Aunque tardíamente, los líderes de la Unión Europea han asumido que no pueden seguir aplazando la adopción de medidas frente al desafío estructural que representa China para la supervivencia de la industria del Viejo Continente. No se trata sólo del considerable impacto que está teniendo sobre el empleo de los Estados miembros (en Alemania en particular) y sobre la balanza comercial (desde 2015 se ha cuadruplicado el déficit europeo con la República Popular, para alcanzar el pasado año los 360.000 millones de euros), sino de una cuestión mayor: la inversión que se ha producido en su respectivas posiciones globales. Mientras el porcentaje de la industria mundial que suma China ha pasado del seis por cien en el año 2000 al 30 por cien en la actualidad, el de la UE ha caído en el mismo período del 30 por cien al 17 por cien.
Aunque Bruselas busca la manera de proteger su base industrial mediante instrumentos más agresivos, no ha desaparecido el temor a las represalias por parte de Pekín. Esa tensión se hizo evidente en el Consejo Europeo del 19 de junio, en el que, pese a alertarse sobre los “desequilibrios macroeconómicos globales”, no se acordó la adopción de un enfoque más asertivo. Se otorgó un mandato a la Comisión para desarrollar herramientas adicionales de defensa frente a las importaciones subvencionadas por la República Popular, pero dando una nueva opción al diálogo hasta octubre para reequilibrar los intercambios comerciales.
Diez días más tarde, el comisario responsable, Maroš Šefčovič, se reunió en Bruselas con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, a quien advirtió que el aumento de las exportaciones chinas a Europa y la simultánea disminución de la cuota de mercado europeo en China eran “insostenibles”, para añadir que confiaba en obtener “resultados tangibles” a principios de octubre cuando él mismo viaje a Pekín. En el mismo sentido se pronunciaron el presidente francés y el canciller alemán en su cumbre bilateral de 16-17 de julio. Tras años de división entre París y Berlín sobre el tema, ambos líderes identificaron a China como “un desafío a nuestras economías” y reclamaron una respuesta europea “urgente y sistemática”. Encargaron asimismo a sus funcionarios la elaboración de un documento estratégico conjunto que debería estar concluido antes del próximo Consejo Europeo de mediados de octubre.
En su valoración sobre el entorno de seguridad de la Unión, en forma de un documento que actualizaba el anterior de 2022, el Consejo Europeo describió al mismo tiempo a China como “un desafío estratégico crítico a largo plazo”, subrayando en particular el apoyo de Pekín a Moscú en la guerra contra Ucrania. El texto fue posteriormente aprobado por los ministros de Asuntos Exteriores en su reunión del 13 de julio. Las conclusiones de este último encuentro hicieron hincapié en el hecho de que China mantiene “ventajas asimétricas” sobre la UE a través de una posición económica y tecnológica a la que recurre como medio de presión. Los ministros también debatieron sobre cómo afrontar las campañas chinas de desinformación y reforzar las cadenas de valor de la defensa europea. En cuanto al Indo-Pacífico, al cumplirse diez años del fallo del Tribunal Permanente de Arbitraje sobre el mar de China Meridional (que negó los argumentos de China sobre su soberanía en este espacio), reafirmaron el imperativo de respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como base de la seguridad regional.
Para Bruselas, por tanto, China no es sólo un problema económico, sino un actor que desafía los valores y las reglas que han definido la identidad internacional europea y el orden global liberal. El mantenimiento del statu quo en las relaciones bilaterales ya no es una opción, y corresponde a los Estados miembros actuar de manera firme y coordinada para prevenir la formación de una nueva relación de dependencia así como para minimizar la tentación china de dividir a los gobiernos del Viejo Continente. Las espadas están pues en alto de cara a octubre.
