Extradición de un alto ejecutivo chino, la nueva diplomacia de Washington. Nieves C. Pérez Rodríguez

En diciembre del 2018 la Administración Trump solicitaba la extradición de Meng Wanzhou, directora financiera de tecnología de Huawei, la multinacional china especializada en móviles y en alta tecnología. Todo comenzó en agosto del 2018 cuando un tribunal de Nueva York emitía una orden de arresto para que Meng fuera juzgada en los Estados Unidos como alta ejecutiva de la gigante china debido a que sobre Huawei recaen cargos de “violación de sanciones estadounidenses en contra de Irán y conspiración para robar secretos comerciales”.

Huawei es la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo y la segunda que más móviles de nueva generación vende, de acuerdo con Forbes. Fue fundada en 1987 por Ren Zhengfei, exmilitar chino y padre de la actual directora financiera, quién se encontraba en Vancouver cuando fue detenida por las autoridades canadienses en el momento en que se disponía a cambiar de avión para continuar con un viaje.

Desde ese momento se ha encontrado en arresto domiciliario en una residencia propia que tiene en la ciudad canadiense y con grillete electrónico que lleva atado a un tobillo.  Y desde allí se traslada a los tribunales que llevan su caso.

La solicitud de la extradición de Meng Wanzhou fue en su momento un giro diplomático importantísimo, que no tiene precedentes pues Meng forma parte de una de las familias más influyentes y poderosas en China, que seguramente cuenta con acceso directo a Xi Jinping. Otro elemento curioso de la detención fue la discreción con la que se manejó el hecho durante los primeros días, ya que ninguno de los Estados involucrados se manifestó inmediatamente, ni tampoco se filtró a la prensa sino pasado varios días de haber tenido lugar la captura a manos de la policía canadiense.

Ni la Casa Blanca ni tampoco el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se manifestaron al respecto; por el contrario, hubo un intento de distanciamiento de la situación. Sin embargo,

China respondió apresando a dos ciudadanos canadienses (Michael Kovring y Michael Spavor),  hombres de negocios, aunque el segundo es además un exdiplomático. Y ambos fueron acusados de “espiar secretos nacionales y proporcionar inteligencia a entidades externas”

El sistema judicial chino está completamente controlado por el PC chino y de acuerdo con la BBC cuenta con una tasa de condenas de casi el 100% una vez que se acusa al imputado.

Beijing también ha bloqueado la exportación de algunos productos canadienses como parte de su descontento. Un caso curioso fue una carga de canola que al llegar a puerto chino fue acusada de tener plagas peligrosas de acuerdo con el gobierno chino. O en junio del pasado año fueron suspendidas todas las exportaciones de carne de cerdo provenientes de Canadá.

Paralelamente los abogados de Meng han solicitado incansablemente a las cortes canadienses que la información de la acusación se haga pública pero las cortes alegan que hay información que compromete la seguridad nacional por lo que no lo han hecho.

A finales de mayo de este año un juez de la Corte Suprema de Vancouver dictaminó que los cargos contra Meng cumplían con el estándar legal de “doble criminalidad”, lo que significa que podrían considerarse delitos tanto en Canadá como en los Estados Unidos. A esa acción una vez más Beijing respondió amenazando con sentenciar a los dos hombres de negocios que habían sido apresados al principio de esta saga.

Meng está clasificada legalmente como fugitiva de la justicia estadounidense por lo que la extradición, elemento que desencadenó todo este proceso, tenía sentido legal y es precisamente lo que ha venido discutiendo los abogados de la ejecutiva de Huawei, pues ellos no quieren que sea extraditada a Estados Unidos y menos juzgada por tribunales estadounidenses.

En este momento se está negociando un acuerdo “de procedimiento diferido” entre los fiscales estadounidenses y los abogados de la ejecutiva china, que consiste en que Meng podría admitir algunas de las acusaciones que se le imputan y con ello se le permitiría retornar a China. De acuerdo con Reuter, este tipo de acuerdo se suele conceder a empresas y en raras ocasiones a individuos, aunque de momento todo apunta a que es poco probable que se materialice.

La Administración Trump ha sido persistente en su lucha contra los abusos chinos y en el caso concreto de la construcción del 5G ha sido aún más enfática. Ha desplegado una campaña internacional de advertencia de las consecuencias de que la plataforma 5G esté en manos del PC chino y lo que eso significa para la seguridad de las naciones. La pandemia ha dejado ver las vulnerabilidades del mundo más que nunca, especialmente ha desenmascarado al gobierno chino en su afán por encubrir inicialmente el brote del Covid-19 y posteriormente cómo ha encubierto las cifras de afectados, lo que es evidencia de su modus operandi y la poca transparencia en su gestión y hacia el resto del mundo. 

Muchos países han despertado a la auténtica cara de Beijing y ahora más que antes empiezan a entender el peligro de una dependencia total, incluida la tecnológica, de China.

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