El año termina con una China convertida en protagonista central de los medios internacionales. La realidad de su nueva influencia se impone en todas las esferas y en todos los continentes. Pero al anunciar en los últimos meses una decidida estrategia de contención de la República Popular, la administración Trump ha desconcertado a sus dirigentes, obligados a reajustar sus planes económicos y diplomáticos a lo largo de 2019. Esa combinación de poder y vulnerabilidad afecta igualmente a su presidente, Xi Jinping, en la política nacional.
En octubre de 2017, el XIX Congreso del Partido Comunista recogió en los estatutos de la organización el “pensamiento de Xi Jinping” como uno de sus principios rectores, situando así al actual secretario general en un panteón hasta entonces solo ocupado por Mao Tse-tung. En marzo de este mismo año, la Asamblea Popular Nacional abolió los límites al mandato del presidente (dos periodos de cinco años) establecidos a principios de los años ochenta. Xi no solo no se retirará, por tanto, en 2023, sino que, si lo desea, puede ser presidente vitalicio. Lejos de facilitar su resolución, esa acumulación personal de poder puede complicar aún más la gestión de problemas con los que Pekín no contaba.
El presidente de Estados Unidos ha decidido hacer realidad sus promesas de la campaña electoral de 2016, declarando una guerra comercial a China. Al hacerlo, ha roto una de las convicciones mantenidas durante décadas por los líderes chinos: que Washington nunca abandonaría el sistema multilateral que él mismo creó tras la segunda guerra mundial, y que proporcionó la estabilidad internacional que permitió el ascenso de China. No sólo el comportamiento norteamericano ha dejado de ser predecible, sino que, en octubre, la intervención del vicepresidente Mike Pence en el Hudson Institute marcó la adopción de una política de hostilidad hacia Pekín. Si los dirigentes chinos pensaron que, en las elecciones parciales de noviembre, Trump perdería el control del Congreso—y por tanto tendría que cambiar de actitud—, esa esperanza se vio igualmente frustrada.
Cómo responderá Xi a este nuevo contexto es causa de preocupación y debate interno. Aunque muchos aliados de Estados Unidos no compartan ni la retórica ni los métodos de Trump, sí coinciden—los europeos, por ejemplo—en que había que redoblar la presión para lograr una mayor apertura del mercado chino y supervisar algunas de sus prácticas, del ciberespionaje a la inversión en sectores estratégicos de terceros países. No es sólo a Estados Unidos, en consecuencia, a quien Pekín tiene que demostrar su supuesto compromiso con una economía global abierta y basada en reglas. A ello hay que añadir la importante desaceleración que revelan los últimos indicadores económicos, dados a conocer el viernes pasado. La caída en las ventas al por menor, vehículos y viviendas, así como en la producción industrial, constituyen los peores resultados en una década. El frenazo económico, o la permanente espada de Damocles de una deuda gigantesca, no son, sin embargo, las únicas complicaciones de Xi. La represión de la población musulmana en Xinjiang cuestiona asimismo la pretendida eficacia de la recentralización ideológica y de poder promovida por el presidente.
Los problemas se acumulan así para Xi. El próximo año nos dará nuevas claves sobre si China podrá celebrar el estatus internacional al que aspira en 2021, cuando se conmemore el centenario de la fundación del Partido Comunista; si podrá sostener el crecimiento sin realizar las reformas estructurales que anunció en 2013 el Comité Central, pero que no se han ejecutado por temor a sus consecuencias sociales y políticas; y si su influencia internacional podrá seguir aumentando sin provocar una coalición de contraequilibrio por parte de aquellas potencias que ven en la República Popular un desafío estratégico de primer orden. No será un año feliz para el líder más poderoso del planeta.
