la pandemia. Su ideología leninista obstaculizaba el crecimiento de la economía si se empeñaba en “rectificar” el sector privado por no alinearse con las prioridades del Partido. El impulso nacionalista como guía de la política exterior iba a resultar igualmente contraproducente. Ahora bien: sería un error interpretar estos cambios como una alteración de las perspectivas y de los planes mantenidos por el presidente chino. Esa rápida transformación es una respuesta pragmática, oportunista incluso, demandada por las circunstancias. Ni Xi ha renunciado a sus convicciones ni pueden darse por superadas las incertidumbres en torno al futuro político chino, en un contexto que estará marcado por un bajo crecimiento y por tensiones internacionales.

Interesa por todo ello comprender las razones, más bien, de por qué Xi puso fin a la moderación de sus antecesores y lidera una China muy distinta de la que el mundo conoció desde la política de reforma y apertura de Deng Xiaoping a finales de los años setenta hasta su llegada al poder en 2012. ¿Por qué Xi no quiso seguir cultivando una imagen positiva del país en el exterior? ¿Por qué Pekín ha actuado de forma aparentemente contraria a sus intereses durante los últimos tiempos?

La explicación más convincente y sistemática hasta la fecha es la que ofrece la conocida sinóloga norteamericana Susan Shirk en su último libro: Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise (Oxford University Press, 2022). Profesora en la Universidad de California en San Diego, y vicesecretaria adjunta para asuntos de Asia en el departamento de Estado durante la administración Clinton, Shirk encuentra la respuesta en la naturaleza del régimen político, y su origen en el segundo mandato de Hu Jintao. Su argumento central es que la dinámica interna del sistema impidió el ejercicio de la prudencia necesaria para gestionar un ascenso pacífico. Los responsables de distintas áreas de la administración—incluyendo los servicios de seguridad y las fuerzas armadas—impulsaron agresivamente sus respectivas agendas sin que la debilidad de Hu pudiera frenarlas o equilibrarlas. La percepción extendida a raíz de la crisis financiera global de que el diferencial de poder con Estados Unidos se había reducido condujo igualmente al abandono de la moderación anterior.

La combinación de estas circunstancias condujo a una China que se volvería más asertiva en el interior—obsesionada por “el mantenimiento de la estabilidad”—y en el exterior, con una retórica a favor de la defensa de los “intereses fundamentales” y la soberanía nacional. El sistema de liderazgo colectivo implantado por Deng en los años ochenta se había roto, al no servir para corregir una deriva que, Xi entre otros, interpretó como motivo para restaurar una estructura de poder unipersonal. Un camino que, sin embargo, tampoco ha servido como se mencionó para evitar los excesos.

En contraste con la incapacidad de Hu para controlar a sus colegas del Politburó, Xi tenía el poder para centralizar el proceso político, hacer frente a los grupos de intereses oligárquicos, y optar por una política exterior más conciliadora. Si no hizo ninguna de esas cosas, escribe Shirk, fue porque es mucho más ambicioso con respecto al papel global de China, y porque está dispuesto a asumir mayores riesgos para lograrlo.

INTERREGNUM: Seúl se suma al Indo-Pacífico. Fernando Delage  

Mucho más tarde que otras democracias, Corea del Sur aprobó a finales de diciembre su estrategia hacia el “Indo-Pacífico”, término con el que se define un orden asiático libre y abierto, opuesto a la estructura sinocéntrica que Pekín aspira a crear. Tras los titubeos de gobiernos anteriores, Seúl ha optado por reforzar su papel en la región, a la vez que presenta su estrategia como pilar de una proyección global más ambiciosa. Su adopción no implica, sin embargo, que sus dilemas estratégicos hayan desaparecido.

Como la mayoría de las naciones asiáticas, Corea del Sur se ha visto atrapada en la rivalidad entre Estados Unidos y China; entre el principal garante de su seguridad y su primer socio comercial. Sucesivas administraciones han mantenido a lo largo de los años una estrecha cooperación con Washington, pero sin sumarse a la política asiática de Estados Unidos dada la dependencia económica surcoreana de la República Popular. El temor a la reacción de esta última—que ya recurrió a instrumentos coercitivos en 2017 cuando se desplegaron misiles norteamericanos en su territorio—explica la resistencia de Seúl a emplear el concepto del Indo-Pacífico y a participar en el Diálogo Cuadrilateral de Seguridad (QUAD). Prefirió inclinarse por una posición de equilibrio entre ambas potencias, aunque ello provocara las críticas de Washington.

Esa lógica cambió con el gobierno conservador salido de las urnas en mayo del año pasado. Tras tomar posesión de su cargo, el presidente Yoon Suk-yeol denunció las acciones chinas y se comprometió a ampliar la alianza con Estados Unidos. No debe sorprender en consecuencia que la nueva estrategia, y su hincapié en “un orden internacional basado en valores universales”, emplee un lenguaje muy parecido al utilizado por la administración norteamericana. Pero además de compartirse ese discurso hay intereses concretos, tanto económicos como estratégicos, que han servido de motivación a este giro.

Uno de los elementos más destacables de la estrategia es, en primer lugar, la integración económica con sus vecinos. Según se indica en el documento aprobado, el Indo-Pacífico representa el 78 por cien de las exportaciones y el 67 por cien de las importaciones surcoreanas, y es el destino de hasta dos tercios de sus inversiones directas en el exterior. La región es igualmente clave para sus necesidades energéticas: el 64 por cien del petróleo y el 46 por cien del gas que compra Corea del Sur, lo recibe a través del mar de China Meridional. La preservación de la estabilidad regional es, por tanto, un segundo imperativo nacional.

En este último frente hay que añadir asimismo el agravamiento de las tensiones en la península. Como subraya la estrategia, Corea del Sur debe gestionar de manera simultánea los riesgos planteados por Corea del Norte y por una China más asertiva. En otras palabras, no puede afrontar la amenaza que representa Pyongyang para su seguridad y prosperidad al margen del contexto regional. De ahí la creciente necesidad de coordinar su política con el resto de las democracias, de la que fue ejemplo la declaración conjunta adoptada por el presidente surcoreano con su homólogo de Estados Unidos y el primer ministro de Japón en noviembre. La cuestión para Corea del Sur es cómo mantener al mismo tiempo la relación positiva que necesita tener con Pekín.

Una vez manifestadas sus aspiraciones de mayor protagonismo en el escenario estratégico asiático, el gobierno deberá concretarlas en forma de decisiones concretas y de recursos dedicados a tal fin. El 11 de enero, el presidente fue más lejos que ningún otro antecesor al sugerir, por primera vez, que, en el caso de que continúe agravándose la amenaza norcoreana, Seúl podría adquirir armamento nuclear. Sería una medida que parece apoyar la opinión pública: según un estudio del Carnegie Endowment, un 71 por cien de los surcoreanos estarían a favor de contar con un arsenal propio, y un 56 por cien apoyarían el despliegue de armamento nuclear norteamericano en su territorio. Estados Unidos y Japón, reaccionaron sin embargo a las declaraciones de Yoon, reiterando su compromiso con la completa desnuclearización de la península.

INTERREGNUM: La gira de Kishida. Fernando Delage  

Apenas un mes después de anunciar la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, realizó la semana pasada una gira por cinco países que confirma el punto de inflexión que se ha producido en la diplomacia del país del sol naciente, así como en su alianza con Estados Unidos. Aunque el viaje respondía formalmente a la preparación de la cumbre del G7 que se celebrará en Hiroshima en mayo (Tokio preside el grupo n 2023), Kishida no sólo obtuvo el apoyo de los principales socios occidentales a la renovación de la política de seguridad japonesa, sino que hizo evidente las implicaciones de dichos cambios para la dinámica estratégica asiática.

Kishida visitó sucesivamente Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Sólo Alemania quedó fuera de sus encuentros. En todas las capitales se expresó una misma preocupación por el desafío revisionista planteado por Moscú y Pekín, y se subrayó la necesidad de reforzar la cooperación entre las democracias liberales. En Londres, Kishida firmó además con su homólogo británico, Rishi Sunak, un Acuerdo de Acceso Recíproco entre las fuerzas armadas de los dos países; el tipo de acuerdo que, hasta la fecha, Japón sólo había concluido—hace ahora un año— con Australia y—desde principios de la década de los sesenta—con Estados Unidos, último destino de su viaje.

Aunque Kishida se vio con Biden en Tokio el pasado mes de mayo, aún no había viajado oficialmente a Washington desde su nombramiento al frente del gobierno. La reunión de ambos líderes fue a su vez precedida, dos días antes, por el encuentro del Comité Consultivo de Seguridad, el foro en el que participan los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de ambos países (lo que se conoce como formato “2+2”).  Entre otros asuntos, los ministros reiteraron el compromiso de afrontar “las crecientes amenazas militares de China en el mar de China Oriental y en torno a Taiwán”;el desarrollo de una nueva estructura conjunta de mando y control; la reorganización del cuerpo de marines basado en Okinawa—la isla japonesa más cercana a Taiwán—; y la ampliación de la cooperación bilateral al espacio y el ciberespacio. En la Casa Blanca, Biden y Kishida ratificaron este salto cualitativo en la alianza que refuerza las capacidades de disuasión, a la vez que se pone en marcha el proceso de creación de una estructura operativa conjunta que facilite la adopción de decisiones en el caso de estallar un conflicto (esos mecanismos nunca ha existido, al contrario de lo que ocurre en el caso de la alianza Estados Unidos-Corea del Sur).

Con el aumento del presupuesto de defensa, la adquisición de los medios para responder a un ataque enemigo (novedades ambas de la nueva estrategia de seguridad), y la profundización de la alianza con Washington, Japón adquiere una nueva posición en el escenario geopolítico regional y global. Estados Unidos se ve igualmente beneficiado en su presencia asiática: además de contar en  el archipiélago japonés con el mayor contingente de tropas en el extranjero, contará con nuevos medios frente a una hipotética invasión de Taiwán.

Son cambios que no se producen, por lo demás, al margen de los movimientos de otros actores (India, Australia, Corea del Sur, etc.) que comparten la inquietud por el comportamiento de Pekín. El resultado de todo ello es una estructura de seguridad regional en la que múltiples acuerdos bilaterales, minilaterales y multilaterales se refuerzan entre sí. China, Rusia y Corea del Norte estarán tomando buena nota.

 

INTERREGNUM: ¿El año de India? Fernando Delage

La próxima primavera India se convertirá en el país más poblado del planeta; un hecho cargado de simbolismo, que coincide con su presidencia—este año—del G20. Superar demográficamente a China no implica, naturalmente, que India vaya a superar el PIB de la República Popular ni alcanzar sus capacidades militares. Una notable asimetría de poder continuará definiendo la relación entre ambos vecinos. Sin embargo, la previsible consolidación del ascenso indio—proceso en el que 2023 puede resultar decisivo—es pareja a un cambio de ciclo en China, donde la desaceleración económica, los efectos de la política de covid cero y el enfrentamiento con Occidente y otras naciones asiáticas pueden marcar el fin de una época.

India se encuentra en una encrucijada, a un mismo tiempo interna y externa. Desde que el Bharatiya Janata Party ganara las elecciones de 2014 bajo el liderazgo de Narendra Modi—primera vez que un partido conseguía una mayoría absoluta en 30 años (y resultado que fue revalidado en 2019)—, el país ha registrado una alta tasa de crecimiento y ha mostrado una mayor confianza en sí mismo, abandonando toda percepción de inferioridad y adquiriendo un nuevo perfil global. Internamente, la combinación de nacionalismo e hinduismo promovidos por Modi ha debilitado la democracia y el secularismo que definieron la república tras la independencia. El tratamiento desigual de los musulmanes, la interferencia en el poder judicial o la persecución de los medios de comunicación independientes constituyen una preocupante regresión política. Es un hecho que, sin embargo, no parece alterar la trayectoria ascendente de la nación.

Circunstancias imprevistas, como la pandemia y la guerra de Ucrania, han favorecido a India. Lo han hecho, en primer lugar, en el terreno económico. El imperativo para muchas multinacionales de reducir su dependencia de China y diversificar inversiones y cadenas de suministro, les ha conducido a India, cuyo mercado—por su enorme tamaño—se encuentra a salvo de posibles turbulencias económicas. El empuje de su crecimiento hará de India, según indican las estimaciones de distintos organismos, la tercera economía mundial—tras Estados Unidos y China—hacia 2030.

También el escenario geopolítico ofrece, en segundo lugar, una oportunidad para que India amplíe su margen de maniobra diplomático, principal objetivo de su política exterior. El gobierno de Modi ha asumido sin ningún tipo de complejos el acercamiento a Estados Unidos que reclaman sus objetivos de seguridad, coincidente a su vez con el interés de Washington (como de Tokio y Canberra, entre otros) por asociarse con India como instrumento de contraequilibrio de Pekín. Se trata de toda una revolución diplomática, dado el peso de la tradición nehruviana de no alineamiento. Pero ocurre que el mundo ha dejado de estar liderado por Occidente. La división global sobre las sanciones a imponer a Rusia por la invasión de Ucrania volvió a constatar esa realidad; una circunstancia que proporciona a India la ocasión para situarse como árbitro entre Asia y las democracias occidentales, así como entre el hemisferio norte y los países emergentes.

Delhi ni siquiera tiene que improvisar. Durante los últimos años ha venido demostrando su activismo hacia distintos espacios regionales (a través de su “Act East Policy” hacia Asia oriental, la “Connect Central Asia Policy” hacia las repúblicas centroasiáticas, o la aproximación a su vecindad—la denominada “Neighborhood First Policy”—, entre otros instrumentos), como lo ha hecho igualmente hacia los foros multilaterales: de los BRICS a la Organización de Cooperación de Shanghai, del G20 al Quad. Simultáneamente, el ministro de Relaciones Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, ha articulado un discurso que rompe moldes e impulsa en sus propios términos (no siempre comprendidos en Occidente), la gradual emergencia de esta nueva potencia central.

INTERREGNUM: La ruptura China-Occidente. Fernando Delage

La percepción occidental de China ha cambiado radicalmente en pocos años. La realidad de una República Popular más asertiva, que recurre a la coerción económica y la desinformación, y que no oculta su ambición de convertirse en una gran potencia militar, ha llevado al abandono de una política de acercamiento mantenida durante décadas, y basada en la convicción de que la interdependencia económica y un intercambio más estrecho entre sus respectivas sociedades conducirían gradualmente a una China más abierta y plural. Por el contrario, el sistema político se ha vuelto más represivo, la economía más intervencionista y la política exterior más beligerante, obligando a un giro en la estrategia occidental.

¿Cómo se ha pasado del entusiasmo por China como oportunidad económica y socio frente a los problemas globales a la preocupación por China como competidor y potencia rival? ¿Cuáles han sido las causas? ¿Ha sido Xi Jinping el principal responsable de esa evolución, o es la consecuencia inevitable de una China más poderosa? Aunque el comportamiento de Pekín en un número cada vez mayor de frentes hacía de la República Popular un desafío para los intereses y valores del mundo democrático, la crisis del Covid-19, primero, y el apoyo de Pekín a Moscú tras la invasión de Ucrania por esta última, después, sirvieron de señales definitiva de alarma.

La historia de esta ruptura es el objeto de un imprescindible libro de Andrew Small, investigador del German Marshall Fund. En No Limits: The Inside Story of China’s War with the West (Melville, 2022), Small describe con todo detalle por qué y cómo los gobiernos europeos y norteamericanos (sin olvidar a Japón y Australia) concluyeron que había que frenar los planes de dominio chino; un esfuerzo que requería ante todo una estrategia coordinada. Mediante su acceso a docenas de dirigentes políticos y expertos en distintos puntos del planeta, el autor reconstruye paso a paso el cambio de percepción occidental y la formación de su respuesta.

Dos ideas fundamentales inspiraron la reacción frente a China. La primera fue la apreciación de que economía y seguridad son indivisibles en el mundo contemporáneo. La competición con la República Popular es simultáneamente económica, tecnológica y militar, por lo que el recurso a sanciones comerciales convencionales es del todo insuficiente. En segundo lugar, se extendió la conclusión de que continuar permitiendo a China el libre acceso a sus mercados y a determinados sectores estratégicos, no haría sino facilitar su superioridad tecnológica en el futuro, dañando de manera irreversible la posición de Occidente en la economía global.

El análisis del plan “Made in China 2025” y la reflexión sobre las implicaciones estratégicas de la telefonía 5G son identificados por Small como los hechos decisivos que causaron el cambio de opinión sobre China entre las elites políticas y económicas occidentales. De repente, todo un abanico de áreas que nunca habían estado implicadas en relación con este país—normas de competencia, derecho a la privacidad, política industrial, supervisión de inversiones, etc—adquirieron una nueva dimensión. El 5G en particular planteaba riesgos de seguridad de un alcance mayor: la cesión de infraestructuras críticas a empresas chinas supondría una amenaza existencial a la soberanía tecnológica occidental, además de ser un instrumento a través del cual China podía imponer su concepción iliberal del orden social.

Con anécdotas reveladoras, y al ritmo de una novela de acción, Small describe cómo China dejó de ser un asunto importante para convertirse en una cuestión urgente. Después de discutir durante una larga década sobre la necesidad de reajustar la estrategia hacia China, la decisión finalmente se precipitó. La seguridad de las telecomunicaciones o la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, entre otros riesgos, se vieron de otra manera al adquirirse una mejor comprensión de la dirección a la que Xi Jinping estaba conduciendo al país bajo su liderazgo. La gestión de la pandemia, originada en la ciudad de Wuhan, y el apoyo a Rusia tras invadir ésta Ucrania y atacar el orden de seguridad europeo, eliminaron cualquier duda que aún pudiera quedar. La confrontación se hizo inevitable.

INTERREGNUM: Japón regresa a la geopolítica. Fernando Delage

La invasión rusa de Ucrania no sólo transformará la identidad de la Unión Europea como actor internacional. El apoyo a Moscú por parte de Pekín ha puesto de relieve la estrecha interconexión existente entre la seguridad euroatlántica y la seguridad asiática, propiciando una evolución similar en las democracias de esta última región. Así como los europeos—Alemania en particular—han despertado de su inocencia geopolítica para afrontar la realidad del desafío revisionista planteado por dos potencias autoritarias al orden internacional, la guerra de Ucrania ha contribuido asimismo a que Japón avance un escalón más en el proceso de normalización de su política de seguridad emprendido hace una década.

La amenaza de Corea del Norte, una China más asertiva en sus reclamaciones de soberanía y militarmente más poderosa, y una alianza con Estados Unidos condicionada por un incierto escenario internacional, condujeron a finales de 2013 a importantes cambios en las bases de la diplomacia japonesa. El gobierno de Shinzo Abe creó el Consejo de Seguridad Nacional, aprobó la primera Estrategia de Seguridad Nacional y actualizó las orientaciones de la política de defensa. Sin modificar la Constitución, que en su artículo 9 limita la proyección militar del país, una ley le otorgó en 2015 el derecho de autodefensa colectiva, sujeto a condiciones muy estrictas. Abe mejoró por otra parte la interoperabilidad con las fuerzas armadas de Estados Unidos y firmó acuerdos de asociación estratégica con India, Australia y varios miembros de la ASEAN.

Como en otros momentos clave de su historia, Japón supo adaptarse a la alteración de la estructura del sistema internacional. Siguiendo esa línea de continuidad, el actual primer ministro, Fumio Kishida, ha procedido a un nuevo reajuste, con la diferencia de que, esta vez, quedan prácticamente superadas las premisas que marcaron la acción exterior del país tras la segunda guerra mundial. Desde 1945, Japón no ha conocido un entorno de seguridad más complejo que el de estos tiempos.

Así lo percibe la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) anunciada por Kishida el pasado viernes. Frente al “desafío estratégico sin precedente” que representa China, la “amenaza cada vez más grave e inminente” de Corea del Norte y la “grave preocupación de seguridad” que es Rusia, Japón no tiene otra opción que reforzar sus capacidades defensivas y de disuasión. Conforme a los cambios previstos (detallados, además de en la ESN, en otros dos documentos que actualizan simultáneamente las directrices de defensa nacional), el país contará con medios de respuesta directa contra el territorio de otro país (respetando en cualquier caso las estrictas limitaciones legales de 2015) y, al igual que los miembros de la OTAN, aumentará su gasto en defensa hasta el dos por cien del PIB en cinco años. Dado el tamaño de su economía, esto significa que, pese a la aparente paradoja de su Constitución pacifista, Japón contará con el tercer mayor presupuesto militar del planeta, tras Estados Unidos y China.

La guerra de Ucrania ha servido para crear un amplio consenso nacional con respecto a la necesidad de fortalecer la política de defensa. No se han resuelto, en cambio, las diferencias sobre cómo financiar ese gasto, dadas las circunstancias demográficas y económicas de la nación, así como su gigantesca deuda pública. Pero lo relevante es este regreso de Japón como actor geopolítico proactivo, asumiendo un papel que, más allá de sus meros intereses nacionales, aspira a crear una estructura regional estable y basada en reglas. Sumados estos cambios a sus iniciativas de seguridad económica—concretadas en una ley aprobada en mayo—, y a la firme defensa normativa de los valores democráticos, Japón ha adquirido un liderazgo regional y una proyección global que se traducirá asimismo en una coordinación aún mayor con Estados Unidos y con sus socios europeos frente a los grandes desafíos estratégicos de nuestro tiempo.

INTERREGNUM: China y el mundo árabe. Fernando Delage

La rivalidad entre China y Estados Unidos no se limita a la región del Indo-Pacífico. La proyección de la República Popular se extiende hoy por todas las regiones del planeta, y es en particular en el mundo emergente donde intenta liderar un bloque alternativo a las democracias occidentales. El mundo árabe es uno de esos espacios donde ve una oportunidad para incrementar su influencia, como ha puesto de relieve el viaje realizado por el presidente Xi Jinping a Arabia Saudí la semana pasada.

La visita de Xi, la segunda en seis años (y la quinta de un presidente chino desde 1999), es un reflejo de la evolución natural de las relaciones bilaterales, pero adquiere un especial significado en el actual contexto geopolítico global. Por una parte, en efecto, una relación limitada durante años a los recursos energéticos se ha ampliado a otros terrenos. Por otro lado, Xi busca impulsar la vinculación con los países del Golfo (además de sus encuentros bilaterales en Riad, también asistió en la capital saudí a una cumbre del Foro de Cooperación China-Estados Árabes, y a una reunión con los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico), apenas unos meses después de que Estados Unidos advirtiera que no está dispuesto a ceder su papel en la región a ninguna otra potencia. El problema es que las monarquías del Golfo observan un creciente distanciamiento norteamericano, mientras que China les demuestra un claro interés por estrechar relaciones.

Pekín describió la visita de su presidente como “el más relevante acontecimiento diplomático en la historia de las relaciones entre China y el mundo árabe”. Excesos retóricos aparte, lo que resulta innegable es la relevancia de la relación entre el mayor exportador mundial de petróleo (Arabia Saudí) y el mayor importador (China).  Riad es el primer suministrador de la República Popular, a la que dirigió el 18 por cien de sus ventas de petróleo en 2021 (por valor de 43.900 millones de dólares). Pese a las disrupciones provocadas por la pandemia, los intercambios comerciales bilaterales superaron el pasado año los 87.300 millones de dólares, un incremento del 30 por cien con respecto a 2020. Arabia Saudí representa por otra parte más del 20 por cien de las inversiones chinas en el mundo árabe entre 2005 y 2020, y debe recordarse que—además de la mayor economía de la región (supone el 27 por cien del PIB de todos los Estados miembros de la Liga Árabe)—es el único país de la zona perteneciente al G20.

Hasta el 51 por cien de las importaciones chinas de petróleo procede de los países árabes—las cuatro quintas partes de las seis monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo—, por lo que la primera prioridad de Pekín consiste en asegurarse un acceso estable y sin alteraciones en los precios a dichos recursos. Su intención de aumentar su consumo de gas también se vio reflejado en el acuerdo firmado en noviembre por Sinopec con Qatar para el suministro de gas licuado durante 27 años, un pacto sin precedente.

China quiere con todo diversificar sus inversiones y, durante su visita, Xi y el gobierno saudí firmaron más de 30 contratos (por un valor cercano a los 30.000 millones de dólares), entre los que se incluirán la construcción de una fábrica de vehículos eléctricos y el suministro de baterías de hidrógeno. Las inversiones y tecnologías chinas resultan indispensables para avanzar en el proyecto Vision 2030 del príncipe heredero, Mohamed bin Salman.

El contraste no puede ser mayor con la visita realizada a Riad por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en julio. Las relaciones entre las dos naciones no pasan por su mejor momento. Poco ayudó a la recuperación de la confianza que Arabia Saudí liderara la decisión de la OPEC de no aumentar la producción de petróleo mientras Occidente sancionaba a Rusia. Tampoco que, frente a la campaña norteamericana contra Huawei, Arabia Saudí—como la mayoría de los países del Golfo—se hayan puesto en manos de la empresa china para la construcción de sus redes de telecomunicaciones de quinta generación y otros proyectos digitales. La preocupación de Washington se agrava, por último, ante el hecho de que China se haya convertido asimismo en un suministrador de armamento: en marzo, una compañía saudí firmó un contrato con una empresa estatal china para la fabricación de drones, y se especula sobre la participación china en la fabricación de misiles balísticos en el reino.

La consolidación de China como socio de la región en tantos frentes es, por resumir, una nueva indicación de los cambios en los equilibrios globales de poder. Aun siendo prematura la conclusión de una pérdida de influencia norteamericana, la República Popular es una variable que obligará a Occidente a recalibrar su estrategia hacia esta parte del mundo.

INTERREGNUM: Problemas para Xi. Fernando Delage

El comportamiento internacional de China durante los últimos años se ha traducido en una notable desconfianza exterior hacia el país y, en particular, hacia su presidente, Xi Jinping. Lo que nadie esperaba era que, apenas semanas después de que el XX Congreso del Partido Comunista renovara su mandato, fuera también la propia sociedad china la que manifestara esa desconfianza hacia su líder máximo. Aunque la movilización popular de finales de noviembre fue una respuesta al descontento con la política de covid cero, es innegable que ha ido más allá en sus reclamaciones, alterando los planes de Xi cuando comienza su segunda década en el poder.

Las protestas que se han producido en más de una docena de ciudades chinas han supuesto el mayor desafío al gobierno chino desde los sucesos de Tiananmen en 1989. Como entonces, los jóvenes han tenido un papel protagonista. Como entonces también, las quejas por una cuestión concreta han conducido a una crisis política que ha puesto de relieve las debilidades estructurales del sistema. La China de hoy no es la de 1989, ni Xi tiene parecido alguno con Deng Xiaoping. Pero los dilemas de fondo no son muy diferentes. No deja de ser además un irónico guiño de la historia que la muerte del expresidente Jiang Zemin—quien llegó al poder de manera imprevista por los hechos de Tiananmen—haya coincidido con la movilización de una nueva generación, nacida con posterioridad y a la que se le ha ocultado lo que ocurrió hace 33 años.

Aun teniendo todo el poder, hay dinámicas que Xi no puede sujetar a su control. Y de poco le servirá acusar a “fuerzas externas hostiles” de haber organizado las protestas como una nueva “revolución de los colores”. La frustración popular con tres años de confinamiento se ha desatado de golpe, si bien—podría decirse—con “características chinas”. El omnipresente aparato de seguridad chino, reforzado con la constante vigilancia digital de sus ciudadanos, impone unos límites que los manifestantes han respetado con su precaución y esa simbólica hoja en blanco. ¿Se puede detener a quien no denuncia nada ni a nadie en concreto? Tampoco hace falta expresar lo que toda la sociedad conoce.

Xi quizá pensó que su decidida campaña contra la corrupción, una política exterior que ha situado a China en el centro del sistema internacional, y sus esfuerzos contra la pandemia—que en una primera etapa parecieron más eficaces que los de las democracias occidentales—, habían reforzado su legitimidad entre sus ciudadanos. Pero es China quien no ha terminado de salir de la pandemia, y sus efectos se han extendido de manera preocupante a la economía. El PIB apenas creció un 3,9 por cien en el tercer trimestre del año según cifras oficiales, aunque otras fuentes creen que el incremento osciló entre el dos por cien y el tres por cien. Más relevador resulta el aumento del desempleo juvenil, en la actualidad en cifras cercanas al 20 por cien (el doble que en 2018).

Aunque las protestas no pongan el régimen en riesgo, abren un panorama incierto para Xi y sus aliados. La sociedad china (parte de ella al menos, pues resulta imposible saber la extensión del fenómeno) ha puesto en duda la premisa básica de que sólo el Partido Comunista puede garantizar la estabilidad y la prosperidad nacional. Si se alivian las restricciones, el descontento puede también mitigarse. Pero la propaganda oficial difícilmente podrá eliminar el escepticismo de la población sobre la competencia de sus autoridades. De forma inesperada se ha producido un cambio significativo, cuya gestión requiere el tipo de reformas emprendidas por Jiang a principios de los años noventa, no el intervencionismo al que Xi es tan aficionado. El precio de su resistencia podrá encontrarlo el presidente chino a no tardar mucho.

INTERREGNUM: Reajustes indios. Fernando Delage

Con la atención puesta en la reunión en Bali entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, pasó prácticamente inadvertida la ausencia de un encuentro bilateral entre Xi y el primer ministro indio, Narendra Modi, como había sido la norma en cumbres anteriores del G20. Ambos líderes se evitaron igualmente cuando coincidieron, en septiembre, en la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS). Por otra parte, si en su día llamó la atención que India se abstuviera en la condena a la invasión rusa de Ucrania, Modi facilitó la adopción de la declaración conjunta que, al concluir la reunión del G20, denunció el comportamiento de Moscú. ¿Cabe concluir que India está recalibrando sus relaciones con ambas potencias?

El último encuentro bilateral entre Modi y Xi fue el celebrado en noviembre de 2019 en Brasil, durante la cumbre de los BRICS. Desde el enfrentamiento fronterizo en Ladakh, en junio de 2020, en el que murieron veinte soldados indios y un número desconocido de tropas chinas, la desconfianza se ha agravado entre los dos gobiernos. La falta de contactos al más alto nivel—repetida en otros foros—es una ilustración de que las relaciones sino-indias se encuentran en su peor momento desde la guerra de 1962. El choque de 2020 ha consolidado además la percepción de la comunidad estratégica india de que China es una grave amenaza para la seguridad nacional.

La política exterior india ha girado en consecuencia, y una restauración del statu quo anterior parece improbable. Delhi ha optado por aproximarse a aquellos países que pueden ayudarle a fortalecer su posición frente a la República Popular, tanto en el terreno económico como en el militar. Sin renunciar al discurso de autonomía estratégica—pilar central de su cultura de defensa—, India está hoy mucho más dispuesta a alinearse con otras naciones, Estados Unidos en particular, sin temer como en otras épocas la posible reacción de Pekín.

Si el comportamiento chino ha conducido a India a reconsiderar la siempre delicada cuestión de las alianzas, la guerra de Ucrania ha traído consigo complicaciones añadidas. Era también cuestión de tiempo que el conflicto se tradujera en una gradual separación india de Rusia, otro hecho que acerca igualmente a Delhi a Washington y sus aliados. La razón fundamental de sus divergencias estriba en la transformación del escenario geopolítico: los vínculos de Rusia con China se han estrechado justamente cuando la relación de India con la República Popular ha empeorado. La cercanía entre Pekín y Moscú hará tarde o temprano que el primero presione a la segunda para diluir su tradicional apoyo a Delhi, especialmente si ésta consolida su asociación con Washington. Por otra parte, desde la perspectiva india, tampoco representa una ventaja para sus intereses contar con una Rusia debilitada como contrapeso de una China más fortalecida (socia, además, de Pakistán y empeñada en proyectar su influencia en Asia meridional). La guerra de Ucrania ha precipitado así este proceso de reajuste, que obliga a abandonar la habitual inclinación india a mantenerse al margen de las maniobras geopolíticas globales.

En un mundo ideal, India querría tener de su lado a Occidente y a Rusia. Pero el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania y la actitud de Pekín lo hacen imposible. Delhi tendrá que acostumbrarse a gestionar este tipo de contradicciones, especialmente al asumir durante un año la presidencia de la OCS (desde septiembre), y la del G20, desde esta misma semana.