Mientras arrecian las críticas a su gestión del coronavirus, el presidente Trump atacó el 14 de julio a su probable rival electoral, Joe Biden, en una confusa comparecencia en la Casa Blanca, en la que hizo de China el tema central de las elecciones de noviembre. Sus palabras cerraron una semana en la que se incrementaron las tensiones con Pekín, confirmando la estrategia de confrontación seguida por Washington.
Una vez más, Trump puso de manifiesto su desinterés por los hechos. Entre otras perlas, dijo que la economía china no creció hasta que la República Popular se incorporó a la OMC en 2001 (en realidad, en los 20 años anteriores, creció cerca de un 10% anual); o que China se reconstruyó con dinero del Tesoro norteamericano. Entretanto, su administración ha dejado de considerar a Hong Kong como territorio separado de China—en respuesta a la nueva legislación de seguridad adoptada por Pekín—; ha impuesto sanciones y restricciones de visados a altos cargos vinculados a Xinjiang—por el internamiento de los uigures—y a responsables de empresas tecnológicas; y, de manera oficial, ha rechazado, por ilegales, las reclamaciones territoriales chinas en el mar de China Meridional.
Sobre esta última cuestión se pronunció un día antes el secretario de Estado, Mike Pompeo, declarando que se recurrirá a “todos los instrumentos” disponibles para oponerse a las pretensiones de Pekín, al tiempo que se ha procedido al envío de dos portaaviones a estas aguas. Se polarizan así las disputas marítimas, pues el presidente Xi Jinping no puede permitirse poner en riesgo—frente a una sociedad crecientemente nacionalista—la credibilidad de sus argumentos sobre la soberanía china de este espacio marítimo. Las acciones de Trump facilitan su posición en cualquier caso, al venir a confirmar la percepción mantenida por la población china de que Estados Unidos intenta dañar la recuperación de su economía tras la pandemia, así como impedir que pueda convertirse en la principal potencia asiática.
El problema de fondo, por parte norteamericana, es que, pese a la existencia de un consenso sobre la necesidad de adoptar una política de mayor firmeza con respecto a la República Popular, sigue sin existir una clara definición de los objetivos a perseguir en su estrategia. Imposición de tarifas comerciales, sanciones económicas, presión militar, retórica hostil, ¿con qué fin? ¿Qué resultados confía Washington en obtener al optar por el enfrentamiento? ¿Qué estructura regional querría lograr? ¿Cómo definir una “victoria” sobre China? Sin una respuesta a estas preguntas, sin un sentido de dirección, la confrontación por sí sola meramente conducirá a una peligrosa espiral de conflicto.
La transformación histórica que atraviesa Asia requiere identificar los obstáculos pero también las oportunidades que se presentan para sus intereses; valorar los recursos—políticos, económicos y militares—con que se cuenta; y proponer acciones concretas que adoptar con una perspectiva a largo plazo. Ni la Estrategia Indo-Pacífico adoptada por la administración Trump hace un año, ni la más reciente Estrategia sobre China, cumplen esos requisitos. De ahí la relevancia del trabajo recién publicado por el National Bureau of Asian Research, A new U.S. Strategy for the Indo-Pacific, y que ha escrito Roger Cliff, un conocido especialista académico en la región.
Disponible en la web, es una más que recomendable lectura de verano para los interesados, en la que encontrará—además de una radiografía de los cambios en el equilibrio geopolítico asiático y de los reajustes en la política de seguridad de los principales actores—, los elementos de una estrategia que sugerir a la Casa Blanca. Mensaje insistente: difícilmente podrá Estados Unidos defender sus intereses y objetivos sin contar con sus aliados, especialmente con las democracias vecinas de China. Pero como suele ocurrir, las prioridades políticas—las elecciones de noviembre en este caso—priman sobre los imperativos estratégicos.
