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Mientras continúan las tensiones entre Washington y Beijing por la guerra tarifaria, la pandemia y sus consecuencias, la Administración Trump sopesa si acusa a China de estar llevando a cabo un genocidio de los uigures en la provincia autónoma de Xinjiang.

El pasado 2 de julio, un grupo bicameral y bipartidista de más de 70 miembros envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al secretario del Tesoro, Steven Mcnuchin, en la que exponían su profunda preocupación basada en pruebas de esterilizaciones forzosas y otras medidas coercitivas utilizadas para reducir el tamaño de las familias uigures. “Todo indica que el gobierno chino está trabajando intencionadamente en destruir y esencialmente acabar con las familias de uigures, la cultura y la adhesión religiosa y fomentar violencia contra las mujeres.”

La misiva solicitaba a la Administración Trump que determine si estas atrocidades incluyen crímenes de lesa humanidad y genocidio. Mientras, también pide que se lleve el caso a Naciones Unidas.

De acuerdo con un asistente republicano del Congreso, al que 4Asia consultó su opinión al respecto: “hay un consenso bipartidista en el congreso de EE.UU. sobre las atrocidades que ha cometido el PC chino en contra de los uigures. El determinar si los crímenes constituyen actos de genocidio será vital para que el gobierno chino responda a sus actos y también para que otras democracias empiecen a alzar su voz”.

En el medio de esta compleja situación, nos pareció necesario conversar con Rushan Abbas, una reconocida activista de los derechos de los uigures en los EE.UU.

Abbas nació en 1967 en la capital de Xinjiang -Ürümqi- en donde vivió y se hizo profesional. Durante sus años universitarios participó en protestas en contra de las políticas de opresión china en la región autónoma de los uigures. A finales de los 80 se trasladó a Estados Unidos para continuar sus estudios, desde donde ha continuado su trabajo como activista y ha abogado por los derechos de esta minoría musulmana.

Abbas ha trabajado para Radio Free Asia informando en su lengua natal, ha sido invitada a hablar en diversos foros internacionales, y entre otras tantas cosas, ha dado testimonios en el Congreso de los Estados Unidos sobre la persecución de los uigures. Lo que le ha generado que el PC chino la acuse de ser parte del grupo separatista del Turquestán del Este.

Abbas fundó y actualmente preside la organización sin fines de lucro “Campaña para los uigures” cuya sede se encuentra en Washington D.C.

Le pedimos que nos contara cual era la situación en Xinjiang durante los años que vivía allí, en busca de entender si las cosas se han mantenido igual o por el contrario han empeorado considerablemente:

“Si bien enfrentamos opresión desde el comienzo del gobierno comunista chino y sus políticas de asimilación, en ese entonces todavía se nos permitía practicar nuestras tradiciones culturales en casa. Especialmente durante la década de los 80, cuando iba a la escuela secundaria y a la universidad, tuvimos cierta libertad en casa para disfrutar de nuestra rica cultura, para estudiar nuestra historia a través de la publicación de muchos libros históricos e incluso pudimos organizar protestas contra las regulaciones supresoras del PC chino. Pero hoy los uigures no cuentan con un espacio personal ni siquiera en sus propios hogares porque éstos están ocupados y supervisados por funcionarios del PC chino”.

“En mi familia, –prosigue- ni mi madre ni mis tías se cubrían el pelo. Nosotros nos educamos en colegios públicos. Mis hermanos fueron a colegios de lengua china durante la gran revolución cultural, mientras que mi hermana y yo fuimos a un colegio uigur”.

“Mientras yo crecía en Turkestán Oriental, los uigures éramos definitivamente la mayoría. Esto ha cambiado a lo largo de los años debido a que las autoridades chinas incentivaron a los chinos han a trasladarse a la región para continuar con su plan colonizador”.

“Activista desde 1985, he luchado por los derechos de los uigures y he denunciado lo que ha venido haciendo el PC chino a nuestra gente”.

“En septiembre del 2018 participé en un panel de un reconocido Think thank en el que expliqué la desaparición de la familia de mi esposo -Abdulhakim Idris-. Mis cuñadas están en los campos de concentración chinos, mi cuñado ha sido sentenciado a 21 años de prisión, mis 14 sobrinos de edades comprendidas entre 4 y 23 años están desaparecidos. Pasado 6 días de haber hecho esta denuncia mi hermana -Gulshan Abbas- fue secuestrada”.

“Mi hermana es médico retirada en Ürumqi. Ella no necesita ser reducada o ser provista de una profesión, pues ella es médico. Mi tía de 60 años también ha desaparecido, y todo en respuesta a mi activismo y mis denuncias”.

Abbas le ha dado la vuelta al mundo con un cartel que reza “¿Dónde está mi hermana? Ella es médico, no necesita entrenamiento vocacional”.

Tanto ella como su propio marido han vivido en carne propia la desaparición, encarcelamiento o tortura de familiares. Pero como ellos, los 8.000 uigures que viven en los Estados Unidos tienen a alguien desaparecido o han sido ellos mismos víctimas de alguna persecución. Y han sido ellos mismos quienes han denunciado insistentemente estas arbitrariedades. Y las constantes denuncias, que se han multiplicado en los últimos años, junto con las imágenes satelitales que prueban la existencia de los centros de reeducación, pero con características de cárceles de alta seguridad, con paredones altos, torres de vigilancia, alambrado de picos y los documentos del PC chino que se han filtrado, demuestran que en efecto estos campos o centros son mucho más que centros de educación profesional.

No cabe duda de que denunciar genocidio es una acusación extremadamente grave, y que para hacerlo hay que contar con pruebas fehacientes. Por lo tanto, la petición del congreso a la Administración Trump es clara y está respaldado por cientos de denuncias. Y todo apunta a que la presión continuará con lo que la relación entre Beijing y Washington seguirá deteriorándose.

Sin embargo, Estados Unidos tiene una obligación moral de denunciar acciones que estén pensadas para acabar con un grupo minoritario basado en su religión, prácticas y/o cultura.