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INTERREGNUM: Biden vuelve sobre Taiwán. Fernando Delage

El 18 de septiembre, en una entrevista en televisión, el presidente Joe Biden indicó que Estados Unidos intervendría en defensa de Taiwán si China lanzara un ataque no provocado sobre la isla. Sus palabras, las primeras sobre la cuestión después del viaje a Taipei de la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, a principios de agosto, no constituían sin embargo ninguna novedad. Por cuarta vez en poco más de un año, Biden se expresó en ese sentido sobre el compromiso norteamericano. Y, como en las ocasiones anteriores, su administración negó inmediatamente después que Estados Unidos haya cambiado de política. ¿Es creíble este desmentido? Sobre todo, ¿resulta convincente para Pekín?

La reiteración del mensaje obliga a pensar que no se trata de un simple error. En un contexto de creciente presión de la República Popular sobre Taiwán—y de hostilidad de Washington hacia Pekín—políticos y expertos norteamericanos consideran que ha llegado la hora de sustituir la “ambigüedad estratégica” mantenida desde 1979 sobre lo que se haría en caso de conflicto, por una posición de mayor claridad. Para algunos especialistas, esta última sería compatible con el continuidad del principio de “una sola China”, pero el propio Biden ha puesto de manifiesto la contradicción. En la entrevista con la CBS, en efecto, Biden no se limitó a transmitir una nueva “claridad”, sino que añadió: “es Taiwán quien hace sus propios juicios sobre su independencia (…); es su decisión”.  En otras palabras, el presidente dio a entender que son sólo los taiwaneses quienes deben pronunciarse, y que Estados Unidos apoyaría su decisión. Éste sí es un giro relevante.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular, sucesivas administraciones norteamericanas han rechazado de manera explícita la independencia de Taiwán. Así sigue apareciendo en la página web del departamento de Estado, y así lo reiteró su titular, Antony Blinken, en su discurso de la pasada primavera sobre la política hacia China. Siempre se consideró que se trataba de una exigencia ineludible para evitar que Taipei siguiera un camino que pudiera provocar un ataque por parte de Pekín. China ya dejó claro en la ley antisecesión de 2005 que el recurso a la fuerza sería la respuesta a todo intento de independencia.

El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, que se encontraba en Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue el primero en advertir sobre las consecuencias de la violación de esta ley, sólo horas después de las palabras de Biden. Tanto en su visita  personal a Henry Kissinger el pasado lunes, como en su posterior encuentro formal con Blinken a finales de semana, Wang manifestó su preocupación por el impacto de estos movimientos sobre las relaciones entre China y Estados Unidos. Ocurre, además, que no han sido sólo Biden y Pelosi quienes parecen haber alterado el statu quo. El 14 de septiembre, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado dió el visto bueno a la tramitación de la “Taiwan Policy Act” por una amplísima mayoría (17 frente a 5). Si el Congreso aprueba el borrador actual—que eleva de manera significativa el estatus diplomático de la isla y el apoyo militar y económico norteamericano—la nueva ley reconfigurará por completo la política de los últimos 40 años, vaciando de contenido la idea de “una sola China”.

La Casa Blanca se opone parcialmente a ese borrador, que ahora discutirá la Cámara de Representantes. Lo relevante, en cualquier caso, es que si China concluye que Washington apoya la independencia de Taiwán, su presión económica, política y militar sobre Taipei irá lógicamente en aumento. La proximidad de las elecciones parciales al Congreso pueden haber llevado a Biden a exponer un ajuste retórico con respecto a la posición tradicional de Estados Unidos, pensando quizá que podría contribuir de este modo a alejar a Xi de la tentación del uso de la fuerza.Pero lejos de reforzar las posibilidades de disuasión de Pekín, sus dirigentes han percibido por el contrario una nueva provocación que no hará sino agravar la inseguridad de la isla y la inestabilidad en el estrecho

INTERREGNUM: Revisionistas en Samarkanda. Fernando Delage

La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) celebrada en Samarkanda la semana pasada, la primera con carácter presencial desde 2019, confirmó la creciente soledad del presidente ruso, Vladimir Putin. Coincidiendo con la contraofensiva ucraniana de los últimos días, Putin tampoco logró la muestra de solidaridad diplomática que esperaba de China e India. Su encuentro con el presidente Xi Jinping, el primero desde que se vieron en febrero—sólo un par de semanas antes de la invasión de Ucrania—, fue de hecho el principal motivo que atrajo la atención internacional hacia este oscuro foro multilateral. Pero los dos líderes han hablado con frecuencia estos meses, y ya habían quedado claros los límites del apoyo de Pekín a Moscú. La cumbre ha servido más bien para hacer visible el aumento de la influencia china a costa de Rusia, así como el giro geopolítico que se ha producido en Asia central.

Los efectos de la agresión rusa se siguen acumulando. En una quiebra sin precedente del protocolo diplomático—impensable antes de la guerra—, por ejemplo, Xi fue recibido al aterrizar en Samarkanda por el presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, mientras que Putin tuvo que contentarse con que le diera la bienvenida el primer ministro, Abdulla Oripov. Mayor alcance tuvo la visita previa de Xi a Kazajstán. Como es sabido, su presidente, Kassym-Jomart Tokayev, ha rechazado los argumentos rusos sobre su intervención militar, y no ha reconocido a las repúblicas separatistas del Donbás. No es casualidad que Xi eligiera Kazajstán como destino de su primer viaje al extranjero desde enero de 2020, y allí se comprometió con “la salvaguardia de su soberanía e integridad territorial”, y se manifestó “firmemente contra la interferencia de cualquier país en sus asuntos internos”. Sus comentarios sólo pueden entenderse en referencia a las recientes declaraciones de políticos rusos—incluyendo al expresidente Dmitri Medvedev—que ponen en duda el derecho de Kazajstán a su independencia.

Las dificultades de Moscú en Ucrania no sólo están debilitando su tradicional peso en la región, sino que las repúblicas centroasiáticas acuden a China como el socio que mejor les permite sortear las consecuencias de la crisis económica en Rusia. La República Popular aprovecha esta oportunidad para avanzar así en la construcción de un bloque antioccidental, en el que Moscú no ocupará el papel protagonista deseado por Putin. Con todo, un objetivo más inmediato para Pekín está relacionado con su seguridad nacional. Además de hacer frente a los grupos separatistas en Xinjiang, el crecimiento económico y el desarrollo de infraestructuras de interconexión en Asia central es un imperativo para minimizar su vulnerabilidad en el Asia marítima—especialmente en caso de conflicto con Estados Unidos—, y Xi observa con preocupación cómo el conflicto en Ucrania puede complicar la ejecución de la nueva Ruta de la Seda.

Que la debilidad rusa haya inclinado el equilibrio en la relación bilateral y en el seno de la OCS hacia China no debe ocultar, sin embargo, la relevancia de este grupo al que, en Samarkanda, se unió además Irán de manera oficial. Los miembros de la OCS representan un tercio del PIB global, el 40 por cien de la población mundial, y las dos terceras partes del territorio euroasiático. Sólo uno, India, es una democracia. Por su escala y ambiciones revisionistas—la declaración final de la cumbre es todo un alegato contra el “hegemonismo” occidental—, el bloque merece mucha mayor atención, especialmente al confirmarse como uno de los instrumentos a través de los cuales China busca consolidar su liderazgo de Eurasia.

INTERREGNUM: Taiwán: choque de trenes. Fernando Delage

Mes y medio después de su visita a Taipei, la crisis abierta en el estrecho de Taiwán por el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, parece no tener fin. Pekín ha mantenido su presión militar, mientras que Washington anunció a principios de septiembre la venta de un nuevo paquete de armamentos a la isla por valor de 1.100 millones de dólares. Estados Unidos ha calificado las acciones chinas como desproporcionadas y dirigidas a establecer un “nuevo statu quo”, mientras que, para la República Popular, es la administración Biden la que ha violado el principio de “una sola China”.

Lo que viene a ilustrar este “choque de narrativas” es la desaparición del contexto en el que se definió el problema durante décadas. El aumento de capacidades chinas ofrece a Pekín un margen de maniobra del que carecía con anterioridad; la política de ambigüedad estratégica norteamericana puede resultar insuficiente como instrumento de disuasión; y la consolidación de una identidad taiwanesa cada vez más separada del continente acelera la urgencia de los dirigentes chinos por completar un proceso de reunificación que forma parte esencial de la agenda de rejuvenecimiento nacional perseguida por Xi Jinping (el conocido como “sueño chino”). Taipei ha anunciado por su parte un impulso adicional a la modernización de sus Fuerzas Armadas, pero son sobre todo los dos grandes los que tienen en sus manos la gestión de esta espiral de enfrentamiento, en la que por ahora han optado por dar protagonismo a la dimensión militar.

Es ésta una crisis que cabía esperar tarde o temprano, pero Pelosi—guiada por motivaciones de política interna norteamericana—ha provocado un estallido que, ante todo, no ha hecho sino perjudicar la seguridad de Taiwán, es decir, la que debía ser la primera obligación de Washington. Las supuestas meteduras de pata del presidente Biden, quien hasta tres veces ha dicho que Estados Unidos intervendría militarmente en el caso de una invasión, han sido otra señal para Pekín—no importa que el Departamento de Estado las haya corregido posteriormente—de que las cosas están cambiando. Pero igualmente tiene razón la Casa Blanca al percibir que la inquietud china por resolver la cuestión se precipita. Ambas partes, como también el gobierno de la isla, han dejado en consecuencia de compartir el marco de referencia que proporcionó un entorno de relativa estabilidad hasta al menos 2016, año en el que, tras la victoria electoral del Partido Democrático Progresista—revalidada en 2020—, la presidenta Tsai Ing-wen evitó adherirse formalmente al “consenso de 1992” sobre las diferentes interpretaciones mantenidas por Pekín y Taipei sobre el concepto de “una sola China”.

A la ruptura del statu quo apuntan igualmente la continuidad de las acciones coercitivas chinas en torno al espacio marítimo y aéreo taiwanés, así como el lenguaje empleado en el tercer Libro Blanco de la República Popular sobre Taiwán (el primero desde que Xi llegó al poder), hecho público por Pekín tras la visita de Pelosi: “no permitiremos que este problema pase de una generación a la siguiente”. Por su parte, de manera simultánea al nuevo suministro de armamento, el Congreso de Estados Unidos discute estos días una propuesta legislativa (la “Taiwan Policy Act”), cuyos proponentes—un senador demócrata y otro republicano—pretenden que sustituya a la ley de 1979 que hasta la fecha guiaba las relaciones con la isla, y sirva para reforzar el compromiso de seguridad norteamericano.

Como las tres crisis anteriores en el estrecho (1954-1955, 1958, 1995-96), la de 2022 marca un nuevo punto de inflexión en las relaciones entre China y Estados Unidos. Pero la principal diferencia es que esta vez existe un equilibrio de poder muy diferente entre ambos, a la vez que los respectivos imperativos internos de cada parte complican los esfuerzos a favor de un acercamiento que permita prevenir un choque mayor. Es posible que el XX Congreso del Partido Comunista establezca el próximo mes unas nuevas líneas rojas sobre Taiwán (Xi debe demostrar que el problema se orienta en la dirección querida por Pekín), mientras que el calendario electoral de Estados Unidos—como ya ha demostrado Pelosi—tampoco facilitará que la Casa Blanca se incline por avanzar hacia un escenario de distensión.

INTERREGUM: Eurasia: el regreso de los imperios. Fernando Delage

El conflicto de Ucrania es probablemente la primera guerra imperial del siglo XXI. Para Putin, el problema de fondo no es que Ucrania quiera incorporarse a las estructuras euroatlánticas sino su existencia misma. Porque considera que Ucrania es Rusia, Moscú tendría por tanto el derecho a no respetar su soberanía e integridad territorial.

Aunque los imperios supuestamente desaparecieron con el proceso de descolonización posterior a la segunda guerra mundial, Rusia es el ejemplo más claro de un actor cuyo comportamiento está marcado por su pasado imperial. Pero no es el único. Como ella, otras tres potencias euroasiáticas—Irán, Turquía y China—definen su identidad sobre la base de ese legado histórico. Aunque sin ir estas últimas tan lejos como Moscú (que no ha dudado en recurrir a la fuerza para hacer realidad sus ambiciones), los cuatro países se ven a sí mismos como centro de distintos órdenes regionales. Los cuatro desafían en consecuencia el sistema de reglas e instituciones establecidas por Occidente tras 1945.

Su incompleta transformación de imperios en Estados-naciones, y las consecuencias de este hecho para la dinámica internacional, constituyen el objeto de un fascinante libro de Jeffrey Mankoff, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington. En Empires of Eurasia: How Imperial Legacies Shape International Security (Yale University Press, 2022), Mankoff examina en los cuatro casos su formación y evolución histórica, los desafíos de asimilación en su periferia, y las implicaciones geopolíticas de su impulso revisionista.

El panorama descrito por el autor es el de la irrupción de una nueva era en Eurasia. Coincidiendo con la desaparición de las barreras que mantuvieron fragmentado este espacio geográfico, el factor imperial adquiere un nuevo protagonismo dada la inclinación de Rusia, Turquía, Irán y China a intervenir en los asuntos de sus vecinos mediante el uso de instrumentos militares, políticos y económicos. Sus respectivos líderes hacen hincapié en su continuidad con un pasado idealizado, en el que buscan inspiración, un modelo político autoritario y un estatus internacional como grandes potencias.

Pero más que el compromiso con una determinada ideología, lo que comparten es la idea de que son algo más que Estados “ordinarios”; una convicción que se ha hecho más visible desde el fin de la Guerra Fría. Los cuatro se han sentido al margen de un orden internacional basado en la igualdad soberana y la integridad territorial de los Estados, y que ha hecho hincapié en los principios democráticos como clave de legitimidad política. Rechazando la supuesta universalidad de los valores occidentales, sus líderes sostienen su legitimidad por el contrario en su pasado imperial. La gradual integración de Eurasia mediante nuevas infraestructuras y redes económicas les ha ofrecido una nueva oportunidad para proyectar su poder e influencia a favor de sus intereses y valores.

Es un espacio en el que, de hecho, compiten entre sí. Desde una perspectiva global, sin embargo, se oponen de manera conjunta al liderazgo político, institucional y normativo de Occidente. El desafío que plantean consiste de este modo en su apoyo a un concepto alternativo de orden mundial, basado no en el Derecho internacional y sus pilares westfalianos, sino en el poder derivado de una determinada cosmovisión histórica, cultural o religiosa. La tensión entre su reclamación de un estatus especial y el orden liberal es pues una de las principales líneas de división en esta nueva era, era de competición entre las grandes potencias, así como una de las características de la actual geopolítica euroasiática.

El alcance de lo que está en juego explica por qué Ucrania dista de ser un mero conflicto local. Mankoff no concluye su libro de manera optimista. La mentalidad imperial está tan enraizada en estos países que, en su opinión, incluso bajo un liderazgo democrático seguirían desafiando las reglas que rechazan la concepción imperial como modelo de organización política.

INTERREGNUM: China en Asia central. Fernando Delage

La guerra de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia han incrementado la importancia económica y geopolítica de Asia central para las potencias vecinas. Así quedó de manifiesto en el tercer foro C+C5 (integrado por China y las cinco repúblicas centroasiáticas), celebrado en Kazajstán el pasado mes de junio. Los participantes acordaron un plan de acción de diez puntos que aspira, entre otros objetivos, a avanzar en la interconectividad regional (impulsando en particular la conexión ferroviaria China-Kirguistán-Uzbekistán), reducir el uso del dólar, y fortalecer la cooperación en la lucha antiterrorista y con respecto a Afganistán. En lo que supone un reconocimiento de la mayor relevancia de la región para los intereses chinos, el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, anunció que, a partir de su próxima reunión, el foro se eleva a nivel de jefes de Estado.

Como América Latina, África y Oriente Próximo, Asia central forma parte de ese mundo emergente al que la República Popular parece recurrir como un colchón con el que amortiguar la presión estratégica que representa Estados Unidos, y como instrumento para la construcción del orden multipolar que desea. Si realmente existe un plan estratégico tan claro por parte china, es algo discutido, sin embargo, entre los observadores.

Dos autorizados expertos niegan que ese sea el caso en Asia central. Según escriben Raffaello Pantucci y Alexandros Petersen en un reciente libro (Sinostan: China’s inadvertent empire, Oxford University Press, 2022), son básicamente los intereses derivados de sus imperativos internos los que determinan el papel de la República Popular en la zona. Los recursos naturales que necesita para su economía y sus preocupaciones de seguridad, muy especialmente en relación con Xinjiang, constituyen las dos grandes prioridades que guían la interacción entre China y las naciones centroasiáticas. Esas necesidades han conducido a una creciente presencia china, pero sin que Pekín—señalan—haya valorado todas sus consecuencias. Su visión sobre el futuro de Asia central estaría todavía por definir.

Basado en el trabajo realizado durante años por los autores en esta parte del mundo (Petersen murió en un atentado en Afganistán en 2014), el libro tiene la virtud de no limitarse a la reflexión académica. Más allá del análisis convencional de intercambios comerciales, inversiones y maniobras geopolíticas, son las historias y entrevistas personales sobre el terreno las que ofrecen una mejor comprensión de los movimientos de las grandes potencias en el corazón de Eurasia. Es un libro útil asimismo para entender la relación de Pekín con Rusia. Pese a su actual convergencia frente a Occidente, Moscú ve con escasas simpatías el rápido aumento del peso económico de China en su vecindad, así como su pérdida de control en la Organización de Cooperación de Shanghai. Una Rusia debilitada—y unos Estados Unidos ausentes de la región—benefician a priori a la República Popular, aunque también tiene que gestionar un escenario más complejo.

La invasión de Ucrania ha introducido, en efecto, nuevas variables. La República Popular debe ahora navegar entre su apoyo a Putin y su acercamiento a unos países que quieren distanciarse de Moscú. La caída de la economía rusa está hundiendo las estimaciones de crecimiento en Asia central, mientras que las consecuencias políticas de la guerra hacen de China un socio más atractivo. Los hechos empujan por su parte a Pekín a reajustar su conceptualización de la región en el marco de su rivalidad geopolítica con las democracias occidentales. Esta es probablemente una de las principales señales lanzada por la cumbre del C+C5, cuyo comunicado final también incluyó la promoción de la Iniciativa de Seguridad Global de Xi Jinping, la propuesta anunciada por el presidente chino en abril como estructura alternativa a las alianzas de Estados Unidos.

INTERREGNUM: Xi prepara el XX Congreso. Fernando Delage

En un año en el que el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, esperaba verse libre de problemas para recibir el visto bueno a su tercer mandato en el XX Congreso, que se celebrará el próximo otoño, los desafíos se han multiplicado tanto en el frente interno como en el exterior. Su continuidad no está en discusión, pero las críticas a su liderazgo parecen extenderse, lo que podría conducir a algún giro en política económica y en política exterior.

Si esto es así no podrá confirmarse hasta noviembre, aunque el informe político que presentará Xi al Congreso—y que definirá las grandes orientaciones del gobierno chino hasta 2027—quedará prácticamente concluido en el cónclave secreto anual de los máximos dirigentes chinos en la playa de Beidaihe, en los primeros días de agosto. Aunque tampoco trascenderá aún, la segunda cuestión relevante que tratarán en su encuentro será la formación del próximo Comité Permanente del Politburó. La renovación, por razones de edad, de la práctica totalidad de sus siete miembros, dará la señal más clara de la fortaleza (o de los límites) del poder de Xi.

Es en la economía donde el presidente chino se ha encontrado con el escenario más conflictivo para sus intereses. Su política de COVID cero, las tensiones con Estados Unidos y las consecuencias de la guerra de Ucrania impedirán el objetivo oficial de un crecimiento del PIB del 5,5 por cien en 2022. Después de que la economía china haya registrado un crecimiento de apenas el 0,4 por cien en el segundo trimestre—la segunda peor cifra de los últimos treinta años—, lo más probable es que el PIB sólo se incremente en un 3 por cien. Pero a ello se suma un aumento sin precedente del desempleo juvenil (un 19,3 por cien en junio) y una crisis del sector inmobiliario que ha conducido a millones de ciudadanos a suspender el pago de sus hipotecas, con el consiguiente impacto sobre el sector financiero.

Las sanciones norteamericanas y el apoyo de Pekín a Moscú se está traduciendo por otra parte en un desvío de las inversiones de numerosas multinacionales desde la República Popular a otros países, como Vietnam y Bangladesh. Las exportaciones han sido el único aspecto positivo (crecieron un 17,9 por cien interanual en junio), pero la continuidad de su dinamismo depende de que la administración Biden elimine tarifas a las importaciones chinas, una decisión incluida en la agenda de la conversación mantenida por ambos presidentes el 28 de julio.

Por otra parte, China afronta la peor imagen exterior en décadas. El último sondeo del Pew Research Center, realizado en 19 países, recoge un 68% de percepción negativa entre los encuestados, frente a un 27% con una opinión favorable. Son unos resultados que erosionan los intentos de la República Popular de proyectarse como gran potencia responsable, pero también la imagen personal de Xi. Más preocupa con todo a Pekín el deterioro de su entorno geopolítico. La creciente consolidación del QUAD, el lanzamiento de AUKUS, y su inserción en el nuevo concepto estratégico de la OTAN reflejan una preocupante situación de enfrentamiento con las democracias occidentales y asiáticas, agravada por las presiones con respecto a Taiwán.

En estas circunstancias no debe sorprender que Xi haya querido demostrar su autoridad en sus recientes y sucesivas visitas a Hong Kong, Wuhan y Xinjiang, objeto todas ellas de una enorme atención mediática. Los argumentos nacionalistas empleados por el presidente sirven de distracción de las dificultades económicas, que sin embargo no van a desaparecer. Se especula por estas razones con que Xi tendrá que ceder, permitiendo la realización de algunas de las reformas a favor del mercado aplazadas durante tanto tiempo, y la designación como nuevos miembros del Politburó de algunos dirigentes que no pertenecen a su facción. Si, como parece, ya ha tenido que dejar en manos de Li Keqiang la gestión del día a día de la economía (aunque competencia tradicional de los primeros ministros, Xi se la arrebató poco después de llegar al poder), una de las grandes incógnitas es precisamente si Li—miembro de las Juventudes Comunistas, grupo considerado como enemigo por Xi—seguirá formando parte del Comité Permanente tras el Congreso.

INTERREGNUM: El legado de Abe. Fernando Delage  

Desde hace al menos una década, Japón afronta un triple dilema en su entorno geopolítico: cómo prevenir un estatus subordinado a China en Asia; cómo corregir una excesiva dependencia en su relación con Estados Unidos; y cómo equilibrar las relaciones con ambas potencias sin convertirse en rehén de su rivalidad. Puesto que Japón no puede permitirse abandonar la alianza con Washington ni renunciar a su relación de interdependencia económica con Pekín, tenía que dar forma a una estrategia  que permitiera defender sus intereses y valores en esta era de cambios en el equilibrio de poder.

Fue Shinzo Abe, el exprimer ministro asesinado el pasado 8 de julio, quien supo articular una respuesta a esa encrucijada, abandonando las premisas de la diplomacia japonesa posterior a 1945—la conocida como “doctrina Yoshida”—, para dar a su país una nueva identidad como actor internacional. Sus propuestas fueron, no obstante,  más lejos, pues supo intuir como pocos los vientos de cambio que se avecinaban en la seguridad regional y, con sus ideas e iniciativas, hizo que fueran otros actores—Estados Unidos incluido—los que le siguieran. Así ocurrió con el concepto del Indo-Pacífico, que no existió hasta que Abe lo empleó para describir la realidad de una Asia cada vez más interdependiente, o con el diseño del QUAD como expresión de una comunidad definida por los valores democráticos.

Considerando a un mismo tiempo los intereses de Japón y los de la región en su conjunto, Abe construyó una estructura diplomática que perseguía tres objetivos. El primero de ellos consistía en preservar el equilibrio de poder en Asia estableciendo un contrapeso eficaz de China. Aunque el eje principal de este último es el sistema de alianzas liderado por Estados Unidos, Japón lo ha completado durante estos años con una red adicional de asociaciones estratégicas con otros Estados vecinos. Participando de manera proactiva en la redefinición de la arquitectura de seguridad regional con el fin de condicionar el margen de maniobra chino, mientras de manera paralela ha “normalizado” su propia política de defensa (eliminando algunas de las restricciones impuestas por la Constitución a su acción internacional y ampliando sus capacidades militares), Japón ha ampliado su espacio estratégico y adquirido una mayor flexibilidad para adaptarse a un eventual escenario de inestabilidad.

Un segundo objetivo promovido por el gobierno japonés ha sido la integración económica de la región, sin dejar fuera a China. Japón es la mayor economía del CPTPP—es decir, el antiguo TPP sin Estados Unidos—y la segunda en el RCEP. Sus capacidades financieras y tecnológicas, sumadas a las iniciativas acordadas con otros socios en materia de infraestructuras de calidad, control de sectores estratégicos y gobernanza digital, contribuirán a prevenir que el continente se oriente en su totalidad hacia China.

Por último, Abe hizo de la defensa de los valores liberales un núcleo central de su política exterior. Como indicó la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, la primera en la historia del país, los intereses nacionales de Japón residen en “el mantenimiento y protección de un orden internacional basado en reglas y valores universales, como la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos fundamentales y el Estado de Derecho”.

Responsable de que Japón haya vuelto a ser un actor estratégico—la guerra de Ucrania ha reforzado aún más sus argumentos—, Abe deja un vacío difícil de cubrir. Aun fuera del gobierno, su liderazgo seguía presente, marcando una misma orientación a sus sucesores. Su ausencia puede conducir a posiciones menos explícitas en determinados asuntos, pero sin que pueda ignorarse la infraestructura de seguridad construida durante sus cerca de ocho años en el poder. La actualización—prevista para finales de año—de la Estrategia de Seguridad y de las orientaciones de las fuerzas de autodefensa, confirmará esta transformación en la acción exterior de Japón, que representa a su vez uno de los hechos más relevantes de las relaciones internacionales del Asia contemporánea.

INTERREGNUM: ¿Una OTAN global? Fernando Delage

Desde 2019, los miembros de la OTAN han estado discutiendo sobre cómo dar forma a una posición común con respecto a China. Fue aquel año cuando el país apareció por primera vez en una declaración de la Alianza, al indicarse que la República Popular “presenta oportunidades y desafíos”. Tras un proceso de reflexión interna, el comunicado final de la cumbre de 2021 recogió una nueva descripción: China, se decía, plantea “desafíos sistémicos al orden internacional basado en reglas y a áreas relevantes para la seguridad de la Alianza”. Tras el encuentro de la semana pasada en Madrid, es en el concepto estratégico de la organización—el documento que define las grandes orientaciones para la próxima década—donde se refleja el consenso de los aliados acerca del gigante asiático, a la luz de sus acciones de los últimos años y de su apoyo a Putin tras la invasión de Ucrania.

Partiendo de la misma descripción de China como “reto sistémico”, el texto señala que sus “declaradas ambiciones y políticas coercitivas desafían nuestros intereses, seguridad y valores”. La República Popular, añade, “utiliza una gran variedad de herramientas políticas, económicas y militares para aumentar su presencia global y proyectar poder, mientras mantiene ocultas su estrategia, sus intenciones y su desarrollo militar”. Además de hacer referencia al uso de instrumentos híbridos y cibernéticos, al aumento de su arsenal nuclear, y a la vulneración de los derechos humanos, se hace hincapié en los intentos de control de infraestructuras críticas y cadenas de valor, al utilizar “sus capacidades económicas para crear dependencias estratégicas”. El documento toma nota asimismo de “la profundización de la asociación estratégica entre China y la Federación Rusa” y sus esfuerzos conjuntos dirigidos a erosionar las bases del orden internacional.

En un hecho sin precedente, la OTAN ha calificado por tanto a China como adversario en un documento formal; y lo ha hecho, además, desde una perspectiva global (al definir a la República Popular como un desafío para la seguridad internacional y no sólo para la región del Indo-Pacífico), y sin dejar fuera ninguna de las dimensiones en las que su ascenso afecta a Occidente. En un gesto lleno de simbolismo que refleja igualmente la interconexión entre la seguridad europea y la asiática, la Alianza invitó a la cumbre de Madrid a los líderes de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.

La respuesta de Pekín no se hizo esperar. Además de acusar a la organización de difamarla maliciosamente, indicó asimismo que “busca crear enemigos y fomentar la confrontación de bloques”. Aunque la OTAN en ningún caso va a involucrarse militarmente en el Pacífico, Pekín tiene claro que estos movimientos son reflejo de la intención de la administración Biden de fortalecer su red de alianzas frente a China. Denuncias aparte, a partir de ahora tendrá que incorporar a la OTAN como nuevo rival en su planificación estratégica.

Treinta años después de la caída del Muro de Berlín, los hechos parecen pues apuntar al comienzo de una nueva guerra fría, aunque con líneas de división mucho más complejas. No pocas cosas separan a Rusia y China, mientras que los países emergentes persiguen objetivos políticos no siempre coherentes con sus prioridades económicas. Dos grandes incógnitas—la naturaleza de la Rusia post-Putin, y el sucesor de Biden en Estados Unidos—determinarán en gran medida la evolución de los acontecimientos; también para una China que quiere más poder, pero necesita ante todo estabilidad exterior. La creciente coordinación de varios de sus Estados vecinos con la OTAN es otro motivo de alarma que tendrá que agradecer a su socio moscovita.

INTERREGNUM: BRICS vs G7. Fernando Delage

Mientras buena parte del mundo sufre las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, China redobla su pulso con Occidente y trata de capitalizar el momento en su estrategia de ascenso global. Una semana después de reiterar el apoyo de Pekín a Putin en su llamada de felicitación al presidente ruso por su 69 cumpleaños, Xi Jinping recurrió, en efecto, a la cumbre de los BRICS del pasado jueves para dar visibilidad a los países emergentes como bloque, y para promover un concepto alternativo de orden internacional.

Las circunstancias ya apuntaban al simbolismo de esta cumbre, celebrada—no por casualidad—en vísperas del encuentro anual del G7 en Alemania y de la reunión de la OTAN en Madrid que actualizará el concepto estratégico de la organización. Aunque la reunión de los BRICS se ha realizado virtualmente, ha sido la primera convocatoria multilateral en la que ha podido participar Vladimir Putin después de la invasión de Ucrania. Putin ha hecho ver que su aislamiento diplomático no es completo, y que los líderes del grupo—pese a las presiones que han recibido de Estados Unidos y de sus aliados—no tienen inconveniente en tratar con él. Es más, tratando de sortear las sanciones occidentales, buscan la manera de beneficiarse del contexto actual en sus intercambios económicos con Moscú. Rusia les ha propuesto, por ejemplo, pagar sus transacciones sobre la base de una cesta de divisas que sustituya al dólar.

Pero es China el gigante cuya economía supera con creces a las de los otros cuatro miembros juntos, y Xi quien pretende dar forma a un consenso del bloque en torno a su visión de las relaciones internacionales. En su discurso, Xi expuso las dos grandes propuestas que, desde la invasión de Ucrania, ha articulado como ejes de la diplomacia china: la Iniciativa de Desarrollo Global y la Iniciativa de Seguridad Global. La primera, vinculada a la Nueva Ruta de la Seda, confirma una vez más que Pekín ha hecho del Sur Global un instrumento central para sus ambiciones estratégicas. La segunda, aunque tiene su origen en el “nuevo concepto de seguridad” acuñado por Pekín en la década de los noventa, ha sido reformulado como respuesta a la guerra de Ucrania y es una manera de denunciar a Occidente—y de manera por primera vez explícita a la OTAN—por no haber respetado los intereses de seguridad de Rusia.

El mensaje que se quiere transmitir con ambas propuestas es claro: China está preparada para sacar al mundo de la crisis económica (a través de sus planes de coordinación e interconectividad con los países en desarrollo) y proporcionarle estabilidad geopolítica (mediante el establecimiento de una nueva arquitectura de seguridad). Contrapone así su papel al de Estados Unidos, quien—por el contrario—mantiene según la República Popular una mentalidad de guerra fría y, con su política de sanciones, prolonga un conflicto que está provocando graves daños económicos. Es un discurso al que Pekín está dedicando grandes esfuerzos desde que estalló el conflicto en Ucrania, y que el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha tratado con al menos cuarenta países durante los dos últimos meses.

Frente a las tensiones con Washington y sus aliados por el apoyo que presta a Moscú, China tenía que lanzar el mensaje de que cuenta con el alineamiento de los países no occidentales. Pero lo cierto es que, más allá de una retórica compartida, no todos los miembros de los BRICS ven las cosas de la misma manera. Un escollo notable es India: pertenece al grupo, aunque también al QUAD y al Marco Económico del Indo-Pacífico propuesto por la Casa Blanca. El primer ministro Narendra Modi, que comparte con el presidente Joe Biden la idea de que China es un rival estratégico, ha participado como invitado, incluso, en la reunión del G7. Dejando a India al margen, Pekín ha propuesto la ampliación de los BRICS a nuevos miembros, entre los que podrían encontrarse Argentina, Egipto, Indonesia, Kazajstán, Nigeria, Emiratos, Arabia Saudí, Senegal y Tailandia (países todos ellos participantes, en mayo, en una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del grupo).

China parece jugar con la idea de que, con la ampliación del bloque, y bajo su liderazgo, los BRICS podrían convertirse en una alternativa al G7 o al G20. Las naciones en desarrollo van a contar, no obstante, con propuestas que rivalizan con las de Pekín sin sus mismos riesgos de dependencia. El anuncio por el G7, el pasado domingo, del “Partenariado para Inversión e Infraestructura Global”, un ambicioso plan dotado de ingentes recursos y concebido para competir con la Nueva Ruta de la Seda china, es la más reciente demostración de que la partida continúa.

 

 

INTERREGNUM: China, desafío europeo. Fernando Delage

Con la atención puesta en Ucrania, otros desafíos a la posición internacional de Europa parecen haber pasado a un lugar secundario. Algunos de ellos, sin embargo, adquieren una nueva relevancia precisamente por su relación con la guerra en el Viejo Continente. Ese es el caso de China: su apoyo a Rusia convierte a Pekín en un actor inesperado en la seguridad europea, haciendo de su ascenso un reto de naturaleza multidimensional. Además de tratarse de un rival tecnológico e industrial de primer orden, la UE ha tardado en reconocer que compite igualmente con China sobre el futuro del orden internacional. El aumento de sus capacidades económicas, diplomáticas y militares pone en riesgo intereses y valores europeos, pero también afecta a su entorno de seguridad.

La lejanía geográfica y el hecho de que Europa no sea un actor estratégico en Asia impedían percibir China de la misma manera que lo hace Estados Unidos. Pero la República Popular se acerca más que nunca a Europa a través de sus planes dirigidos a reconfigurar Eurasia. Su solidaridad con Moscú, sus operaciones de influencia y la promoción del autoritarismo en el mundo emergente subrayan la definición de China como “rival sistémico” hecha por la UE en 2019, y reiterada más recientemente por la brújula estratégica de la Unión.

La guerra de Ucrania ha obligado a Estados Unidos a reajustar su estrategia china, como hizo el secretario de Estado, Antony Blinken, el 26 de mayo, y reiteró la semana pasada el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en su intervención en el foro de Shangri-la. También la OTAN, en su próxima cumbre de Madrid, incorporará el desafío chino a su nuevo concepto estratégico. La Unión Europea ha dado forma por su parte a nuevos instrumentos orientados igualmente a responder a los movimientos de Pekín. Pero se echaba en falta una concepción integral y sistemática que, además de identificar las implicaciones para Europa de las ambiciones de Xi Jinping, recogiese las medidas que conviene adoptar en los diversos frentes.

Ese vacío es el que ha intentado cubrir un reciente informe realizado de manera conjunta por tres prestigiosos think tanks: el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, el Instituto Montaigne de París y el Centre for European Reform de Londres. Según el informe (“Rebooting Europe’s China Strategy”), la UE debe perseguir tres objetivos estratégicos fundamentales en sus relaciones exteriores: proteger y promover los pilares de la identidad europea—democracia, Estado de Derecho, multilateralismo y desarrollo sostenible—; fortalecer la relación con los socios y aliados democráticos; y mantener un orden internacional basado en reglas.

De conformidad con esos fines, el informe recomienda actuar simultáneamente en cinco direcciones. En primer lugar, Europa necesita minimizar y gestionar sus vulnerabilidades frente a China. Debe, para ello, protegerse de las operaciones de influencia y de los ciberataques; competir con la influencia económica china, tanto en su territorio como en terceros países; impulsar una estrategia de diversificación que reduzca la dependencia de los suministradores chinos; y supervisar de manera más estricta las inversiones chinas.

Europa necesita, en segundo lugar, maximizar su margen de maniobra con respecto a China sacando un mayor partido a las capacidades con que ya cuenta. Además de recurrir a su poder regulatorio, la UE debería evitar el bloqueo de las decisiones de política exterior por la exigencia de unanimidad; demostrar que su modelo de gobierno democrático y de libre mercado produce mejores resultados que el sistema autoritario chino; y asegurar que propuestas como la Global Gateway se convierta en una alternativa atractiva a la Nueva Ruta de la Seda de Pekín.

En tercer lugar, Europa debe fortalecer asimismo las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales frente a los esfuerzos chinos por reconfigurar su misión. En el terreno multilateral, la UE debe prestar atención asimismo a las acciones de Pekín destinadas a promover la adopción de sus estándares técnicos por parte de las agencias especializadas, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La cooperación con la República Popular, en cuarto lugar, debe estar sujeta a una exigencia de reciprocidad y de respeto de las normas internacionales. Y, finalmente, la UE y los Estados miembros necesitan profundizar en el conocimiento de China y de su presencia en el territorio, en las motivaciones que guían a sus dirigentes y a los vínculos entre las empresas chinas y el Partido Comunista.

Son recomendaciones muy completas, muchas de las cuales la UE ya estaba en realidad siguiendo, pero que sirven sobre todo para evitar el riesgo de que la urgencia de hacer frente al ataque de Putin a la estabilidad europea se traduzca en una menor atención al creciente peso del gigante asiático.