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INTERREGNUM: Xi prepara el XX Congreso. Fernando Delage

En un año en el que el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, esperaba verse libre de problemas para recibir el visto bueno a su tercer mandato en el XX Congreso, que se celebrará el próximo otoño, los desafíos se han multiplicado tanto en el frente interno como en el exterior. Su continuidad no está en discusión, pero las críticas a su liderazgo parecen extenderse, lo que podría conducir a algún giro en política económica y en política exterior.

Si esto es así no podrá confirmarse hasta noviembre, aunque el informe político que presentará Xi al Congreso—y que definirá las grandes orientaciones del gobierno chino hasta 2027—quedará prácticamente concluido en el cónclave secreto anual de los máximos dirigentes chinos en la playa de Beidaihe, en los primeros días de agosto. Aunque tampoco trascenderá aún, la segunda cuestión relevante que tratarán en su encuentro será la formación del próximo Comité Permanente del Politburó. La renovación, por razones de edad, de la práctica totalidad de sus siete miembros, dará la señal más clara de la fortaleza (o de los límites) del poder de Xi.

Es en la economía donde el presidente chino se ha encontrado con el escenario más conflictivo para sus intereses. Su política de COVID cero, las tensiones con Estados Unidos y las consecuencias de la guerra de Ucrania impedirán el objetivo oficial de un crecimiento del PIB del 5,5 por cien en 2022. Después de que la economía china haya registrado un crecimiento de apenas el 0,4 por cien en el segundo trimestre—la segunda peor cifra de los últimos treinta años—, lo más probable es que el PIB sólo se incremente en un 3 por cien. Pero a ello se suma un aumento sin precedente del desempleo juvenil (un 19,3 por cien en junio) y una crisis del sector inmobiliario que ha conducido a millones de ciudadanos a suspender el pago de sus hipotecas, con el consiguiente impacto sobre el sector financiero.

Las sanciones norteamericanas y el apoyo de Pekín a Moscú se está traduciendo por otra parte en un desvío de las inversiones de numerosas multinacionales desde la República Popular a otros países, como Vietnam y Bangladesh. Las exportaciones han sido el único aspecto positivo (crecieron un 17,9 por cien interanual en junio), pero la continuidad de su dinamismo depende de que la administración Biden elimine tarifas a las importaciones chinas, una decisión incluida en la agenda de la conversación mantenida por ambos presidentes el 28 de julio.

Por otra parte, China afronta la peor imagen exterior en décadas. El último sondeo del Pew Research Center, realizado en 19 países, recoge un 68% de percepción negativa entre los encuestados, frente a un 27% con una opinión favorable. Son unos resultados que erosionan los intentos de la República Popular de proyectarse como gran potencia responsable, pero también la imagen personal de Xi. Más preocupa con todo a Pekín el deterioro de su entorno geopolítico. La creciente consolidación del QUAD, el lanzamiento de AUKUS, y su inserción en el nuevo concepto estratégico de la OTAN reflejan una preocupante situación de enfrentamiento con las democracias occidentales y asiáticas, agravada por las presiones con respecto a Taiwán.

En estas circunstancias no debe sorprender que Xi haya querido demostrar su autoridad en sus recientes y sucesivas visitas a Hong Kong, Wuhan y Xinjiang, objeto todas ellas de una enorme atención mediática. Los argumentos nacionalistas empleados por el presidente sirven de distracción de las dificultades económicas, que sin embargo no van a desaparecer. Se especula por estas razones con que Xi tendrá que ceder, permitiendo la realización de algunas de las reformas a favor del mercado aplazadas durante tanto tiempo, y la designación como nuevos miembros del Politburó de algunos dirigentes que no pertenecen a su facción. Si, como parece, ya ha tenido que dejar en manos de Li Keqiang la gestión del día a día de la economía (aunque competencia tradicional de los primeros ministros, Xi se la arrebató poco después de llegar al poder), una de las grandes incógnitas es precisamente si Li—miembro de las Juventudes Comunistas, grupo considerado como enemigo por Xi—seguirá formando parte del Comité Permanente tras el Congreso.

INTERREGNUM. Pekín en los Balcanes. Fernando Delage

El pasado 7 de julio, el primer ministro chino, Li Keqiang, se reunió en Sofía con sus 16 socios de Europa central y oriental (PECOS) para su séptima cumbre anual. Desde su formación en 2012, el grupo (conocido como “16+1”) se ha convertido en un instrumento para la penetración china en Europa, a través de los Estados menos desarrollados del Viejo Continente, así como de los todavía candidatos a la adhesión. Hay analistas que consideran el formato como un medio para dividir a la Unión Europea, creando una especie de dependencia de China para los PECOS. Los hechos no dan motivos para tal conclusión, aunque no deben perderse de vista algunos de sus efectos políticos.

De la alarma externa por el nacimiento del grupo se ha dado paso en la actualidad a un creciente escepticismo entre los propios participantes europeos. Las “inversiones” que esperaban son más bien préstamos de la banca pública china, que habrá que devolver —con sus intereses— pese a la discutible rentabilidad de muchos de los proyectos planificados. El temor al endeudamiento y las dudas sobre la fiabilidad técnica de varios de esos proyectos, están en el origen de una cierta decepción que se ha hecho visible en el encuentro en la capital búlgara. El desfase entre la retórica de reuniones anteriores y la realidad que parece asumirse hoy no deja de ser, sin embargo, una consecuencia de la falta de transparencia sobre los objetivos del grupo.

Aunque se trata de una fórmula multilateral, es una estructura bajo la cual Pekín persigue sus intereses de manera bilateral, en particular con aquellos países con marcos regulatorios más débiles —o directamente opacos— para la inversión exterior. Esto explica quizá que los cinco miembros que aún no pertenecen a la UE (Albania, Bosnia, Macedonia, Montenegro y Serbia) reciban la mitad de las inversiones chinas en infraestructuras del total de los 16. Pekín habrá consolidado su presencia en ellos una vez que se produzca su incorporación a la Unión.

Con todo, si los PECOS —a los que China dirige apenas el 10 por cien del total de sus inversiones en el continente— tienen importancia para la República Popular es porque ocupan el espacio a través del cual la Ruta de la Seda llega a Europa occidental. Es en esta última donde se encuentran los mercados de alto nivel adquisitivo y las empresas tecnológicas prioritarias para Pekín. Su control del puerto de El Pireo, o su apoyo al tren Belgrado-Budapest, entre otros esfuerzos, responden a esa lógica de interconexión que contribuirá a facilitar los intercambios comerciales y financieros entre la República Popular y la UE.

Con todo, más allá de los intereses económicos, deben tenerse asimismo en cuenta las implicaciones políticas del acercamiento chino. Hace ahora dos años, Hungría, Croacia y Grecia obligaron a “dulcificar” el lenguaje de la declaración comunitaria sobre el fallo del Tribunal Permanente de Arbitraje que negó los argumentos de Pekín sobre su soberanía sobre las islas del mar de China Meridional. Más recientemente, ya se trate de derechos humanos, de la supervisión de las inversiones chinas, o de las dificultades de acceso a su mercado, varios de estos Estados miembros —Hungría normalmente al frente— suelen bloquear toda posición europea crítica con Pekín.

Pero de nada sirve preocuparse por la influencia china si la República Popular ofrece a los PECOS lo que éstos no parecen encontrar en otros socios o instituciones. La próxima cumbre bilateral de la UE con China, y el documento estratégico sobre interconexión en Eurasia —que se espera adopte el Consejo Europeo en octubre— deberían permitir avanzar en un enfoque de conjunto, que identifique en mayor detalle los intereses del Viejo Continente en su relación con Pekín y —casi más importante— proporcione los instrumentos y las estrategias para defenderlos. (Foto: Flickr, Lola Aguilera)

INTERREGNUM: Xi Jinping y el XIX Congreso. Fernando Delage

Por primera vez en muchos años, termina agosto sin que haya trascendido ninguna filtración sobre lo tratado por los máximos líderes chinos en su tradicional retiro de verano en la playa de Beidaihe a principios de mes. De hecho, ni siquiera hay confirmación oficial de que se hayan reunido. El silencio resulta llamativo ante la celebración, este próximo otoño, del XIX Congreso quinquenal del Partido Comunista; una ocasión que servirá para confirmar si, como piensan numerosos observadores, Xi Jinping terminará imponiendo su poder personal sobre las reglas de liderazgo colectivo que han guiado las decisiones del régimen chino desde los tiempos de Deng Xiaoping.

Una primera indicación será si—en contra de las prácticas del sistema—Wang Qishan, mano derecha de Xi, es renovado por tercera vez como miembro del Comité Permanente del Politburó, corazón del poder político chino, durante otros cinco años. Como presidente de la Comisión de Disciplina, Wang ha estado al frente de la campaña contra la corrupción. Su anterior responsabilidad como ministro de Finanzas, hacen de él un candidato preferente para sustituir a Li Keqiang como primer ministro e impulsar las reformas económicas de las que depende la sostenibilidad del crecimiento y, por tanto, la legitimidad del Partido Comunista.

En segundo lugar, si no se designa a un sucesor aparente de Xi como secretario general, cuyo nombramiento se formalizaría en el XX Congreso en 2022, podrá interpretarse que Xi desea mantenerse en el poder más allá de los dos mandatos que le corresponden. El cese por sorpresa, a finales de julio, de Sun Zhengcai, uno de los dos únicos miembros del Politburó con posibilidades de ocupar dicho puesto, parece apuntar en tal dirección. No obstante, también puede ser la intención de Xi la de evitar la debilidad propia de un líder a final de mandato—como “pato cojo”—en un delicado momento de transición en la economía y la política exterior.

Una tercera clave será la posible inclusión en la Constitución china de las doctrinas de Xi como parte integrante de la ideología esencial del Partido Comunista, junto al marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Tse-tung. No sólo se consolidaría así su estatus histórico, sino que se reduciría el de sus dos antecesores, Jiang Zemin y Hu Jintao.

Desde su nombramiento como secretario general a finales de 2012, Xi ha asumido un cargo tras otro—como la presidencia de las Comisiones sobre reformas económicas y sobre seguridad nacional—, y ha sido formalmente designado como “núcleo central” del Partido y “comandante supremo” de las fuerzas armadas; indicios todos ellos de un abandono de las reglas de consenso con las que Deng buscaba evitar la emergencia de un nuevo Gran Timonel. La centralización del poder y el control ideológico pueden ser, según Xi, necesarios para evitar la suerte del Partido Comunista de la Unión Soviética, una experiencia determinante en la manera de pensar de los líderes chinos. Pero habría que preguntarse si, al romper las normas para imponer su dominio personal sobre el Partido, Xi no provocará, por el contrario, su fragilidad.