El pasado 7 de julio, el primer ministro chino, Li Keqiang, se reunió en Sofía con sus 16 socios de Europa central y oriental (PECOS) para su séptima cumbre anual. Desde su formación en 2012, el grupo (conocido como “16+1”) se ha convertido en un instrumento para la penetración china en Europa, a través de los Estados menos desarrollados del Viejo Continente, así como de los todavía candidatos a la adhesión. Hay analistas que consideran el formato como un medio para dividir a la Unión Europea, creando una especie de dependencia de China para los PECOS. Los hechos no dan motivos para tal conclusión, aunque no deben perderse de vista algunos de sus efectos políticos.
De la alarma externa por el nacimiento del grupo se ha dado paso en la actualidad a un creciente escepticismo entre los propios participantes europeos. Las “inversiones” que esperaban son más bien préstamos de la banca pública china, que habrá que devolver —con sus intereses— pese a la discutible rentabilidad de muchos de los proyectos planificados. El temor al endeudamiento y las dudas sobre la fiabilidad técnica de varios de esos proyectos, están en el origen de una cierta decepción que se ha hecho visible en el encuentro en la capital búlgara. El desfase entre la retórica de reuniones anteriores y la realidad que parece asumirse hoy no deja de ser, sin embargo, una consecuencia de la falta de transparencia sobre los objetivos del grupo.
Aunque se trata de una fórmula multilateral, es una estructura bajo la cual Pekín persigue sus intereses de manera bilateral, en particular con aquellos países con marcos regulatorios más débiles —o directamente opacos— para la inversión exterior. Esto explica quizá que los cinco miembros que aún no pertenecen a la UE (Albania, Bosnia, Macedonia, Montenegro y Serbia) reciban la mitad de las inversiones chinas en infraestructuras del total de los 16. Pekín habrá consolidado su presencia en ellos una vez que se produzca su incorporación a la Unión.
Con todo, si los PECOS —a los que China dirige apenas el 10 por cien del total de sus inversiones en el continente— tienen importancia para la República Popular es porque ocupan el espacio a través del cual la Ruta de la Seda llega a Europa occidental. Es en esta última donde se encuentran los mercados de alto nivel adquisitivo y las empresas tecnológicas prioritarias para Pekín. Su control del puerto de El Pireo, o su apoyo al tren Belgrado-Budapest, entre otros esfuerzos, responden a esa lógica de interconexión que contribuirá a facilitar los intercambios comerciales y financieros entre la República Popular y la UE.
Con todo, más allá de los intereses económicos, deben tenerse asimismo en cuenta las implicaciones políticas del acercamiento chino. Hace ahora dos años, Hungría, Croacia y Grecia obligaron a “dulcificar” el lenguaje de la declaración comunitaria sobre el fallo del Tribunal Permanente de Arbitraje que negó los argumentos de Pekín sobre su soberanía sobre las islas del mar de China Meridional. Más recientemente, ya se trate de derechos humanos, de la supervisión de las inversiones chinas, o de las dificultades de acceso a su mercado, varios de estos Estados miembros —Hungría normalmente al frente— suelen bloquear toda posición europea crítica con Pekín.
Pero de nada sirve preocuparse por la influencia china si la República Popular ofrece a los PECOS lo que éstos no parecen encontrar en otros socios o instituciones. La próxima cumbre bilateral de la UE con China, y el documento estratégico sobre interconexión en Eurasia —que se espera adopte el Consejo Europeo en octubre— deberían permitir avanzar en un enfoque de conjunto, que identifique en mayor detalle los intereses del Viejo Continente en su relación con Pekín y —casi más importante— proporcione los instrumentos y las estrategias para defenderlos. (Foto: Flickr, Lola Aguilera)
